GOBERNADORES DE EU LE PEDIRÁN A BUSH MAYOR CONTROL MIGRATORIO

Un creciente número de gobernadores están quejándose cada vez de forma más enérgica por el flujo de inmigrantes que está llegando a sus estados, y buscan que el presidente y el Congreso tomen medidas. Tanto gobernadores republicanos como demócratas dijeron que presentarán sus preocupaciones al presidente George W. Bush y a su gabinete en los próximos días.

``Esto es un tema nacional’’, dijo la demócrata Janet Napolitano, de Arizona, estado en el que 500.000 inmigrantes ilegales fueron devueltos a sus países el año pasado. Se calcula que hay 11 millones de inmigrantes ilegales que están perjudicando los recursos gubernamentales. ``Mediante el dinero de los contribuyentes estamos absorbiendo los gastos de las cárceles, los costos de la salud y los de la educación’’, dijo Napolitano.

 

EN 10 AÑOS, EU ROGARÁ A MÉXICO QUE LE ENVÍE TRABAJADORES: FOX 

Estados Unidos le rogará a México para que le envíe trabajadores, pero no será posible porque nuestro país ‘’va a tener ocupada a su gente’’, afirmó el presidente Vicente Fox, quien confió en lograr el acuerdo migratorio con el vecino país.  En entrevista con British Broadcasting Corporation (BBC), el mandatario calculó que la súplica de Washington ocurrirá en la próxima década, luego de concretar el convenio en materia de migración. Señaló que en los años recientes su gobierno ha logrado tener una posición común con Estados Unidos sobre este tema, a fin de que los mexicanos que trabajan en aquel país sean respetados en sus derechos laborales y humanos. De hecho, agregó, ‘’estamos en el mejor momento para llegar a una solución’’.

 

Central sindical más poderosa se declara en pro de los inmigrantes

La AFL-CIO, la central sindical más poderosa del país, declaró que una verdadera reforma de las leyes de inmigración debe incluir una vía para que los trabajadores sin papeles puedan obtener la residencia permanente en vez de basarse en programas de trabajadores temporales o huéspedes, pues éstos debilitan las bases democráticas de la nación.

“Nuestro sistema actual de inmigración no es sino un modelo que permite la explotación de los trabajadores extranjeros y nacionales” dijo la vicepresidenta ejecutiva de la AFL-CIO, Linda Chávez-Thompson durante una teleconferencia originada en San Diego.

La jefatura de la organización acordó defender un programa de reforma con los siguientes elementos: un cauce “claro y bien definido” para la legalización del contingente irregular; leyes que defiendan los derechos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su estatus; y el rechazo a las fórmulas de trabajadores “huéspedes”.

“Creemos que ninguna razón justifica que una persona que viene a este país con la intención de trabajar, pagar sus impuestos y respetar las leyes sea relegado a una condición reprimida como trabajador de segunda categoría”, apunto la dirigente sindical.

El Comité Judicial del Senado iniciará deliberaciones en torno a una reforma de las leyes de inmigración y el pleno de esa Cámara abordará el asunto a finales de marzo.

En contraste con el planteamiento de la AFL-CIO, que apunta a la residencia permanente para la fuerza laboral extranjera irregular, la Asamblea Nacional Hispana Republicana dio a conocer su apoyo a un plan llamado Reforma Inmigratoria Ahora, que contempla un programa de trabajadores temporales. Este pide adicionalmente que Estados Unidos refuerce sus barreras para impedir el ingreso de más indocumentados.

“Creemos que un programa temporal es un elemento esencial de la reforma de inmigración porque protege la seguridad nacional y sirve a nuestros intereses económicos”, dice el comunicado de la RNHA.

Según la AFL-CIO, cuando se impone importar mano de obra, ésta debe disfrutar de la oportunidad de formar parte de la sociedad que requiere de su trabajo como residente permanente.

Hacerlo de otra forma, según la organización, sólo expondría a esas personas a ser blanco de abuso y explotación.

 

Quieren cobrar el 8% de impuestos por envío de remesas en Arizona

La comunidad inmigrante de Arizona está molesta por una propuesta de ley que la obligaría a pagar un nuevo impuesto del 8% cada vez que envíe dinero a sus familiares en México y Centroamérica.

