Piden la renuncia del gobernador de Puebla

La Cámara de Diputados anticipó pediría al gobernador de Puebla, Mario Marín, su retiro del cargo para que enfrente una investigación por la presunta conjura que armó para encarcelar a la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Pese a las presiones, el mandatario dijo que su eventual renuncia es “un sueño guajiro”.

Con la oposición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), la propuesta convoca también al Congreso de Puebla, a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad a investigar el caso y deslindar responsabilidades.

En el dictamen preliminar redactado, los diputados que promueven la petición de retiro condenaron los actos, supuestamente, realizados por el gobernador contra Cacho Ribeiro, con relación a la presunta violación de sus garantías individuales.

Hace un par de días el diario La Jornada publicó el contenido de unas grabaciones, filtradas anónimamente a su redacción, que prueban el supuesto acuerdo entre el gobernador Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge para meter a la cárcel a la periodista Cacho Ribeiro.

En las grabaciones que se alargan por cerca de una hora y media, y que están saturadas de expresiones misóginas, el influyente hombre de negocios recomienda inclusive, entre otras cosas, que encierren a la detenida “con las locas y las tortilleras [lesbianas]” para que la violen.

La intriga contra la escritora obedece a que menciona a Nacif Borge en su libro Los demonios del Edén, que documenta las prácticas de pederastia en las que al parecer están involucrados en México poderosos empresarios.

Al respecto, el gobernador Marín Torres rechazó tajantemente que sea de él una de las voces que aparecen en las grabaciones, y negó que haya pensado siquiera en renunciar como consecuencia de este incidente.

Mientras que el gobernador de Puebla subestimaba el caso, la Presidencia de la República criticaba la grabación de conversaciones personales, al tiempo que calificaba de “brutal e indignante” el incidente.

Corroboró la condena “de la manera más enérgica” por parte de la Presidencia de la República a todos los actos que se llevan a cabo “por cualquier autoridad o por un particular que viole el estado de derecho y que pretenda limitar el ejercicio de la libertad de expresión”.