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  • Edición impresa de Febrero 7, 2012

Desplazados, desiguales y criminalizados

Una alianza política se está desarrollando entre los países  que tienen una política de exportación de mano de obra y las corporaciones que utilizan esa mano de obra en el norte global. Muchos países que están enviando migrantes al mundo desarrollado dependen de las remesas  para financiar servicios sociales y mantener bajo control el descontento social producido por la pobreza y el desempleo, al mismo tiempo que continúan haciendo enormes pagos de sus deudas. Las corporaciones que usan esa mano de obra desplazada comparten un creciente interés con los gobiernos de esos países por regular el sistema que la suministra.

De manera creciente, los mecanismos para regular el flujo de personas son los programas de contratación de mano de obra, llamados “programas de trabajadores huéspedes” o “trabajadores temporales” en Estados Unidos o “migración administrada” (managed migration) en el Reino Unido, al igual que en gran parte de la Unión Europea. Con o sin estos programas, la migración hacia Estados Unidos y otros países industrializados es un hecho de la vida cotidiana. A pesar de que con frecuencia el Congreso de Estados Unidos emplea una retórica que demoniza a los inmigrantes, no está debatiendo la manera para acabar con la migración. De hecho, nada puede lograrlo, a menos de que se implemente un reordenamiento radical de la economía mundial.

Tampoco las actuales olas de redadas y deportaciones contra migrantes en Estados Unidos  se han propuesto detener la migración.  En una economía en la cual el trabajo migrante juega un papel fundamental, el precio de detener la migración sería ahondar la crisis económica. La intención de una política migratoria es regular el flujo de personas determinando su estado migratorio aquí en Estados Unidos en base al interés de los empleadores que ponen a trabajar esa mano de obra.

De cualquier forma, los migrantes son primero seres humanos y su deseo por mantener el sentido de comunidad es tan fuerte como la necesidad de trabajo. El uso de reformas y tratados económicos neoliberales para desplazar comunidades y producir un ejército global de trabajadores -disponibles y vulnerables-, tiene un impacto brutal.  Los tratados de libre comercio existentes y propuestos entre Estados Unidos y México, Canadá, Centroamérica, Perú, Colombia, Panamá, Corea del Sur y Jordania, no solamente permiten las transformaciones económicas que destierran a las familias y las lanza a la corriente migratoria, sino que empujan todo ese proceso hacia adelante.

El desarrollo de un sistema de suministro de mano de obra y regulación de trabajo que controle el flujo de migrantes, esto es, de personas, requiere crecientemente una férrea aplicación de la ley. Con la criminalización del trabajo para los migrantes indocumentados hace un cuarto de siglo, junto con la reaparición de un programa de trabajo bajo contrato para los migrantes, el Acta de Reforma y Control de Inmigración, IRCA por sus siglas en inglés, de 1986, fueron establecidos los parámetros para los debates sobre política migratoria que continúan hasta el presente. Actualmente, las redadas migratorias, las acciones de reforzamiento de la ley, una legislación severa y racista y la histeria que viene con todo esto, están barriendo el país. Los migrantes de hoy se han convertido en una necesaria mano de obra barata y criminales al mismo tiempo.

 


 

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