Trabajadores de la mina de Cananea iniciaron el 16 de enero de 2008, en el estado mexicano de Sonora, un paro nacional de ocho horas de duración convocado por trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de México (SNTMM) en 85 minas del país. EFE/Juan Carlos Ruiz

Huelga en la mina de Naica

La Sección 30 del Sindicato Minero hizo estallar una huelga en la mina de Naica, Chihuahua, luego de que no cumplieron su demanda de incremento salarial de un 10% y la revisión de algunas prestaciones sociales con la empresa Peñoles.

En un comunicado, la representación de ese gremio consideró que el ofrecimiento de la parte patronal era insatisfactorio para los 350 trabajadores de esa mina, por lo que se colocaron las banderas rojinegras en las instalaciones de la planta industrial.

La empresa ofreció un aumento salarial del 6% que fue rechazado por la mayoría de los trabajadores de dicha sección, afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Se consideró insuficiente ese incremento y se indicó que el consorcio pretende ignorar los beneficios económicos que ha obtenido en los últimos meses por el alto precio en que se cotizan actualmente los metales y “ofrece un raquítico incremento salarial”.

La Cámara de la Industria Minera de México, que agrupa a las empresas del ramo, ha señalado que aumentó a más de 30% el rango de las utilidades de esas empresas. Además, las autoridades federales concedieron recientemente rebajas del 30% en las tarifas de energía eléctrica y beneficios fiscales del 15%.

Por ello, los trabajadores consideraron que no se justifica de ninguna manera “el muy magro ofrecimiento hecho por la empresa Peñoles, concesionaria de la Mina de Naica”.

La dirigencia sindical reiteró que está en la mejor disposición para negociar un incremento salarial del 10%, tomando en cuenta las altas ganancias que han obtenido esas compañías.

El Aimara Tomás Huanacu (d), visto junto a sus compañeros el 19 de enero, durante la clausura de un encuentro de representantes indígenas de diferentes países de Latinoamérica, celebrado en La Paz. El encuentro acogió dos seminarios, el primero sobre el estado plurinacional, impulsado en la nueva carta magna boliviana y que piden sea adoptado en las constituciones de sus países. El segundo, sobre el impacto negativo en sus territorios de la Iniciativa de Integración de las Infraestructuras de la Región Sudamericana (IIRSA), que articulan 12 gobiernos y agencias de financiación.EFE/Martin Alipaz

MÉXICO • Campesinos convocan a una marcha

Una decena de organizaciones campesinas mexicanas llamaron a una movilización nacional, el próximo 31 de enero, para exigir al Gobierno del presidente Felipe Calderón la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

“Esperamos doblar el número de hace cuatro años, cuando hubo más de 100,000 compañeros en una gran movilización campesina”, dijo José Narro, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Los representantes de una decena de plataformas campesinas de distinto signo político se quejaron por la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo, el cual considera benéfico el TLC y no quiere revisarlo. “Quienes desde el Gobierno argumentan que hubo beneficios mienten, no conocen los efectos genocidas que el TLC ha tenido en el campo”, dijo Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), en relación con la liberación del comercio de maíz, frijol, azúcar y leche entre Estados Unidos, Canadá y México, que comenzó a regir el pasado 1º de enero.

López lamentó que en los últimos 14 años hayan aumentado la emigración y la marginación en el medio rural, así como las importaciones, “sobre todo de granos y de alimentos”.

Los portavoces de estas organizaciones agrícolas exhortaron también al Congreso y a otras autoridades estatales a sumarse a su petición de que el Gobierno modifique sus políticas hacia el campo, que a su juicio lo han empobrecido.

Para Víctor Suárez, de la plataforma “Sin maíz no hay país” y dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), Calderón ha optado por continuar la política de destrucción del campo y de deportación de millones de campesinos hacia las ciudades y Estados Unidos. Y considera que el primer mandatario quiere manejar el presupuesto de 204,000 millones de pesos mexicanos (18,890 millones de dólares) para el campo en 2008, de forma “discrecional, autoritaria, corporativa y con clientelismo”, de modo que sólo favorezca a la minoría de empresas exportadoras. Según Suárez, los apoyos otorgados hasta hoy solamente han beneficiado al 5% de los 3.5 millones de agricultores mexicanos.

“Se espera que la población humana exceda nueve mil millones hacia 2050, el resultado de un crecimiento constante del número de gente pobre sufriendo de desnutrición, falta de agua limpia, atestamiento, abrigo inadecuado, SIDA y otras enfermedades. En la imagen: condiciones de vida hoy en Srinagar, Cachemira, India.” “Getty Images.”

FMI: un informe interno desestima sus exigencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa agobiando a los países pobres con exigencias superfluas, pese a los esfuerzos para hacer más eficientes sus mecanismos de préstamo, según una auditoría interna de la institución multilateral.

“Hubo progresos para circunscribir la “condicionalidad” a aspectos claves de la responsabilidad y el manejo técnico, pero alrededor de un tercio de esos requerimientos tienen que ver con otras áreas”, dijo Tom Bernes, director de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo (IEO, por sus siglas en inglés).

El diagnóstico parece destinado a alimentar cuestionamientos según los cuales el FMI se arroga, con la imposición de condicionamientos, facultades que exceden su mandato formal.

