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  • Edición impresa de Enero 21, 2014

Continúan esfuerzos para proporcionar protección especial a granjas fabricantes

INDIANAPOLIS- La Resolución Conjunta del Senado 9 (SJR-9), que establece el Derecho para Cazar y Pescar, se presentó ante la Asamblea General con una revisión inesperada y muy significativa. Mientras que las medidas de este año usan la frase título “Derecho a la Pesca y Caza” y tienen el mismo autor (Senador Brent Steele) y la misma asignatura de comité (Recursos Naturales y de Agricultura del Senado) que la versión del año pasado, el lenguaje correspondiente para crear un derecho constitucional para “involucrarse en la producción comercial de carne, aves y productos lácteos” ha sido eliminada. El lenguaje hubiera generado cobertura constitucional y mejorado significativamente la protección legal ante las prácticas de granja comercial controversiales de la industria cárnica, una protección no otorgada a cualquier otra industria Hoosier.

“El Hoosier Environmental Council está animado por este desarrollo positivo”, dijo Jesse Kharbanda, director ejecutivo de este concilio. “Sin embargo –agregó- en esta etapa temprana de la sesión legislativa, y dado el hecho de la gran cantidad de propuestas presentadas durante la sesión que se relacionan con daños al medio ambiente, incluyendo el propuesta ‘Ag Bill’ que ha sido reintroducida, tenemos que mantenernos vigilantes, rastreando toda la legislatura en caso de que el lenguaje eliminado vuelva a aparecer”.

Esto incluye seguir de cerca la Propuesta del Senado 186 que apenas entró a juego, y proporciona protección resaltada a granjas fabricantes, como la enmienda propuesta a la SJR-7 el año pasado.

“Aunque HEC no analizó completamente los impactos probables de consagrar los derechos de caza y pesca dentro de la constitución de Indiana, derechos que actualmente crearían la actual SJR-9, podemos decir en términos generales, que es extremadamente difícil, sino imposible, que los políticos estatales o locales obtengan control subsecuente sobre cualquier actividad protegida por la Constitución”, expresó Kim Ferraro, abogado para el Hoosier Environmental Council.

 


 

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