• México del Norte •
Los muros ilegales
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Por Jorge Mújica Murias

¿Se acuerda de todos los chistes que se hacían cuando estaba “caliente” la propuesta de construir un muro en la frontera con México? Entre los más comunes estaba el que contaba que la barda la iban a tener que construir contratando trabajadores indocumentados porque no hay modo de poner “gringos” a trabajar por el salario mínimo.

Esa broma casi se hace realidad en Califas del Sur, San Diego, donde vive Mel Kay, un empresario norteamericano que, en 1984, creó la compañía Golden State Fence. Gracias al boom de la industria de la construcción llegó a vender 150 millones de dólares de bardas al año, siendo proveedor, entre otros clientes, de bases militares y prisiones. Incluso hizo vallados para dos cárceles de inmigrantes, una oficina de la Patrulla Fronteriza y parte del muro en la frontera México-Estados Unidos.

Sus chambeadores eran, por supuesto, indocumentados, pero la mayoría se benefició con la amnistía de 1986. El problema es que Kay necesitaba cada vez más trabajadores, entonces contrató a los cuates y parientes de sus empleados. La migra intervino un par de veces, pero el empresario volvió a contratar a estas personas cuando volvieron al país luego de ser deportadas. El trabajo es duro, pero paga bien. Hay que levantar 60 libras por encima de la cabeza y empujar carretillas en el calor del desierto de California.

Un “garbanzo de a libra”

Uno de los principales argumentos de los antimigrantes es que “hay que castigar a los patrones que contratan empleados ilegales”. El presidente Bush ha tratado de hacerlo, aunque sea solo para aplacar a sus propias tropas.

Entonces, un día la migra apareció en la empresa de Mel Kay para demostrar cómo hay que tratar a los empleadores de indocumentados. Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, uno de cada tres trabajadores no tenía papeles. Además, este organismo contaba con videos en los que se constataba la segunda contratación de los chambeadores deportados. Luego de investigar a Kay a fondo y de chequear el Seguro Social de cada empleado, llegaron 200 agentes, algunos de ellos en helicóptero, e hicieron la mayor redada en la historia de Oceanside.

Kay fue llevado a juicio, pero incluso miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que era su cliente en la construcción de bases militares y parte de la barda en la frontera, declararon a su favor.

El empresario hubiera salido airoso de esa circunstancia de no haber sido porque le tocó lidiar con Carol Lam en la Fiscalía Federal de San Diego. Lam es parte de los ocho fiscales federales despedidos por Bush (escándalo que le costó el puesto al procurador general Alberto González) por ser “poco estrictos en temas de inmigración”. De otra forma, posiblemente lo hubieran absuelto.

De hecho, aun con el aumento de redadas no hay muchos casos contra los patrones; los fiscales no tienen recursos para investigarlos y demostrar que hubo “complicidad” en la contratación de chambeadores sin papeles. Por eso, entre otras cosas, solo hay 37,000 patrones (de un total de 7 millones y medio) inscripos en el programa E-Verify del Seguro Social.

Lam quería enviar a Key a la cárcel por un año y medio, pero el juez Barry Ted Moskowitz decidió sentenciarlo a solo seis meses de arresto domiciliario.

“Ellos cedieron un poco y nosotros también”, dijo el empresario. Al final no hubo “garbanzo de a libra”. No hay castigo ejemplar para los patrones por contratar y una y otra vez a indocumentados. No hay problema…, la vida sigue igual.