Los activistas dicen que hay urgencia

Más de 500 activistas e inmigrantes de todo Estados Unidos inundaron las oficinas de legisladores en el Congreso pidiendo una reforma migratoria amplia lo antes posible para evitar que, como el año pasado, caigan víctima de la política electoral.

De momento, la estrategia legislativa para avanzar la reforma parece estar cambiando, pero se aseguró que es solo para “agilizarla”.

“Estamos muy preocupados de que [la reforma] vuelva a caer en politiquería de candidatos, de poder. Nuestra comunidad está enfrentando una situación de crisis humanitaria que cada día es más seria”, dijo Ángela Sambrano, directora del Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN).

Los grupos solicitaron además una moratoria a las redadas y deportaciones y acudieron a dependencias del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) a condenar los efectos de los operativos.

Entre tanto, consideraciones de política electoral parecen influir en los esfuerzos que pretenden producir una ley que los dos partidos apoyen.

Se indicó que las consultas continúan a todos los niveles pero para agilizar el proceso el senador demócrata de Massachussets, Edward Kennedy, quien encabeza los esfuerzos en el Senado, ha optado, de momento, por proponer como base del debate el proyecto bipartidista que el Comité Judicial del Senado aprobó el año pasado.

Este contemplaba una vía de legalización adquirida para millones de indocumentados ­sin dividirlos en categorías­, un plan de trabajadores temporales, así como mecanismos de seguridad fronteriza y de verificación de elegibilidad de trabajadores, entre otras cosas.

Los demócratas, ahora en mayoría, dicen que para aprobar cualquier medida necesitan de 20 republicanos en el Senado y de 40 a 50 en la Cámara Baja. Y los republicanos acusan a los demócratas de querer otorgar amnistías, mientras la Casa Blanca dice que apoya la reforma integral y negocia con aliados republicanos del Congreso un lenguaje que garantice votos republicanos.

“Ya empezó la campaña presidencial de 2008 y ahorita [los demócratas] se están posicionando para mantener las dos cámaras y ganar la presidencia. No quieren tomar temas candentes que los lleven a un debate donde hay mucha controversia”, opinó Sanbrano.

 

Ayudar a los que no los ayudan

La pérdida fue grande para los productores, para los intermediarios, para los distribuidores e incluso para el consumidor, pero tal vez los más afectados por las heladas en el Valle Central y en el sur de California son los trabajadores inmigrantes del campo, que perdieron su ingreso desde noviembre pasado y están en una situación desesperada.

Para solucionar esta situación, organizaciones de activistas de Santa María, en el condado de Santa Bárbara, y de la ciudad de Los Ángeles, lanzaron una convocatoria para crear un banco de comida y una campaña de recaudación de fondos, a fin de mejorar las condiciones de estas familias en tanto se reactiva la actividad agrícola en la región.

En esta ocasión se ha sentido más fuerte por las heladas, pero es algo que se repite año con año. Vienen en busca de trabajo pero no cuentan con los requisitos para servicios sociales porque gran parte de ellos no tienen papeles. Los apoyos con los que cuenta el Gobierno no llegan a la gran mayoría de la gente del campo porque no cuentan con los requisitos para estos programas.

Ana Rizo, directora ejecutiva de Pueblo, explicó que cerca de 20 mil campesinos en todo el estado se han quedado sin ingreso a raíz de la pérdida en las cosechas. “Los campesinos son los que cosechan la comida que nos alimenta y no es justo que el 90% de ellos no tengan comida para ellos mismos”, señaló.

No se cuenta con cifras exactas sobre cuántas de estas personas viven en la región de Santa María, y aunque una encuesta reciente arroja que al menos 365 familias carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas, la activista considera que la cifra real podría ser muy superior a esta.

Pueblo, en conjunto con la organización Caridades Católicas, también en Santa María, la Asociación Oaxaqueña de Negocios (AON) y el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), realizará un evento musical el próximo domingo 1º de abril para recaudar alimentos y donativos económicos para las familias afectadas, aunque la ayuda se puede entregar contactando a estas organizaciones.

