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  • Edición impresa de Enero 5, 2012

El Concejo Estadounidense de Inmigración aplaude el dictamen de un juez que elimina ciertas provisiones en la Ley Migratoria de Carolina del Sur

WASHINGTON– El American Immigration Council celebró el dictamen del juez distrital de Estados Unidos, Richard M. Gergel, quien bloqueó de manera temporal tres artículos del South Carolina Act y encontró un cuarto artículo que probablemente también será abolido en procedimientos futuros. Este dictamen convierte a Carolina del Sur en el sexto estado, después de Arizona, Indiana, Georgia, Utah y Alabama, en ver grandes partes de una ley migratoria punitiva bloqueadas en una corte federal.

Después de entrar en vigor el junio pasado, el South Carolina Act 69 fue objetado en corte tanto por el gobierno federal como por una coalición de grupos de derechos civiles. En un dictamen de 42 páginas, el juez Gergel agregó cambios temporales a los siguientes artículos, pues señaló que cada uno ya está cubierto por la ley federal de inmigración:

Sección 4, que convierte en un crimen estatal transportar o alojar a inmigrantes indocumentados o, siendo inmigrantes indocumentados, ser transportados o alojados.

Sección 5, que convierte en crimen estatal no cargar un documento migratorio de registro emitido por el gobierno federal.

Sección 6, que indica que la policía debe intentar determinar el estatus legal de cualquier persona, bajo investigación o que sea arrestada, sobre la que el oficial tenga una “sospecha razonable” de creer que vive en el país de manera ilegal, y que convierte en crimen estatal tener o intentar usar una identificación fraudulenta para establecer presencia conforme a la ley de Estados Unidos.

Como lo explicó el juez Gergel, aunque los legisladores locales tienen todo el derecho de estar en desacuerdo con el esfuerzo del gobierno federal de aplicar la ley federal de inmigración, su opinión “no permite al estado de Carolina del Sur adoptar su propia política migratoria para suplantar a política del gobierno nacional”.

El juez Gergel también señaló que una cuarta cláusula, que convierte en crimen estatal vender identificación fraudulenta a inmigrantes indocumentados, ya está cubierta por la ley federal, pero no emitió una detención temporal, ya que no cree que el gobierno federal se enfrente a daños irreparables si la provisión entrara en actividad mientras continúan otros procedimientos legales.

“Una vez más, un juez federal ha confirmado lo que estaba claro desde hace tiempo: que los estados no pueden elaborar sus propias políticas de inmigración o interferir con los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos de aplicar la ley federal de inmigración”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo del American Immigration Council.

 

 


 

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