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  • Edición impresa de Febrero 5, 2013

Las leyes pueden requerir muchos ajustes. Abogados del área dicen que las reglas migratorias no siempre tienen mucho sentido

Podría ser un buen comienzo, un intento muy esperado de resolver la disfunción de las leyes migratorias de los Estados Unidos, pero abogados locales en ambos lados del debate están esperando los pormenores de lo que un grupo de senadores y el presidente Barack Obama están tramando. El pasado lunes llegó la noticia de que los senadores se encaminaban a un arreglo bipartidario, esperando que pase en el verano. Obama anuncia su plan en estos días. El abogado de inmigración, Rudy Monterrosa de South Bend ha visto cómo las leyes desaniman a los inmigrantes ilegales de tomar los pasos para arreglar su situación legal. Consideren este caso: muchas personas que están aquí ilegalmente tienen que regresar a su país de origen para solicitar una visa por medio del consulado de E.E.U.U. allá. La persona tiene que tener un familiar que sea ciudadano. Pero a menos que esa persona sea hijo o pareja del interesado, la persona suele tener que esperar de 10 a 15 años dependiendo del país, dijo Monterrosa, quien menciona además un nuevo ajuste que entra en vigor en marzo, que reduciría el tiempo de espera. Pero no todos podrían aplicarlo, ya que tendrían que demostrar estar pasando por un momento extremadamente difícil, dijo.

Bob Schrameyer siente que los senadores están solo “vacilando” para obtener el voto hispano. Él es líder del grupo Citizens for Inmigration Law Enforcement, basado en el condado de Elkhart, que, en sus palabras, “quiere que se aplique la ley”. “Existen buenas leyes en los libros, pero no las aplicamos.” Con eso dicho, él está de acuerdo con un par de las metas principales de los senadores y reconoce la necesidad de un buen plan. “Sé que algo se tiene que hacer”, dijo con respecto a los 11 millones de inmigrantes ilegales que se dice están en el país. “No se puede deportar a todas estas personas”. Schrameyer considera que la frontera se debe reforzar. También cree que los oficiales deben afrontar el tema aumentando las oportunidades de empleo para los ciudadanos, ya sea con acceso a trabajo de baja dificultad o bien con oportunidades para aprender un oficio. “La única razón por la que ha disminuido la inmigración es que no hay muchos empleos”, dijo. Una de las cuatro metas de los senadores es lograr un sistema de verificación de empleo que asegure que los empleadores no contratan a inmigrantes ilegales.

Mike Durham, abogado de inmigración en South Bend, que brinda consejo a empleadores sobre las leyes migratorias, dice que ya ha recibido llamadas de compañías queriendo saber qué pasos y gastos adicionales tendrían que tomar para verificar el estado legal de sus trabajadores. Schrameyer cuestiona el sistema actual del gobierno, E-Verify: “Ellos (los empleadores) pueden apuntarse ¿pero lo utilizan?”. Durham señala además que otra ley está separando a las familias: cuando la gente cruza la frontera de manera ilegal más de una vez, puede quedar vetada y jamás poder rectificar su estado legal. En algunos casos esos cruces de frontera sucedieron por emergencias familiares. Pero generalmente no saben que eventualmente podrían quedar vetados de solucionar su situación, dijo Durham. La ley está en los libros desde 1997 pero fue reinterpretada hace algunos años. El abogado local Felipe Merino dijo que él se ha topado con problemas en un país vecino cuando las autoridades no certifican a víctimas de crímenes violentos para que puedan obtener visas. El congreso creó una provisión que permite que las víctimas obtengan una visa si cooperan con las autoridades. Merino espera que las reformas no “se atoren a la hora de su aplicación”, por ejemplo, como en la falta de fondos.

Los abogados sí le dan crédito a una nueva ley del año pasado que ayuda a inmigrantes locales cuyos padres los trajeron a los Estados Unidos antes de los 16 años de edad. La nueva ley no les brinda un estado legal, pero difiere la acción en su contra por dos años, permitiéndoles trabajar, siempre y cuando hayan vivido en E.E.U.U. desde 2007, tuvieran menos de 31 años antes de 15 de junio de 2012, no hayan cometido algún crimen y cumplan con otros requisitos.

 


 

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