 

Las redadas y la ansiedad

Creo que muchos de nosotros escuchamos o vimos en las noticias sobre la redada que ocurrió en Mishawaka algunos días atrás. Cuando sucede este tipo de situaciones se aumenta la ansiedad no solo de los inmigrantes sino de toda la comunidad. Realmente lo lamento mucho por las familias e individuos que han sido impactados y espero que pronto puedan recuperarse emocionalmente.

Permítanme darle algunos consejos sencillos cuando situaciones de esta índole ocurren.

Primero, mantenga la calma. Para mantener la buena salud mental es importante mantenerse relajado y llenar su mente de pensamientos positivos. Estoy consciente de que no es fácil pensar en cosas positivas cuando existe la posibilidad de una redada, pero lo importante es tratar de enfocarse en pensamientos que son placenteros.

Segundo, si tiene hijos menores de edad, explíquele en forma sencilla lo acontecido. Lo importante de hablar con su hijo es ayudarlo a entender que las familias a veces pasamos por momentos difíciles. Asegúrese de hablar con un familiar o vecino para que hagan un plan de acción en caso de que usted sea detenido. Así usted se asegura de que sus hijos estarán con un familiar y en un lugar seguro.

Tercero, busque apoyo de un familiar o un vecino para que lo ayude a procesar su preocupación y ansiedad. Es mejor que estemos acompañados que estar solos cuando algo nos preocupa.

Cuarto, practique la respiración profunda. Inhale profundo y exhale lentamente. Haga esto varias veces hasta que se sienta más relajado.

En fin, no se sabe si las redadas continuarán, pero es importante mantenerse preparado emocionalmente. Como dicen por ahí, “no hay mal que por bien no venga”.

Gilberto Pérez Jr., MSW, ACSW, QMHP • Northeastern Center, Inc. • Ligonier, IN

 

Reclamos de soldados

Mientras un grupo de estadounidenses marchaba en caravana por el Estados Unidos solicitando más fondos para las Fuerzas Armadas en Irak, una coalición de organizaciones organizó la “Gran Marcha contra la Guerra” en decenas de ciudades en el país.

Ambos movimientos en favor y en contra de la guerra en Irak son para recordar el cuarto aniversario del inicio de la Operación Libertad Duradera, en momentos en que el Gobierno federal está en medio de una gran controversia por las reveladoras historias del Washington Post sobre el Hospital Militar Walter Reed y el maltrato a los soldados que regresan heridos de la guerra.

“Por un lado, el gobierno de George W. Bush nos pide que apoyemos a nuestras tropas, pero el mismo Gobierno contradice su postura al no apoyar a los veteranos de la guerra cuando regresan “, explicó Carlos Álvarez, portavoz de la coalición Actúa Ahora y Detén la Guerra y el Racismo.

“Lo que buscamos es presentar la verdadera realidad que los soldados enfrentan cuando regresan heridos de Irak. Las condiciones deplorables en las que los reciben en el hospital de Washington”, agregó Álvarez.

De acuerdo con información del Gobierno, más de 3,160 soldados estadounidenses han muerto desde 2003 y más de 21 mil han regresado heridos de la guerra.

El senador demócrata Max Cleland ha indicado que por lo menos un tercio de los soldados que combaten ahora en Irak y Pakistán regresarán con algún tipo de enfermedad mental por el resto de su vida.

Por otro lado, la caravana que inició el pasado 8 de marzo en San Francisco, California y viajará a lo largo del sur del país para luego ir a Washington, D.C., realizó una manifestación en la capital del país para solicitar el apoyo del Congreso al Ejército.

“Tenemos que mostrarle a los hombres y mujeres en uniforme que estamos unidos con ellos en la lucha contra el terrorismo. Es importante demostrarles nuestro apoyo y decirles que estamos orgullosos por lo que están realizando por todos nosotros en Irak”, expresa Melanie Morgan, presidenta de la organización.

Jesse Acosta, comandante hispano que quedó ciego, perdió parte de su dentadura y después de un año todavía no termina su tratamiento, ha expresado en entrevistas con su apoyo a seguir la lucha en Irak. Pero también ha manifestado su preocupación por las condiciones que los soldados heridos tienen que enfrentar en Estados Unidos, luego de haber luchado por la libertad lejos del país.

