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  • Edición impresa de Febrero 1, 2011

Advierten sobre consecuencias económicas de las leyes anti inmigrantes

Expertos en política migratoria alertaron sobre el elevado gasto para el contribuyente de las ordenanzas locales dirigidas al control de los indocumentados que, tras costosas luchas legales, terminan por ser declaradas inconstitucionales.

En una conferencia de prensa telefónica, el supervisor del condado Prince William (Virginia), Frank Principi, y un grupo de analistas especializados en materia migratoria llamaron a los gobiernos locales a tener en cuenta el costo económico y social de las ordenanzas anti-inmigrantes antes de impulsarlas.

La mayoría de las ciudades que han adoptado medidas de control de los indocumentados han tenido que afrontar elevados gastos en abogados, después de que entidades defensoras de las libertades civiles las demandaran por promulgar ordenanzas “discriminatorias y persecutorias”.

Sin embargo, el precio de las leyes anti-inmigrantes traspasa lo económico, puesto que dañan la reputación de las localidades donde se aprueban y provocan una fractura entre la comunidad blanca y la hispana “que se tardará décadas en reparar”, advirtió la analista del Centro Americano del Progreso (CAP) Gebe Martínez.

El rechazo a la inmigración ha crecido durante los últimos diez años en ciudades pequeñas con histórica mayoría blanca, como algunas de Nueva Jersey, Nebraska, Pensilvania, Texas y Virginia. Los expertos señalan que los hispanos se han convertido en el chivo expiatorio perfecto para una serie de problemas de los que “no son ni causa ni factor determinante”, como la alta tasa de desempleo que acarrea la crisis económica, el crimen, o la masificación de las escuelas.

La ley anti-inmigrante de Arizona ha servido de inspiración para estas pequeñas localidades, aunque los gobiernos de algunas de ellas temen ser víctimas de un boicot similar al que vivió ese estado por parte de diversas organizaciones y personalidades, que provocó pérdidas de 253 millones de dólares en producción.

“Políticos de derechas, organizaciones extremistas y comentaristas conservadores han avivado el racismo en estas ciudades mediante un discurso que dibuja a los inmigrantes como los culpables de todos los problemas”, esgrimió el director del “Proyecto Inteligencia” del Centro Legal para la Pobreza del Sur, Mark Potok.

El activista y abogado anti-inmigrante Kris Kobach ha recorrido el país redactando medidas que endurecen el control de los indocumentados y defendiendo a los gobiernos municipales en los tribunales de las demandas de inconstitucionalidad. Sus textos se basan en la premisa de que los inmigrantes “huirán” de las ciudades si las empresas y los propietarios de viviendas reciben una penalización por contratar indocumentados o por alquilarles una casa.

Principi advirtió en este sentido que los hispanos se sienten como un “objetivo a perseguir” con estas medidas y, por tanto, muchos de ellos abandonan efectivamente esas ciudades.

 


 

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