La medida afecta directamente a millones de inmigrantes documentados e indocumentados que trabajan en Arizona y que mensualmente envían dinero a sus familias en sus países de origen.

El futuro del controvertido proyecto de ley HCR2037, aprobado esta semana por el Legislativo del estado, estará en manos de los votantes de Arizona durante las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

Tratando de evitar que la iniciativa sea vetada por la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, los legisladores republicanos la redactaron de tal manera para que pase directamente a las urnas.

Según datos del Centro Hispano Pew, en el estado de Arizona viven miles de inmigrantes, quienes envían un promedio de 900 millones de dólares por año a sus países de origen.

De ser aprobado el proyecto de ley, los inmigrantes se verían obligados no sólo a pagar a las compañías de envío de dinero —que cobran unos 10 dólares por el envío de hasta 500 dólares—, sino también a un nuevo impuesto estatal equitativo a ocho dólares por cada 100 dólares que envíen.

Se calcula que durante el primer año de implementación del nuevo impuesto se recaudarían cerca de 80 millones de dólares, los cuales servirían para financiar un muro a lo largo de la frontera entre Arizona y Sonora (México).

Este es sólo uno de los más de 50 proyectos de ley que han sido presentados ante el Legislativo de Arizona con el objeto de penalizar a aquellas personas que ingresaron de manera ilegal al país.

“Esta es otra injusticia en contra de nuestra gente”, dijo Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Indicó que el hecho de que este proyecto sea llevado a las urnas sólo incrementa el clima de odio y de ignorancia que hay entre los votantes de Arizona.

En 2005, un total de 16 mil millones de dólares en remesas fueron enviadas a México, y 2,500 millones de dólares a El Salvador.

Para estos países las remesas representan una de las fuentes más importantes de ingresos.

 

Bush reitera respaldo a acuerdo portuario

El presidente George W. Bush dijo que sigue respaldando un acuerdo que vendería a una empresa de los Emiratos Arabes Unidos la administración de seis puertos estadounidenses, pese a que no ha comenzado aún una investigación más profunda sobre los potenciales riesgos de seguridad que entraña la operación.

Bush tiene la decisión final de ese segundo examen. Con todo, indicó tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi que “mi posición no ha cambiado” de favorecer la venta de las funciones mercantiles en seis puertos importantes de Estados Unidos a la empresa de Dubai DP World por parte de otra británica.

La aprobación administrativa de la compra-venta ha causado indignación entre legisladores, tanto políticos republicanos como demócratas, según los cuales podría exponer al país a un ataque terrorista. Esos legisladores volvieron a criticar el acuerdo, pese a las esperanzas de la jefatura republicana de que el tema hubiese perdido virulencia.

Para evitar mayores inconveniencias, el gabinete de Bush aceptó el pedido de la firma DP World de postergar por 45 días el cierre de la operación a fin de que sean plenamente investigados los riesgos potenciales de seguridad, un segundo examen que no fue efectuado antes de que la Casa Blanca aprobara la operación el 17 de enero.

Tras la investigación será sometido un informe al Presidente, que dispondrá de 15 días para decidir si lo aprueba.

Bush sugirió que no hay motivos para creer que la segunda investigación llegará a conclusiones diferentes que la primera.

“Espero recibir un examen bueno y consistente”, agregó el mandatario durante una rueda de prensa en la que compareció acompañado por Berlusconi en la oficina presidencial.

 

Manifestaciones contra abuso de EU

La violencia contra residencias y lugares de trabajos de independentistas portorriqueños, por parte del FBI, llevó al Partido Independentista a convocar a manifestaciones en la capital San Juan. La primera se realizó el día 20, frente al Tribunal Federal para denunciar y repudiar las agresiones cometidas por el FBI.

La próxima protesta está agendada para el día 07 de marzo frente al estadio del Parque Hiram Bithorn. En el lugar, estará siendo realizada la fiesta de apertura del clásico Mundial de Béisbol.

Milagros Rivera, presidenta honoraria de la Internacional Socialista y vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, firma el comunicado enviado a la prensa, que convoca a la marcha y recuerda a los portorriqueños que no pueden permanecer pasivos ante la falta de respeto y las violaciones a los derechos humanos a que están siendo sometidos.