Su esposa, Consuelo Acosta, manifestó su tristeza por el deterioro de las instalaciones y la falta de conocimiento del personal del hospital sobre los males que genera esta nueva guerra a los soldados que llegan heridos de Irak.

 

No mentirás

El ex asesor de la Casa Blanca, Lewis “Scooter” Libby, fue declarado culpable de mentir y obstruir la investigación sobre la filtración de la identidad de la ex espía Valerie Plame en julio de 2003.

Libby es el funcionario de más alto rango en ser condenado por un delito grave desde el escándalo Irán-Contras, relacionado con la financiación ilegal de la “contra” nicaragüense.

El ex jefe de gabinete del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fue acusado de cinco de los cuatro cargos que se le imputaban y afronta hasta 30 años en prisión, aunque los expertos adelantan que la sentencia será muy inferior a la pena máxima estipulada.

En un comunicado el vicepresidente Cheney aseguró que se siente “desilusionado” por la condena y “entristecido” por Libby y su familia.

“Me sorprendería mucho si le caen más de 10 años”, dijo Anthony Bouza, un abogado de Los Ángeles, quien destacó que será interesante ver si el presidente George W. Bush opta por perdonar a Libby durante sus últimos días en la Casa Blanca a finales de 2008.

El sistema estadounidense otorga al Presidente la capacidad de condonar penas a criminales, una medida por la que han optado gobernantes como Bill Clinton, que exoneró al multimillonario Marc Rich antes de abandonar el poder.

A la espera de que se conozca la sentencia a principios de junio, los analistas destacan que el juicio ha recordado a la opinión pública los dudosos motivos a los que se aferró el Gobierno de Estados Unidos para justificar la invasión de Irak en marzo de 2003.

El caso contra Libby mostró, además, a una Casa Blanca ansiosa por desacreditar a sus críticos.

El crítico en cuestión fue Joseph Wilson, ex diplomático y marido de Plame, quien acusó a la Administración republicana de manipular la información de inteligencia para lanzar la contienda contra Irak. Wilson tachó de “falsa” la afirmación de que Saddam Hussein había intentado adquirir material atómico en África, dato que Bush incluyó en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2003. El ex diplomático diría después que la filtración del nombre de su esposa había sido una venganza contra él.

Libby fue uno de los funcionarios que trabajó sigilosamente dentro de la Casa Blanca a favor de la guerra contra Irak y también uno de los que participó en la campaña de descrédito contra Wilson al hablar con varios periodistas sobre el trabajo de Plame.

 

Piden oportunidades para seguir creciendo

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en ingles), la organización hispana de derechos civiles y acción política más grande de Estados Unidos, se unió a la Coalición United We DREAM para instar a que el Congreso apruebe el proyecto de ley del Senado que fue presentado junto con el proyecto de ley homóloga de la Cámara de Representantes, American Dream Act.

Estos proyectos de ley bipartidistas permitirán que estudiantes inmigrantes que fueron criados en Estados Unidos y se graduaron de secundarias allí tengan la oportunidad de realizar sus estudios superiores y tener un camino hacia la ciudadanía. “Desde que el DREAM Act fue presentado por primera vez en el 2001, más de 390.000 de los mejores estudiantes en este país se han graduado de la secundaria con ninguna esperanza de realizar sus estudios superiores. No podemos dejar que este talento continúe siendo malgastado. Ahora es la hora para que el Congreso apruebe el DREAM Act y permita que el tremendo potencial que estos estudiantes tienen pueda ser aprovechado por nuestras comunidades y nuestro país”, enfatizó Janet Murguía, presidenta de NCLR.

