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  • Edición impresa de Enero 17, 2012

Romney vetará el proyecto Dream Act si es elegido

El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, se opone a legalizar la permanencia de estudiantes indocumentados en el país, informaron medios de prensa. Si el exgobernador de Massachussets resultara electo presidente en noviembre próximo, vetará el proyecto denominado “Dream Act” que promueve la concesión de la ciudadanía a estudiantes sin papeles, informó la cadena televisiva Fox News.

La Dream Act, apoyada por el gobierno de Barack Obama, autoriza la legalización de estudiantes indocumentados que llegaron al país antes de los 16 años, tengan cinco años de estancia en el país, cumplan dos años de universidad o se inscriban en las Fuerzas Armadas, entre otros requisitos.

El Senado bloqueó la medida en diciembre de 2010 y los demócratas volvieron a presentarla en mayo de 2011, aunque por el momento no ha logrado avanzar. En general, los republicanos consideran que el Dream Act es una “amnistía” inmerecida para quienes entran ilegalmente, aunque sean estudiantes traídos de pequeños por sus padres. Romney aseguró que, no obstante, apoyaría la cláusula de la ley que permite otorgar la residencia permanente a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la organización no gubernamental Pew Hipanic Center, en el país viven unos 10.2 millones de residentes ilegales, aunque algunos expertos consideran que su número real se acerca a los 12 millones. Casi dos tercios de los inmigrantes indocumentados llevan viviendo en el país más de 10 años.

El tema migratorio constituye una de las asignaturas pendientes del presidente Barack Obama quien después de tres años en la Casa Blanca, mantiene incumplida su promesa de aprobar una reforma migratoria adecuada. Continuas divergencias e intereses políticos entre demócratas y republicanos en el Congreso impiden materializar una medida adecuada al respecto.

Durante los dos primeros años, la actual administración deportó a por lo menos un millón 400 mil inmigrantes, incluso a algunos por una simple multa de tránsito.

Permanecen en la nación unos 300,000 casos de personas en un limbo migratorio sobre quienes pesa la orden de expulsión definitiva, como parte de las disposiciones establecidas por el controvertido programa Comunidades Seguras.

 


 

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