Además de las invasiones de casas, los periodistas de Puerto Rico fueron agredidos por la policía estadounidense. Para Rivera, los recientes acontecimientos “constituyen un atropello y un insulto que mancha la dignidad y la honra de todos los portorriqueños”. Y agrega que atemorizar con el uso de helicópteros, armas, máscaras y gases lacrimógenos es un “espectáculo abusivo y grotesco, que indignó a la inmensa mayoría de los portorriqueños de todas las ideologías políticas.”

Aunque las autoridades de la Cámara se hayan negado a aceptar una resolución del Partido Independentista para condenar estos atropellos y el gobierno se haya limitado a realizar una condena sólo con palabras, el Partido Independentista dijo que “responderá en defensa de los derechos y de la dignidad de nuestro pueblo. Que recuerde el FBI que el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) pone la palabra y la acción en el mismo lugar. Cuando decimos que vamos, vamos”.

 

Senado adoptará fuertes medidas contra inmigrantes

El Senado de EU parece abocado a adoptar en marzo algunas medidas de mano dura contra la inmigración ilegal, pero la cuestión es si logrará crear al mismo tiempo vías legales para la entrada de extranjeros, según los expertos.

La inmigración se ha convertido, muy gradualmente, en un asunto importante de cara a las elecciones legislativas de noviembre y los congresistas que se juegan su escaño sienten la presión por hacer algo sobre el tema antes de entonces.

El dilema al que se enfrenta Estados Unidos es cómo garantizar el flujo de mano de obra inmigrante y responder al mismo tiempo a la ansiedad de muchos ciudadanos que ven en el extranjero, especialmente latinoamericano, una amenaza para su trabajo, su cultura y su forma de vida.

La Cámara de Representantes ya dio su respuesta a esa disyuntiva en diciembre al aprobar un proyecto de ley que hizo las delicias del ala más conservadora del partido republicano.

El proyecto consiste en una serie de medidas para hacer la vida imposible a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país e impedir al máximo que entren más. Convierte en un delito la entrada ilegal en el país, obliga a los patronos a verificar el estatus migratorio de sus empleados y eleva las multas para los que contraten a trabajadores indocumentados, prevé la construcción en el límite con México del mayor muro fronterizo del mundo, con una longitud de 1,100 kilómetros.

El propio presidente de EU, quien ha promovido desde 2000, cuando aún era candidato, un programa de trabajo temporal para extranjeros, ha cambiado ahora el tono y ha llegado a decir que el objetivo de su Gobierno es deportar a toda persona que entra ilegalmente en el país, “sin excepciones”.

En su propuesta presupuestaria para 2007, la Casa Blanca ha pedido, por ejemplo, más de 130 millones de dólares para establecer un sistema que verifique si un candidato a un empleo tiene permiso de trabajo, precisamente lo que ha exigido la Cámara Baja.

Pero además de decidir qué iniciativas para el endurecimiento de la ley apoya, el Senado deberá abordar dos problemas fundamentales de EU: qué hacer con los 11 millones de inmigrantes en situación ilegal que están ya aquí y cómo regularizar el flujo de trabajadores extranjeros del que dependen muchos empresarios de este país.

 

EMPIEZA DEBATE MIGRATORIO

El Comité Judicial del Senado dio luz verde al debate sobre una reforma migratoria que puso de manifiesto las profundas divisiones entre republicanos y demócratas y especialmente entre los mismos republicanos en torno a cómo abordar la situación de los más o menos 11 millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. El presidente del panel, el senador republicano de Pennsylvania, Arlen Specter, autor del proyecto “base” del debate, dijo que está abierto a cambios y enmiendas a su plan que catalogó como un “punto de partida” y reiteró que el objetivo es que el proyecto resultante llegue al pleno de la Cámara Alta para el 27 de marzo. Se trata, reconoció Specter, de una “tarea gigantesca”. La mayor parte de las reacciones que tuvo a su proyecto, dijo, han sido negativas, “y no hay acuerdos sobre nada”. “Las emociones están por lo alto”, agregó el senador.