Cada año, secundarias estadounidenses entregan diplomas a 65.000 jóvenes cuyos padres los trajeron a este país cuando eran bebés o muy pequeños. Aunque estos alumnos tienen las bases académicas para realizar sus estudios superiores, el estatus de inmigración les impide aprovecharse de las oportunidades que hacen que dicha educación sea asequible. Estas oportunidades incluyen matrículas a precios estatales, préstamos y subvenciones, la mayoría de las becas privadas, y la habilidad de poder trabajar de manera legal para costear sus estudios. El DREAM Act y el American Dream Act abrirán el camino para que muchos más jóvenes puedan superarse. “Estos estudiantes son estadounidenses en cada aspecto menos en uno. Sencillamente no pueden aprovechar la oportunidad de educarse y superarse en la vida cuando hay tantos otros estadounidenses que no valoran este hecho. El DREAM Act permitirá que estos jóvenes puedan convertirse en el tipo de ciudadanos que este país necesita, ciudadanos productivos y responsables que pagan sus impuestos”, afirmó Murguía.

La Coalición United We DREAM es una alianza amplia de organizaciones nacionales y locales en todo el país que incluye grupos educativos, religiosos, de derechos civiles y de inmigrantes.

Para más información sobre NCLR o la Coalición United We DREAM favor de contactarse con Melissa Lazarín al (202) 785-1670 o mlazarin@nclr.org.

 

Siguen las redadas

Fueron arrestadas 36 personas bajo sospecha de ser indocumentadas durante una redada en la fábrica Janco Composites, de Mishawaka, planta encargada de producir materiales de fibra de vidrio para varias industrias.

Los oficiales del Departamento de Ejecución de Inmigración y Aduana de Estados Unidos rodearon la instalación, localizada en Logan Street, venían aperados con un autobús que se llevó a los detenidos, mientras algunos oficiales permanecieron en la escena para continuar la investigación. Tenían una orden de aprehensión criminal.

Según los reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), de los arrestados 16 fueron hombres y 20 mujeres, de los cuales 35 son mexicanos y una persona de El Salvador.

La investigación se desencadenó hace varias semanas, cuando una trabajadora fue arrestada por utilizar un número de seguro social falso con la intensión de mantener su trabajo en Janco, donde fue contratada en 2001. El ICE reporta que esto es parte de una investigación que inició en 2006. “Es parte de una estrategia de ejecución permanente, el ICE arresta a los trabajadores ilegales y procede cargos criminales a aquellos empleadores que a sabiendas contratan o continúan empleando a trabajadores ilegales,” dijo Elissa A. Brown, agente especial a cargo de las oficinas de Investigación del ICE en Chicago, delegación encargada de otros seis estados en el medio oeste del país.

En la compañía Michael Bianco, Inc., de New Bedford, que produce chalecos salvavidas y mochilas para la milicia de Estados Unidos, fue blanco de una redada por emplear trabajadores ilegales y a 350 fueron detenidos.

Los empleados de la planta describieron una escena llena de terror. Primeramente se les dijo a los trabajadores, en su mayoría guatemaltecos y salvadoreños, que permanecieran en sus estaciones de costura mientras los oficiales revisaban su estado legal. Comenzó el desorden y algunos con pánico intentaron escapar. Los testigos dicen que algunos policías cuidaban las salidas mientras otros apañaban a los que intentaban huir, gritándoles que se acostaran en el suelo, mientras algunos sacaban sus armas. Los empleadores que intentaron salir del edificio encontraron que la Policía tenía rodeado el lugar y tuvieron que regresar.

Los activistas de inmigración locales dijeron que fue la redada migratoria más grande de esa área.

Más allá, en la corte del distrito en Boston, el propietario de una fábrica y tres de sus gerentes fueron arrestados y culpados con cargos de conspiración para animar o inducir a inmigrantes ilegales a vivir en Estados Unidos y conspiración para contratar a inmigrantes ilegales. Ahora enfrentan una sentencia máxima de seis meses de prisión y multas de 3,000 dólares por cada inmigrante ilegal que contrataron a sabiendas.

 

Consecuencias de las redadas

Estos son los efectos secundarios ocultos del esfuerzo del Gobierno por localizar y deportar a los inmigrantes ilegales: niños abandonados en guarderías o entregados a parientes poco capacitados, hermanos mayores dejados a cargo de sus hermanos menoresÉ

Cuando los padres que son inmigrantes ilegales son levantados en sus casas o áreas de trabajo, algunas veces se quedan sus hijos. Esta es una complicación que hace muy difícil la aplicación de la ley de inmigración en contra de las personas que han hecho su hogar y crían a su familia en Estados Unidos.

