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  • Edición impresa de Enero 16, 2018.

ICE arresta a 21 inmigrantes en una redada masiva contra casi cien tiendas 7-Eleven

El miércoles pasado, funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en 98 tiendas de la franquicia 7-Eleven en todo el país, en donde realizaron auditorías y entrevistaron a empleados y gerentes. Veintiún trabajadores sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos fueron detenidos.

“Las acciones de hoy envían un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean fuerza laboral ilegal: el ICE hará cumplir la ley y, si se descubre que están infringiéndola, se les hará responsable”, expresó Thomas Homan, director interino del ICE.

Se trata de la mayor operación en un lugar de trabajo contra un empleador durante el gobierno del presidente de Donald Trump.

En su primer año de mandato, Trump fue duro con la inmigración. Aun así, apenas unos días antes el Presidente parecía estar dispuesto a hablar de una reforma inmigratoria integral. También dijo que apoya una solución para el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos siendo niños.

El ICE señaló que los agentes establecieron como objetivo las tiendas 7-Eleven en la ciudad de Washington y en 17 estados: California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Texas y Washington.

Por su parte, mediante un comunicado, 7-Eleven buscó distanciarse de las prácticas de contratación de los propietarios de las tiendas.

La empresa añadió que “toma en serio el cumplimiento de las leyes de inmigración y ha rescindido los acuerdos de franquicia de los franquiciados condenados por violar estas leyes”.

De acuerdo con el ICE, nueve propietarios y gerentes de franquicias fueron arrestados por conspiración para cometer fraude electrónico, uso de identidades robadas y ocultar y albergar a empleados que estaban en el país ilegalmente. Todos menos uno, quien permanecía como fugitivo hasta noviembre último, se declararon culpables y se vieron obligados a pagar más de 2,6 millones de dólares en salarios atrasados.
Las últimas redadas buscaban garantizar que “la compañía haya dado los pasos adecuados hacia prácticas de contratación y empleo más responsables”, explicó ICE.

 

 


 

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