La evaluación reclama, por ejemplo, que la institución modere o abandone sus exigencias para que los deudores privaticen las empresas estatales, ya que la demanda del traspaso de servicios públicos a manos privadas es conflictiva. En algunos países, fuerzas de seguridad reprimieron a ciudadanos que protestaban por los posibles despidos y los aumentos de tarifas que causaría la privatización.

La extensión de las exigencias a otras áreas responde a iniciativas de los países ricos, que hacen el principal aporte de capital al Fondo. Normalmente, ellos imponen condiciones que tienen escasa relevancia para la misión declarada del FMI. Apuntan, en cambio, a que las naciones donantes puedan supervisar sus propios programas de ayuda y asegurar que los países cumplan con sus criterios para alivio de deuda o ingreso a la Unión Europea (UE). Algunas de esas condiciones llegan al punto de definir el contenido de proyectos de ley que deben ser tratados por los parlamentos de los países deudores.

La IEO destacó que las condiciones de los créditos no se redujeron porque las condiciones estructurales continúan empleándose para supervisar otras iniciativas, como los programas de ayuda de los donantes o el proceso de incorporación a la Unión Europea.

“El análisis subraya que alcanzar el objetivo de reducir las condiciones y limitarlas a las áreas críticas continúa siendo un desafío para el Fondo y que se deben hacer grandes esfuerzos en esa dirección”, dijo Bernes.

Finalmente, la auditoría recomendó limitar el número de exigencias a cuatro o cinco por año, y restringirlas a materias que son críticas para las funciones declaradas de la entidad. Asimismo, los mecanismos de supervisión y evaluación deben perfeccionarse para ofrecer “bases más sólidas para juzgar el resultado de los programas”, según puntualizó el informe.

 

MÉXICO • Entra en vigencia la Ley de Voluntad Anticipada en el D.F.

Los habitantes del Distrito Federal mexicano ya disponen de una ley conocida como “del bien morir”, que regula el derecho de los enfermos terminales a rechazar que se prolongue su vida por medio de tratamiento médico.

La Ley de Voluntad Anticipada regula “la negativa a someterse a medios, tratamientos, procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria la vida (...) cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener una vida de manera natural”.

Esta disposición solo se aplica en la capital mexicana y se hará efectiva en los 28 hospitales de titularidad estatal, no así en los de ámbito federal.

La nueva ley define al enfermo terminal como alguien con un “padecimiento mortal () o una esperanza de vida menor a seis meses y que se encuentra imposibilitado para mantener su vida de manera natural”.

También se aclara que el personal de salud que atiende al paciente “en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en etapa terminal”. Los servicios de salud únicamente podrán otorgar, al individuo, las medidas mínimas ordinarias.

La Iglesia Católica mexicana, a través del portavoz del Arzobispado de México, Hugo Valdemar, ha manifestado que no se opone a la ley, dado que no se trata de eutanasia. “Nuestra preocupación es hacia un futuro porque nos da la impresión de que esta ley tiene la intención de evitar el choque que sí provocaría la ley de la eutanasia en la opinión publica y que después se legislaría en favor de ella”, dijo Valdemar.

Desde la casa para enfermos terminales Árbol de la vida, su directora, Elena Romero, opinó que la vida lo “es hasta el último instante”. El centro está dirigido por hermanas católicas y alberga a enfermos sin posibilidad de cura. “Aquí se enseña a `bien morir´, pero con una aceptación de la muerte”, indicó la directora del centro, y agregó que allí no se proporcionan medicamentos para morir aunque algunos pacientes los soliciten.

 

La Iglesia también repudia el TLCAN

En consonancia con la protesta de las organizaciones campesinas, el Episcopado Mexicano le solicitó al Gobierno federal renegociar el TLCAN porque “traerá consecuencias dolorosas para los campesinos”, y advirtió que de no hacerlo hay riesgo de un estallido social y de que los productores contemplen subsistir con siembras ilícitas o dedicarse al crimen.

Los obispos elaboraron un documento sobre las consecuencias que, a su parecer, traerá para los indígenas y campesinos la desgravación arancelaria prevista en el TLCAN, y fue entregado al Presidente de la nación.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, afirmó: “Los obispos no hablamos por un oportunismo político, sino porque permanentemente estamos preocupados, no es circunstancial”.

 

MÉXICO/GUATEMALA Se comprometen a que la frontera común ya no sea una amenaza

De hablar pausado y suave, el socialdemócrata Álvaro Colom mostró prisa por construir su “nueva Guatemala”, y desde su discurso de asunción privilegió la relación con México. Hizo tres menciones: la promesa de colaboración en seguridad ante la globalización de las mafias, ser un “vecino responsable” para que la frontera deje de ser una amenaza y crear un parque natural binacional.

De parte del mandatario mexicano, hubo solo una referencia breve a Guatemala, aunque no la hizo durante su visita en este país, sino en una gira relámpago que realizó por Chiapas. Mientras daba el banderazo de salida a las obras de la autopista Arriaga-Ocozocoautla, explicó que en su encuentro previo con el nuevo mandatario, celebrado en Guatemala, acordó inaugurar otra etapa de la relación, “mucho más renovada y productiva”.