Tres millones de niños nacidos allí tienen al menos un padre que es inmigrante ilegal. Una de cada diez familias norteamericanas tiene un estatus de inmigración mixto, o sea que al menos un miembro es un inmigrante ilegal, según el Centro Hispano Pew. Los niños nacidos en Estados Unidos automáticamente son ciudadanos y no son sujetos de deportación.

En Massachussets, la mayoría de los trabajadores detenidos en la fábrica de New Bedford eran mujeres con hijos. Esto desencadenó una “crisis humanitaria”, según el gobernador demócrata Deval Patrick.

Los activistas comunitarios, al ver la situación, se apresuraron para localizar a los niños, ofrecer consejo a los padres que no estaban familiarizados con cambiar pañales y calentar leche, y recolectar donaciones de artículos para bebé. Un bebé que tomaba leche de pecho tuvo que ser hospitalizado por deshidratación, debido a que su madre continuaba detenida. Se tuvieron que hacer arreglos para el cuidado de 35 pequeños.

Oficiales de la división de Inmigración y Aduanas dejaron en libertad a 60 trabajadores que eran los únicos cuidadores de sus hijos, pero más de 200 personas fueron enviadas a los centros de detención en Texas y Nuevo México.

“¿Qué le va a pasar a los niños? Estos niños son nacidos en territorio americano,” dijo Helena Marques, directora ejecutiva del Centro para Asistencia a Inmigrantes en New Bedford. “Hay cientos de niños allá afuera sin sus madres, con una necesidad tremenda. Los bebes ahora son víctimas de un problema que los legisladores no pueden resolver”.

¿Y el destino de los padres? “El ser padre soltero o el único proveedor en casa no le ofrece ninguna protección de la deportación”, dijo un representante del ICE, Mike Keegan.

Bajo la presión de intensificar sus medidas con los inmigrantes ilegales, el ICE ha intensificado su labor de ejecución a lo largo del país. Estos esfuerzos han tenido también sus resultados, desde mayo del año pasado, en una operación particular llamada Return to Sender, deportaron a 13,000 personas. Otras iniciativas federales han detenido a otros miles de personas. Sin embargo, las redadas han provocado un grito de protesta por parte de los abogados de inmigrantes y activistas quienes dicen que miles de familias se están quebrantando.

Luego de la redada de casi 1,300 personas en diciembre Swift & Co. en Texas, Colorado, Minnesota, Iowa, Nebraska y Utah, los activistas reportaron que habían quedado niños solos y la empresa Swift le donó 300,000 dólares a las agencias de United Way para ayudar a las familias afectadas. Las caridades católicas en Denver les han brindado asistencia a cerca de 160 familias o personas. Parte de la ayuda ha sido cheques de renta e hipoteca, pagos de luz y agua, certificados de regalo para teléfono y abarrotes.

“Como país no debemos arriesgar a nuestros ciudadanos más jóvenes al hambre, a la falta de hogar o vivir sin padres”, dijo Ali Noorani, director ejecutivo de la Coalición y Abogacía para Inmigrantes y Refugiados de Massachussets. “Nuestro sistema de inmigración tiene que estar perfilado con valores”.

 

ESTALLA ESCÁNDALO EN EU POR DESPIDO DE FISCALES

El procurador general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, rechazó llamados por su renuncia pero aceptó que “hubo errores” en el despido de ocho fiscales federales que provocó una tormenta política y denuncias sobre motivaciones políticas. Gonzales se declaró responsable por los errores en el relevo el año pasado de ocho de los 93 fiscales federales del país, pero puntualizó que no lamenta haberlo hecho, en una conferencia de prensa en la que sin embargo aseguró que no sabía todo lo que ocurría en una dependencia que como el Departamento de Justicia tiene 100 mil empleados. De hecho, hizo hincapié en que la persona encargada de hacer la revisión había sido su asistente Kyle Sampson, quien renunció el lunes.

