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  • Edición impresa de Febrero 15, 2011

Avances sobre la propuesta migratoria

El abogado general del estado no apoyará la medida

INDIANÁPOLIS- Una propuesta de ley estilo Arizona contra la inmigración ilegal se encuentra avanzando en la Asamblea General de Indiana. Después de escuchar más de cuatro horas de testimonio, el comité del senado sobre Pensiones y Trabajo votó 8-1 a favor de una propuesta de ley que obligaría que los policías que detienen a alguien por violar una ley o una ordenanza le soliciten pruebas de estancia legal, si existe “sospecha razonable” para creer que son ilegales.

También requerirá que los gobiernos estatales y locales utilicen solo el inglés para su correspondencia, además de que la Oficina de Administración y Presupuesto de Indiana le envíe una cuenta al congreso, con un valor estimado de los gastos generados por la inmigración ilegal. La medida, llamada Senate Bill 590, ahora pasa al Comité de Gastos del Senado.

El Senador Mike Delph, R-Carmel, le dijo al comité que la SB 590 “es un intento de colocarle dientes a las leyes existentes para decir que los ciudadanos de Indiana le dan la bienvenida a la inmigración legal, pero rechazan rotundamente la inmigración ilegal”. Un punto donde todos estuvieron de acuerdo es que el gobierno federal tiene que afrontar los problemas con las políticas y aplicación de la ley de inmigración a nivel nacional.

Algunos creen que la SB 590 podría ser parte de la solución y podría fomentar acción a nivel federal. Otros dicen que sería una medida costosa e inefectiva, que podría llevar al perfilamiento racial y que haría que los inmigrantes talentosos eviten venir a Indiana.

Bob Schrameyer, director ejecutivo de Citizens for Inmigration Law Enforcement, organización basada en Goshen, enfocó el tema en términos del desempleo en el condado de Elkhart. Dijo que el condado cuenta con 10,000 residentes sin trabajo, pero también un gran grupo de inmigrantes ilegales que tienen empleo. “Durante años hemos hecho leyes contra el alcohol, las drogas y el tabaco, pero continuamos sin ver el elefante en el cuarto: los inmigrante ilegales”, dijo. “Los empleadores tienen grandes facilidades para contratar a trabajadores ilegales, cosa que no sólo disminuye la pauta de los salarios, sino que toma una ventaja injusta de este grupo minoritario”, agregó.

El Jefe de Policía de Goshen, Wade Branson, dijo que la SB 590 sería igual a un mandato sin fundamento, ya que los departamentos de policía tendrían que contratar a más oficiales bilingües, además de entrenarlos sobre las complejidades de las leyes migratorias. También teme que la medida evitaría que algunos latinos ayuden a resolver crímenes. “La gente de la calle debe confiar en nosotros para que podamos obtener buena información y resolver los crímenes locales”, testificó Branson. “Si los residentes indocumentados temen ser detenidos o deportados, sería imposible para nosotros hacer el trabajo que hoy en día llevamos a cabo. No se reportarían los crímenes, y los crímenes no reportados no pueden ser resueltos”.

Miembros de grupos veteranos y Mike Cutler, un agente retirado del Immigration and Naturalization Service, dijo que la propuesta ayudaría a proteger a la nación contra terroristas. Robert Najmulski, un representante de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), atestiguó que la inmigración ilegal le cuesta a Indiana más de 600 millones de dólares al año, según cálculos de FAIR.

Los representantes de grupos empresariales y agrícolas dijeron que no están a favor de la contratación de inmigrantes ilegales, pero hablaron contra la SB 590 por los reglamentos potencialmente abrumadores asociados a la propuesta y la posibilidad de que esto evite que vengan inmigrantes legales a Indiana.

El Abogado General de Indiana, Greg Zoeller dijo que no firmará la SB 590. “Aunque comprendo los problemas significativos y la profunda frustración que sienten nuestros estados hermanos”, dijo Zoeller en un comunicado, “tenemos que ser realistas sobre los costos que afrontaría el estado al sobreponerse a la responsabilidad federal de aplicar la ley, cuando los métodos para lograrlo podrían acarrear sospecha constitucional y ser físicamente impráctico”.

La senadora Karen Tallian, D-Portage, fue la única miembro del comité que votó contra la SB 590.

 


 

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