 

Rechaza Casa Blanca investigar espionaje telefónico

La Casa Blanca rechazó la propuesta de varios demócratas de la Cámara de Representantes para que un fiscal especial investigue el programa de intercepciones telefónicas, sin orden judicial, practicado por el gobierno de George W. Bush.

“Creo que los demócratas que instan a esto (el fiscal especial) deberían pasar su tiempo en determinar cuál fue la fuente que reveló sin autorización este programa tan crucial e importante en la guerra contra el terrorismo”, respondió el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

“En realidad no creo que haya ninguna base para un fiscal especial... Pero el hecho de que esta información fuera revelada le ha dado al enemigo muestra de nuestras prácticas”.

En una carta publicada el lunes, 18 representantes demócratas le dijeron a Bush que el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, debería designar un fiscal especial.

Alegan que la vigilancia de los terroristas debe realizarse respetando la ley estadounidense, pero se quejan que sus esfuerzos de obtener respuesta a sus preguntas legales y puntuales sobre el programa han sido obstaculizadas “generalmente con las más débiles excusas”.

Los legisladores inicialmente solicitaron al inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine, y a la Oficina General de Responsabilidad, del Congreso, que inicien investigaciones independientes, pero ambos se negaron.

Fine respondió que carecía de autoridad, y transfirió el pedido a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia. Esa oficina respondió que investigaba la conducta de los abogados del departamento, pero no la legalidad del programa.

La oficina investigadora del Congreso también se negó a iniciar una pesquisa, alegando que el gobierno tendría que designar los documentos necesarios como material de inteligencia extranjera y de acceso limitado para ellos. Después de 22 meses de investigación, Fitzgerald encausó al secretario del vicepresidente Dick Cheney, I. Lewis “Scooter” Libby, por presuntamente haber mentido sobre su participación en la revelación.

“En verdad, la acusación de un programa de espionaje secreto en la NASA realizada sin orden judicial a estadounidenses es de tanta seriedad” como el asunto investigado por Fitzgerald, dijeron los demócratas.

 

REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL, PIDEN EN EU LÍDERES RELIGIOSOS

Líderes de diferentes religiones, encabezados por el cardenal Theodore E. McCarrick, arzobispo de Washington, exigieron al gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria integral que respete los derechos humanos de los trabajadores, incluso indocumentados, y al mismo tiempo fortalezca la seguridad de sus fronteras, especialmente con México. El arzobispo estadounidense señaló que en la Iglesia católica ‘’vemos diariamente las consecuencias de un sistema migratorio tan débil como el nuestro: familias separadas, la explotación a la que son sometidos los trabajadores y los migrantes por grupos de hostigamiento, y algunas ocasiones sabemos cómo mueren en el desierto. Cambiar esta situación migratoria es un asunto grave de moralidad que debemos enfrentar’’, argumentó.

 

Vivir en EU afecta la salud de los latinos

Millones de hispanos llegan a EU en busca de trabajo y educación, pero su permanencia en este país parece perjudicar su salud.

Cuanto más tiempo pasan aquí los hispanos, más probabilidades tienen de convertirse en obesos, tener diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardiacas. Y los hispanos nacidos aquí tienen índices todavía más altos para esas enfermedades, indicó un informe gubernamental.

El análisis de la salud de los inmigrantes realizado por el Centro de Control de Enfermedades (CDC), un organismo federal, llega inmediatamente después de un informe que solicita más programas educativos para los hispanos, población que se espera crezca a casi un cuarto de la población del país en los próximos años.

“Estamos en medio del momento hispano”, dijo en una reunión informativa. Pero agregó, hay dos tendencias que no presagian nada bueno para los hispanos, el deterioro de la salud y el aumento en el riesgo de la desintegración familiar.

El informe sobre los inmigrantes documenta puntualmente varios problemas con respecto a la salud.

Señala que 22.% de los hispanos que hace cinco años o más llegaron al país son obesos, en comparación con 16.1% que han vivido aquí por menos de cinco años.

La presión arterial sube de 13.4% entre los recién llegados a 19.8% para los que llevan aquí más tiempo. Si hace más de cinco años que viven aquí, los índices de diabetes suben de 6.9% a 7.5% y las enfermedades cardiacas aumentan de 3.5% a 7.4%.

Los inmigrantes hispanos se encuentran entre las personas con menos probabilidad de tener seguro médico.