 

Cada vez más indigencia

Más de 750 mil personas viven sin saber bajo qué techo dormirán.

Estados Unidos tiene más de 750 mil indigentes, una cantidad que está colmando la capacidad de los refugios y servicios sociales. El Departamento de Viviendas y de Desarrollo Urbano calculó que había 754 mil indigentes en 2005, incluidos aquellos que vivían en refugios, en viviendas “de transición”, o simplemente en las calles. Eso significa que hay un déficit de 300 mil camas en refugios y en viviendas de transición.

Los indigentes se congregan en refugios de emergencia durante todo el año y se vuelcan en refugios especiales en los meses más fríos, según informa el último estudio del Gobierno.

El censo del año 2000 calculó que había 170,700 indigentes, pero muchos expertos señalaron que era una cifra muy inferior a la real. En 1996, el Instituto Urbano usó datos recolectados por la Oficina del Censo para calcular que había entre 640 mil y 840 mil indigentes.

“Comprender la indigencia es un paso necesario para ponerle fin, especialmente para personas que sufren condiciones crónicas como enfermedades mentales, drogadicción, o incapacidad física”, dijo Alphonso Jackson, secretario de dicho departamento, en la presentación del informe. La entidad hizo el cálculo usando datos recogidos por agencias locales que atienden a los desamparados, las cuales también recolectaron información sobre la raza, el sexo y el estatus de incapacidad de personas alojadas en refugios y en viviendas en transición entre febrero y abril de 2005.

 

Ahora, ayudarán

El presidente George W. Bush dijo que Estados Unidos destinará millones de dólares a nuevos y existentes programas de asistencia a América Latina en los rubros de educación, salud, vivienda y comercio, entre otros, porque la pobreza que frena el avance en estas áreas “es un escándalo y es un reto”.

Los críticos de la Administración argumentan que Bush ha ignorado la región pero muchos analistas coinciden en que la gira que hizo por Latinoamérica es importante aunque sea casi al final de su término si ello supone la discusión de los asuntos de interés para ese continente.

Bush ofreció un discurso ante la Conferencia Legislativa Anual de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC) como preámbulo a la gira y allí pasó revista por los programas que su administración ha implementado y los que planifica ampliar para garantizar el avance democrático y económico en Latinoamérica. “Los pobres de América Latina necesitan un cambio y Estados Unidos está comprometido con ese cambio. Es en nuestro interés nacional ayudar al éxito de la gente en las democracias de nuestro vecindario”, dijo Bush.

“Cuando nuestros vecinos son prósperos y pacíficos eso supone más seguridad para nuestra propia gente”, dijo Bush. Siguió sin mencionar al presidente venezolano, Hugo Chávez, pero sí habló de las similitudes entre Simón Bolívar y George Washington, entre otras, que ambos “pertenecen a todos nosotros los que amamos la libertad”.

Previo al discurso de Bush, su asesor de seguridad nacional, Stephen Hadley, indicó que muchas de las iniciativas de Bush en Latinoamérica han sido opacadas por el énfasis en la lucha antiterrorista y temas de narcotráfico y comercio. Y dijo que desde que Bush asumió su cargo, Estados Unidos ha destinado más de 1,600 millones de dólares en programas de asistencia a Latinoamérica.

Bush dijo que una de sus metas es que en Latinoamérica cada niño tenga acceso a una escuela decente, un objetivo “grande pero necesario”. Aunque el Gobierno ha destinado más de 150 millones de dólares a programas educativos en los pasados tres años, asignarán otros 75 millones en tres años a programas para que jóvenes aprendan y mejoren su inglés y tengan la oportunidad de estudiar en Estados Unidos.

En el rubro de la salud, indicó que establecerán en Panamá un centro de entrenamiento de profesionales que servirá a toda Centroamérica. Asimismo, el buque militar Comfort hará escalas en varias naciones latinoamericanas y el Caribe para atender a 85 mil pacientes y conducir 1,500 cirugías.

