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  • Edición impresa de Febrero 16, 2010

Disputa entre Guatemala y Estados Unidos por extradición del ex presidente Portillo

La captura del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo desató un debate sobre si al inculpado por lavado de dinero y fraude se lo debe procesar en este país o extraditar a Estados Unidos, una discusión que en la sociedad tiene un punto de equilibrio: la sed de justicia.

El ex mandatario es enjuiciado en Guatemala por el delito de peculado, por el desvío de 14 millones de dólares provenientes de cuentas del Ministerio de la Defensa, y de otros recursos del gobierno de Taiwán, delito que habría cometido durante su Presidencia (2000-2004). El artículo 445 del Código Penal guatemalteco establece de tres a diez años de prisión para el delito de peculado, que tipifica la sustracción o el consentimiento de sustracción por un funcionario del Estado de bienes públicos. Además, la justicia de Estados Unidos demandó en enero la extradición de Portillo “por conspiración para el lavado de decenas de millones de dólares a través de bancos estadounidenses y europeos”. Con base en ese pedido, la justicia guatemalteca ordenó la detención de Portillo el 24 de enero y, tras allanar varias de sus viviendas, logró capturarlo dos días después.

El ex presidente, de 58 años, fue capturado por agentes del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un chalé de Punta de Palma, una playa ubicada en el nororiental departamento de Izabal, limítrofe con Belice, cuando se disponía a huir del país.

Justamente, la fiscalía de Manhattan concluyó en sus investigaciones que Portillo no actuó solo en su plan para desfalcar al estado, sino en complicidad con militares retirados y ex colaboradores de su gobierno. Eleonora Muralles, del no gubernamental Movimiento Pro Justicia, dijo que la persecución penal de Portillo “es una esperanza para el inicio del rescate del sistema de justicia”. La activista hizo énfasis en la necesidad imperiosa de justicia, tanto en este como en miles de otros casos, aunque reconoció que “nos falta muchísimo, porque hay problemas de corrupción en el sistema judicial y penitenciario”.

 

 


 

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