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  • Edición impresa de Enero 18, 2011

Por tiempos mejores

Mil millones de personas de todo el mundo se vieron obligadas a emigrar en 2010, según el último estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De ellas, 240 millones tuvieron que cambiar de país. Sin embargo, no son buenos tiempos. La crisis económica tuvo, también, un gran impacto sobre la situación de los inmigrantes. En la Unión Europea (UE), el desempleo de extranjeros de fuera de la Unión creció un 5% frente al aumento de menos de un 3% de los europeos. La crisis acabó con el “efecto llamada” y los niveles de emigración a la UE disminuyeron, a pesar de que aún existe demanda de profesionales cualificados en algunos países.

Las altas tasas de desempleo en Europa provocaron un aumento del rechazo a los extranjeros. La ultraderecha xenófoba avanza en Austria, Francia o los países nórdicos. Viejas ideas como “Europa para los europeos”, “vienen para quitarnos el trabajo” o “todos son delincuentes”, están hoy en la calle de cualquier ciudad europea. Pero también en el Parlamento, donde la derecha trabaja por una ley que puede cambiar el modelo de inmigración hasta ahora basado en la igualdad y en la valía de las personas.

Esta ley de “Permiso Único” intenta establecer un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. Algo positivo en principio. Sin embargo, abre las puertas a la discriminación y a la mano de obra barata. Trabajadores extranjeros podrían venir a Europa a trabajar con las leyes laborales de sus países de origen. No podrían cobrar una pensión si deciden jubilarse y marcharse a su país, a pesar de cotizar en Europa. Para la derecha europea resulta lógico que los extranjeros “que vienen a trabajar legalmente menos de seis meses no tengan los mismos derechos que aquellos europeos o inmigrantes que cotizan aquí durante toda su vida laboral”.

Por ahora, el centro y la izquierda europea consiguieron parar esta ley, que se votó a mediados de diciembre. Ahora son los comisarios europeos los que tienen que decidir si mantener la propuesta o retirarla y presentar una nueva.

Los inmigrantes se encuentran en una situación de indefensión que perjudica la convivencia social y su integración. Las administraciones no deberían promover más conflicto social. Las personas que emigran dejan su hogar, su familia, su país… para buscar una oportunidad de futuro. Miles de personas ven cómo en los países ricos, sus privilegiados ciudadanos derrochan alimentos, tienen grandes coches y compran “lujosas” casas.

Nosotros hemos de exigir que haya un compromiso, más aún en estos tiempos de crisis, con una política de inclusión social verdadera de quienes vienen a contribuir al crecimiento de nuestra sociedad, como lo hicieron nuestros abuelos en otros países en años pasados. Hay que trabajar para crear espacios de encuentro y de diálogo donde poder resolver los problemas de convivencia en una sociedad moderna y multicultural. Los expertos explican que, desde las administraciones y los sistemas educativos, hay que impulsar el respeto a la diferencia, a la diversidad de tradiciones y creencias, donde los derechos fundamentales de las personas sean el límite. Hoy, la sociedad se compone de diversas culturas, pero aún falta el verdadero encuentro donde no haya un tú y un yo, sino un “nosotros”.

 


 

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