 

Reacciones por la redada de Mishawaka

Las emociones están a flor de piel en la comunidad hispana desde la redada migratoria en una fábrica de Mishawaka.

En el ámbito religioso, la Iglesia de San Adalberto llevó a cabo una velada de oración por las personas arrestadas y sus familias. Muchos familiares lloraron al relatar sobre las capturas. El padre Chris Cox dijo que aunque muchas personas fueron a la velación, otros tantos se mantuvieron alejados por miedo. “Para empezar, la gente ya estaba atemorizada y con esto se amplificó la sensación”, dijo Cox. “Algunas personas no quisieron entrar cuando vieron los autos de la prensa, porque pensaron que algo estaba sucediendo aquí adentro”, agregó.

Varios donaron dinero para las familias afectadas después de la velada, y también firmaron peticiones para una reforma migratoria.

En lo civil, el representante estatal Mathew Bell, del distrito R-Ligonier, fue llamado por las autoridades para apaciguar los ánimos de los residentes locales y la comunidad hispana tras la redada. El representante se reunió con 100 miembros de la comunidad hispana y miembros del programa “Bienvenido,” diseñado para aumentar el conocimiento general de la salud mental.

A través de un intérprete, Bell enfatizó que los miembros de la comunidad, tanto legales como indocumentados, pueden hacer una gran diferencia. Aunque admite que las redadas recientes han causado mucha ansiedad, está complacido con la respuesta de la sociedad. Dijo que la gente debe aprovechar el apoyo y los programas brindados por las iglesias e instituciones. Aseguró que existía la posibilidad de que ocurrieran más redadas, dependiendo el estado de la economía.

Por otro lado, con respecto al tema de las licencias, Bell opinó, “los oficiales de Policía locales y estatales pueden detener a un indocumentado por manejar sin licencia, así como me pueden detener a mí por manejar sin licencia. Pero no pueden detener a alguien por una violación de migración”.

Entre otras cosas, Bell aceptó que “el sistema está quebrado” haciendo notar que no es realista que la gente ignore que existen de 10 a 20 millones de trabajadores indocumentados en el país.

 

Estados Unidos Viola derechos humanos?

El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo fue emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero uno de los países que más ha provocado críticas a escala mundial no está entre los calificados por el gobierno de George W. Bush.

La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, presentó el Informe de Prácticas de Derechos Humanos de Países 2006 y dijo que es parte de un ejercicio anual que habla del “continuo apoyo de Estados Unidos a esas libertades fundamentales abarcadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y afirmó que esos “derechos básicos deberán ser la fuente de la justicia en cada sociedad”. Y con la presentación del informe, dijo: “Nos comprometemos de nuevo a llamar a cada gobierno a rendir cuentas si todavía trata los derechos básicos de sus ciudadanos como opción en lugar de, en palabras del presidente Bush, demandas no negociables de la dignidad humana”.

Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional estadounidense, opinó que mientras la organización “da la bienvenida al énfasis de rendir cuentas en el informe, no puede ser percibido creíblemente como líder mundial de los derechos humanos hasta que Estados Unidos cambie sus propias políticas de mantener de manera indefinida a detenidos en cárceles secretas y sin derechos básicos”.

Por su parte, Human Rights Watch instó al Congreso a aprobar un proyecto de ley introducido para cancelar la práctica de “rendiciones extraordinarias”, secuestro y envío de detenidos a países donde arriesgan ser torturados. “Bajo la ley internacional enviar alguien a ser torturado es tan ilegal como realizar la tortura”, señaló.

El diario New York Times publicó un editorial sobre el tema y dio una serie de recomendaciones inmediatas para reparar los daños a la democracia estadounidense, incluyendo la restauración del habeas corpus (el derecho antiguo que obliga a un gobierno a justificar el encarcelamiento de un individuo), suspender el espionaje ilegal de estadounidenses, prohibir la tortura, clausurar las prisiones clandestinas de la CIA en el extranjero, identificar a los “prisioneros fantasmas”, prohibir la práctica de secuestro y envío de sospechosos a terceros países para ser torturados, prohibir el uso de pruebas contaminadas o secretas en casos contra acusados, respetar el derecho de los acusados a un abogado y cerrar la base de Guantánamo. Además, sugirió ofrecer una disculpa oficial a un ciudadano canadiense y otro alemán por haber sido secuestrados y torturados por agentes norteamericanos.

