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  • Edición impresa de Enero 5, 2012

Objeción a la ley migratoria

Grupo latino presenta demanda al estado de Indiana

HAMMOND– Un grupo de abogados de origen latino del noroeste de Indiana ha lanzado una segunda objeción ante la ley de inmigración que los legisladores estatales aprobaron en 2011. El grupo Unión Benéfica Mexicana, que se encuentra en Chicago del este, realizó una objeción formal ante la corte federal en Hammond, en la que reclama que varios artículos de la nueva ley estatal son inconstitucionales.

Un juez federal ha determinado el bloqueo de partes de la ley debido a una demanda similar pendiente, generada por American Civil Liberties Union of Indiana. El fiscal general estatal, Greg Zoeller, dijo que su oficina quería posponer acciones ante las dos demandas hasta después de que la Corte Suprema de Estados Unidos considere la demanda a la ley migratoria de Arizona. “Indiana se unirá a varios estados en busca de una respuesta por parte de la Corte Suprema que nos dé una guía sobre el tema de inmigración, ya que el Congreso no se ha expedido en elaborar o aplicar políticas federales de inmigración”, dijo Zoeller a The Times of Munster.

Los opositores alegan que la ley de Indiana les otorga a los policías poderes para arrestar a inmigrantes que no han cometido crímenes.

En la audiencia de Indianápolis por la demanda de ACLU del pasado junio, un juez federal bloqueó un artículo de la ley estatal que permitía el arresto de cualquiera que tuviera un aviso de acción en su contra emitido por las autoridades migratorias, lo cual es un paso de papeleo formal que aplica prácticamente a cualquier persona que solicita estar en los Estados Unidos por cualquier razón. Otro artículo que el juez bloqueó decreta que es ilegal que los inmigrantes utilicen tarjetas de identificación emitidas por consulados extranjeros como prueba de identificación.

Unión Benéfica Mexicana, la misma que proporciona programas culturales, educativos y de salud, argumenta en su demanda que crear un sistema estatal de migración “traspasa el poder exclusivo del gobierno federal para regular la inmigración, y conllevará a determinaciones erróneas por parte de oficiales estatales y locales en cuanto al estatus migratorio de una persona”.

El grupo también advierte que ha tenido que emplear parte de sus fondos para apoyar a las personas afectadas por la nueva ley, y que esta aleja a quienes están buscando un estatus migratorio legal, ya que la policía local podría detenerlos aunque así lo hicieran.

 


 

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