En general, entre los hispanos nacidos en este país, 22.9% son obesos, 24.3% tienen presión arterial alta, 6.1% son diabéticos y 7.6% padecen enfermedades cardiacas.

 

Dos terceras partes de ilegales entran con visa a EU

Tres de cada cinco inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos entraron al país legalmente mediante visas emitidas por el gobierno, dijo el director de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Cresencio Arcos.

Arcos calificó como una “cifra correcta” la estimación de que Estados Unidos tiene entre 9 y 11 millones de extranjeros indocumentados y manifestó su inquietud por el porcentaje de ellos que llegaron con una visa y se quedaron al vencer su estadía habilitada.

“Cuando hablamos de los 9, 10, 11 ó 12 millones —y alguna gente cree que más— trabajadores indocumentados o ilegales, entre 60% y 65% entraron legalmente con visa”, comentó Arcos durante una charla organizada por el Centro Nacional de la Prensa.

“Todos tienen esa idea de un montón de centroamericanos y mexicanos saltando vallas y nadando ríos en la frontera. Pero lo cierto es que más del 60% entraron a Estados Unidos con visa”, agregó Arcos, que hasta el año 2003 trabajó como consejero de la Casa Blanca sobre inteligencia extranjera.

El programa estadounidense de visas para extranjeros fue blanco de críticas internacionales después de que la embajada de Estados Unidos en India negara en principio la visa a un destacado científico de ese país, aparentemente por sospechar que sus conocimientos en química podían amenazar la seguridad norteamericana.

Al referirse a esa controversia, Arcos admitió que “existen problemas” en el programa de visas para extranjeros, pero negó que el objetivo del gobierno estadounidense sea “humillar gente”, como le sugirió un reportero.

Arcos dijo no haber leído aún un polémico proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que establece penas criminales contra los inmigrantes indocumentados y facilita su detención y deportación.

La iniciativa a estudio del Senado incluye financiamiento para construir casi 700 millas de valla entre Estados Unidos y México, pero Arcos comentó que los túneles subterráneos encontrados recientemente en la frontera demuestran que la valla es algo “más simbólico que lo que la prensa ha manejado”.

 

ABOGADOS SE UNEN CONTRA ACCIÓN ANTIINMIGRANTE

Cerca de 500 tarjetas con reclamos de la comunidad ante las medidas antiinmigrantes que se planean implementar en el país fueron recopiladas por un abogado de la ciudad quien las dirigirá al senador John Cornyn de Texas, uno de los mayores defensores de dichas iniciativas. Joseph Reina, presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración para los estados de Texas Oklahoma y Nuevo México y quien además es propietario de la firma de abogados Reina and Associates en Dallas, es quien durante la última semana ha estado promoviendo y motivando a sus clientes a que llenen una tarjeta con sus comentarios en contra de las medidad antiinmigrantes.

 

ESTADOS UNIDOS • Refugiados discriminados

En este mes, la ONG radicada en Estados Unidos, Refugees International, publicó un informe en el cual criticaba las medidas de seguridad antiterrorista porque impiden el reasentamiento de refugiados en el país. La Ley Patriótica de 2001 y la ley Real ID Act 2005 ampliaron la definición de actividad terrorista a aquellos que den “apoyo material” a terroristas, incluso cuando dicho apoyo no sea siempre voluntario. 

Según el Servicio Jesuita para los Refugiados, el informe alertaba sobre la situación concreta de los refugiados en Colombia y Tailandia. En Colombia, las comunidades locales irregulares se ven obligadas a entregar alimentos y otros suministros bajo la amenaza de tortura, secuestro o ejecución. Esto afecta a casi el 70% de los refugiados colombianos. El informe habla de la posición en que se encuentran los refugiados birmanos que deben colaborar con organizaciones étnicas y religiosas vinculadas a grupos en armas contra las autoridades birmanas. Concluye que ninguno de estos colectivos supone una amenaza para Estados Unidos.

El informe mostraba su preocupación por las implicaciones añadidas a la legislación de Estados Unidos. Los países de acogida, que inicialmente recibieron a estos refugiados, lo hicieron porque creían que éstos iban a ser reubicados en otros países. Si disminuye la cifra de refugiados reasentados, muchos países de acogida podrían responder reduciendo su apoyo a los refugiados. De hecho, desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos no ha alcanzado sus objetivos de reasentamiento.

