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  • Edición impresa de Enero 3, 2013

Huelga nacional de ganaderos en el país del churrasco

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Buenos Aires advierte que los argentinos consumen 70 kilos de carne vacuna al año, lo que excede en un 75% la cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, ningún ciudadano puede concebir un festejo como el de Año Nuevo sin una mesa colmada de suculentas porciones de solomillo, embutidos o chuletas asadas a las brasas. De ahí que la huelga decretada por la Sociedad Rural Argentina (SRA) haya sembrado alarma entre la población.

La medida que tanto asusta a los carnívoros es el rechazo a la decisión del gobierno de expropiar el enorme predio que sirve de sede y de escaparate a la SRA, en el barrio bonaerense de Palermo.

El conflicto que acaba de estallar remonta sus orígenes a principios de los 90, cuando el entonces presidente Carlos Menen le vendió el predio a los ruralistas por aproximadamente 30 millones de dólares. Recientemente, el gobierno de Cristina Kirchner decretó la “nulidad absoluta” de aquel contrato y dispuso que el predio pase a manos del estado. La Casa Rosada le dio a la SRA un plazo de 30 días para desalojar la hacienda que, además de albergar sus oficinas, es donde cada año se realiza la exposición de maquinaria agrícola y de toros de raza.

El jefe del gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que la transacción de los años 90 fue realizada de forma irregular y “a un precio vil”, puesto que el terreno y sus edificios valdrían en realidad 63,615,000 dólares.

Por su parte, el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevere, sostiene que la expropiación responde a la sed de venganza de Cristina Kirchner por la derrota que le infligió el campo en el 2008, cuando los agricultores se rebelaron contra la pretensión del gobierno de aumentar notoriamente el impuesto a las exportaciones de ese sector. Los ruralistas bloquearon las carreteras con sus tractores y finalmente, el Congreso anuló el proyecto propinando un severo golpe al oficialismo.

“No tuvimos miedo en el 2008 y tampoco ahora, frente a la nueva ofensiva del gobierno contra el sector más productivo de la economía. La medida confiscatoria que pretenden aplicar va en contra de la Constitución y es otra muestra de los peligros que se ciernen sobre la sociedad argentina y sus libertades”, manifestó Etchevere.

 


 

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