El negocio de la detención de extranjeros

Por Matteo Dean

En Estados Unidos, como en Europa, el fenómeno migratorio tiene, en su aspecto represivo, su faceta carcelaria. Los centros de detención para ciudadanos migrantes en Europa son realidad políticamente incómoda, pero funcional a un sistema productivo que utiliza los migrantes desprotegidos que salen de esos centros y se ofrecen en el mercado laboral sin la mínima garantía y bajo la constante amenaza de volver a ser detenidos. En Estados Unidos la situación resulta ser parecida.

Hasta la fecha, la detención de migrantes en ese país revela otro aspecto: el económico. Si bien en el Viejo Continente mantener migrantes bajo la amenaza del arresto significa despojarlos de toda garantía individual, en Estados Unidos a este aspecto se le añade la posibilidad para unas cuantas empresas de recabar más utilidades por el encierro de esas personas.

Experimento llevado a cabo en los años 80 bajo la administración de Ronald Reagan, durante la llamada “Guerra a las drogas”, la privatización del sector penitenciario ha resultado ser un gran negocio que ha llegado a desarrollarse en los años 90, terminando por ser, actualmente, fuente de ingresos por millones de dólares para unas cuantas empresas privadas.

El endurecimiento de las leyes migratorias estadounidenses y las medidas antiterrorismo de estos años han favorecido la práctica del encarcelamiento de ciudadanos extranjeros. Ya sea por delitos menores, o por ingreso ilegal repetido en territorio estadounidense, el sistema carcelario ha podido desarrollarse a tal punto que hoy día podemos encontrar prisiones nuevas a lo largo de toda la línea fronteriza ­en Texas, Florida y Arizona, sobre todo­, divididas según las personas que ahí se encuentran detenidas: nacionales o extranjeros. Y muchas, si no todas, son gestionadas por empresas privadas.

Estas cárceles para migrantes fueron licitadas con los llamados Criminal Alien Requirements (CAR), convocados por el mismo INS (Servicio de Inmigración y Naturalización), los cuales convocan a instituciones públicas o privadas para la construcción y gestión de “estructuras aptas a detener ciudadanos no estadounidenses”.

Tan sólo en el último CAR, fechado el 29 de noviembre de 2006, el INS pedía espacios para 7 mil personas de “baja peligrosidad”. Una licitación que quizás se cumplirá este año. Si consideramos que en 2006 se calculaba la presencia de 27 mil 500 detenidos “no residentes” en las cárceles estadounidenses ­con un incremento de 6 mil 700 sólo en 2006­ podemos comprender las dimensiones numéricas del fenómeno.

Se calcula que un día de detención de un migrante cuesta en promedio 95 dólares, dinero sale de las arcas públicas y termina en los bolsillos privados de pocas sociedades. Cada cuerpo que intenta cruzar la frontera representa una cifra de un negocio que tiene actualmente una tasa de crecimiento de 35 por ciento anual. Si ese cuerpo logra internarse al país sin antes ser alcanzado por los disparos de otros privados “colaboradores” de la Patrulla Fronteriza, cae en la red represiva que los encarcela y sólo con este hecho puede cobrar factura.