“Sacrificar las necesidades urgentes de protección de los refugiados, que a menudo han sido víctimas, también, del terrorismo, a las distorsionadas definiciones de complicidad terrorista, en lo referente a apoyo material, no tiene sentido”, dijo Mitzi Schroeder, directora de políticas del JRS USA.

“Es cuestión de que los representantes del Congreso y de la Administración, apoyados por los refugiados y la comunidad humanitaria, corrijan esta seria amenaza al liderazgo de Estados Unidos en el reasentamiento de refugiados que supone esta legislación. Uno sólo puede confiar en que, al final, prevalecerán la compasión y el sentido común”, añadió Schroeder.

 

India y EEUU hacen acuerdo de cooperación nuclear

India y Estados Unidos concluyeron un acuerdo de cooperación nuclear civil, informó el consejero indio para la Seguridad Nacional, M.K. Narayanan con motivo de la visita a Nueva Delhi, del presidente estadounidense, George W. Bush.

“Está listo”, dijo Narayanan, interrogado por la prensa para saber si el acuerdo, cuya conclusión fue incierta hasta el final, había sido obtenido.

El acuerdo logrado con motivo de la primera visita a India de Bush es histórico y culmina el reciente acercamiento entre los dos países.

Si es aceptado por el Congreso estadounidense, debe permitir a la India obtener combustible y reactores para fines civiles de parte de Estados Unidos o de otros países.

India, potencia militar declarada desde 1998 (después de una primera prueba nuclear en 1974) no ha firmado el Tratato de No Proliferación nuclear (TNP), lo que le impide una cooperación con los países miembros del Grupo de Abastecedores Nucleares (NSG).

 

Senado aprobó Ley antiterrorista

Despues de dos meses de agitadas negociaciones,el Senado de Estados Unidos aprobó la renovación de la ley antiterrorista,

Pero el Senado acordó añadir nuevas limitaciones al poder del gobierno estadounidense para entrometerse en documentos privados.

Pese a que la Cámara Alta aprobó por votos a favor y cuatro en contra el avance de algunas medidas importantes de la también conocida como “Ley Patriota”, algunos demócratas lamentaron que esas limitaciones serán “insignificantes en la práctica” y pidieron más protecciones a la privacidad de los ciudadanos.

La renovación de la llamada “Ley Patriota” ha sido objeto de un toma y daca entre el Congreso y el Gobierno desde el pasado diciembre, cuando estaba previsto originalmente que expirara esa legislación.

La Casa Blanca había instado al Congreso a que prorrogara la vigencia de varias de las medidas previstas en esa ley, cuyos críticos consideran que limita las libertades civiles, pero que el Gobierno opina que es una “herramienta vital” en la lucha contra el terrorismo.

El pacto con algunos legisladores, afecta a algunas de las disposiciones más polémicas de la ley, entre ellas la obligación de las bibliotecas a proporcionar información sobre las consultas que hagan sus usuarios.

El acuerdo precisa que esa obligación afecta sólo a los servicios de Internet que ofrecen algunas bibliotecas.

El vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, recordó que hace cuatro años el Congreso aprobó esa ley “para darle a las fuerzas de seguridad todas las herramientas necesarias para perseguir a los terroristas dentro de Estados Unidos”.

 

GRAVES OMISIONES EN DEFENSA DE MEXICANO SENTENCIADO A MUERTE EN TEXAS

La defensa del mexicano Ángel Maturino Reséndiz, condenado a la pena capital, pidió a una corte estadounidense “resucitar” el caso y frenar la ejecución, tras hallar graves omisiones en una apelación presentada por su anterior abogado. En una petición interpuesta ante la Corte Federal de Apelaciones Criminales del Quinto Circuito, la nueva defensa de Matutino califica la apelación colocada a su nombre en la corte estatal, como “genérica” y “monótona”.En el texto, según indicó la defensa designada en diciembre pasado, no se abordan asuntos claves mitigantes, como la posible enfermedad mental del acusado, a quien se le dictó como fecha de ejecución el próximo 10 de mayo en Texas.