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  • Edición impresa de Enero 6, 2015

Demanda migratoria descartada

Las acciones ejecutivas sobre inmigración que tomó el presidente Obama sobrevivieron su primera prueba en la Corte, cuando un juez federal descartó una demanda en contra argumentando que el Presidente sobrepasó su poder constitucional.

El juez distrital del EE.UU. Beryl Howell rechazó un reto iniciado por el Alguacil de Arizona, Joe Arpaio, acompañado por el activista conservador legal Larry Klayman. Howell dictaminó que Arpaio no demostró el daño directo de las acciones de Obama, necesario para interponer una demanda en las Cortes Federales.

La demanda alegaba en contra de una política que Obama implementó en el 2012, difiriendo la deportación de personas llevadas a EE.UU. de manera ilegal cuando eran niños, así como dos movidas que la Administración anunció el mes de noviembre: expandir el programa e instituir un programa más amplio de deportación diferida para los padres ilegales de ciudadanos de Estados Unidos.

Ambos programas pronto abrirán la posibilidad de evitar durante tres años de una deportación, así como la obtención de permisos para trabajar.

El vocero de la Cámara, Eric Schultz, alentó el dictamen del juez: “La decisión del Juez Howell confirma lo que el Departamento de Justicia y eruditos de toda la Nación han dicho todo el tiempo: las acciones ejecutivas del Presidente sobre la inmigración están dentro de la ley”, dijo Schultz en un comunicado. “La Corte Suprema y el Congreso han dejado en claro que los oficiales federales pueden enlistar prioridades al ejecutar nuestras leyes migratorias, y las acciones anunciadas por el Presidente son congruentes con aquellas tomadas por la Administración de ambos partidos en el último medio siglo”.

La administración de Obama enfrenta una demanda federal potencialmente más seria en Brownsville, Texas, donde 24 estados buscan una demanda legal similar. Ese caso está en manos de un juez que ha expresado críticas de una ejecución migratoria laxa bajo la administración de Obama.

En su dictamen de 33 páginas, Howell concluyó que la demanda de Arpaio falló en varios puntos, incluyendo el de mostrar un daño particular y demostrar que el juez tenía el poder de retomar cualquier problema que los cambios de política de Obama le pudieran generar al alguacil.

Howell insistió en que el argumento central de Arpaio, que su país incurría en mayores costos debido a la acción migratoria de Obama, podrían estar equivocados.

“Al contrario de la aseveración en la demanda, que dice que como consecuencia de esta acción habrá un aumento en la conducta ilegal por parte de los inmigrantes indocumentados y un aumento en los costos de la oficina del alguacil del condado Maricopa, estos programas puede que tengan un efecto opuesto”, escribió el juez.

 


 

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