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  • Edición impresa de Febrero 16, 2016.

Actualizaciones sobre la reforma migratoria

En noviembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció una iniciativa que se dio a conocer como Deferred Action for Parent Arrival: DAPA. El programa de Obama ofrecía deportación diferida y permisos de trabajo a inmigrantes que vivieron en el país por lo menos cinco años y son padres de ciudadanos de EE.UU. o residentes legales permanentes. El programa también expandió la deportación diferida para inmigrantes que se encuentran de manera ilegal, que llegaron a los Estados Unidos siendo niños.

La oposición a la iniciativa fue inmediata por parte de muchos republicanos y sus aliados. Un grupo de gobernadores republicanos demandó a la administración de Obama argumentando que el Presidente no tenía la autoridad legal para implementar ese programa por sí mismo sin la autoridad del Congreso.

Un juez en Texas se puso del lado de los gobernadores republicanos y evitó que el gobierno implementara el programa. Recientemente, el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones anuló la orden restrictiva que evitaba que el Gobierno pudiera implementar DAPA.

Los estados reclamaban que el programa de Obama, conocido como Deferred Action for the Parents of Americans, no había seguido los requisitos administrativos, y el Gobierno federal no tuvo autoridad para implementarlo. La administración de Obama le solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que de una vez por todas legalice el DAPA.

Entonces, la Corte Suprema accedió a decidir sobre el asunto de si el presidente Obama tiene el derecho de instaurar DAPA sin la participación del Congreso. Emitirá su juicio antes del final de junio de 2016.

Si la Suprema Corte dictamina que DAPA es inconstitucional, entonces la Agencia de Inmigración comenzará a escribir el reglamento para implementar el programa. Si decide en otra dirección, entonces eso sería el final de la iniciativa.

Los inmigrantes y sus partidarios deben esperar que la Suprema Corte falle a favor de la legalidad de DAPA, ya que tiene el potencial de darle un tipo de estatus legal a aproximadamente la mitad de los 12 millones de inmigrantes indocumentados estimados en el país. Además, la decisión sobre DAPA se tomará a pocos meses de las elecciones presidenciales y tiene el potencial de movilizar a los votantes en ambos lados de la división política.

DAPA no es un sustituto para una reforma migratoria integral. Los inmigrantes y sus partidarios deben continuar su lucha para que la vida pueda ser vivible para los millones de indocumentados y sus familias que viven en los Estados Unidos. Esta lucha es aún más urgente dado el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales 2016 y la demagogia contra los inmigrantes practicada por Donald Trump y otros en el Partido Republicano.

Los inmigrantes y sus patrocinadores deben trabajar hacia la elección de candidatos que tengan simpatía por sus intereses y que buscarían reformar un sistema migratorio quebrantado.

Joseph S. Hughes es un abogado con más de 20 años de experiencia, quien se especializa en la ley de inmigración en el área de Michiana. Él y su equipo de trabajo son bilingües en inglés y español, y se les puede localizar en , por teléfono al 269-473-2370 o mediante correo electrónico en . Hughes Law Office está lista para asistir a los inmigrantes en su solicitud de todo tipo de beneficios de inmigración.

 


 

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