Mientras Canadá dio una disculpa formal y pagó casi 9 millones de dólares de compensación por un caso de un hombre apresado, incomunicado, trasladado y torturado casi un año, Washington se rehúsa a admitir cualquier error. En Alemania e Italia se realizan procesos judiciales contra agentes de la CIA y policías locales involucrados en muchos casos (25 miembros de la agencia estadounidense en Italia y 13 en Alemania).

Al emitir su informe, el gobierno de Bush se declara dispuesto a ser juez, pero no parte de su “compromiso” con los derechos humanos en el mundo.

 

No abandonan la lucha

Decenas de activistas de más de 30 estados iniciaron reuniones de cabildeo ante el Congreso pidiendo un alto a las redadas y las deportaciones, así como tratando de influir el debate de reforma migratoria integral que se iniciaría próximamente.

Además del cabildeo se ha convocado a ruedas de prensa de diversos grupos y otros eventos, mientras se aguarda por la presentación de los proyectos de ley de reforma amplia que se someterán en el Senado y la Cámara de Representantes.

Se calcula que participan cientos de activistas en representación de más de 100 organizaciones provenientes de 30 estados del país. La idea es cabildear presentando ejemplos concretos de como la falta de una reforma afecta a la gente. Por ejemplo, permitiendo que familiares de personas detenidas o deportadas expresen su sentir, o que trabajadores agrícolas hablen de las condiciones laborales que enfrentaron o tienen que enfrentar.

Arnoldo García, de la Red Nacional pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados, uno de los grupos organizadores, dijo que los activistas se han dividido en grupos para tratar de cabildear ante el mayor número posible de legisladores de ambos partidos.

“Sabemos que están negociando [los legisladores]” y, por eso, agregó García, es importante insistir en la urgencia de una vía de legalización adquirida para los millones de indocumentados.

Gloria Saucedo, directora de la Hermandad Mexicana del Valle de San Fernando, indicó que el mensaje que quieren llevar es “principalmente que paren las redadas hasta que se apruebe la reforma migratoria, porque los más afectados son los niños ciudadanos”.

Enrique Morones, director del grupo Ángeles de la Frontera, indicó que desean que los legisladores y funcionarios entiendan el efecto devastador de las redadas y las deportaciones sobre las familias trabajadoras y “como están sembrando el terror en nuestras comunidades”. Igualmente, agregó que esperan presentar las historias recabadas en la Marcha Migrante que se condujo el mes pasado por estados fronterizos que le colocan un rostro humano a las peticiones de la comunidad inmigrante. Por ejemplo, las historias de estudiantes talentosos cuya situación migratoria pone en peligro la posibilidad de que puedan sacar provecho a su potencial y contribuir al avance del país.

Se espera que el proyecto bipartidista de reforma amplia ofrezca una vía de legalización adquirida para millones de indocumentados que llenen una serie de estrictos requisitos, pero no los dividiría en categorías como la medida que el Senado aprobó en mayo de 2006.

Se anticipa además un plan de trabajadores temporales, aunque queda por definirse si permitirá que esos futuros trabajadores puedan regularizar su situación migratoria eventualmente o si sólo permitirá que trabajen cierto tiempo y regresen a su país de origen.

 

Cerca de la esclavitud

Muchos trabajadores huéspedes viven una situación cercana a la esclavitud, se los engaña sobre sus salarios y se los fuerza a vivir en condiciones infrahumanas, sin beneficios médicos y con miedo a sus patrones, según un estudio realizado por Southern Poverty Law (SPLC).

El informe denuncia las “miserables” condiciones de vida que sufren los trabajadores temporales. “El sistema migratorio actual es vergonzosamente abusivo en la práctica y apenas se aplican los derechos de los trabajadores”, manifestó en un comunicado Mary Bauer, directora del Proyecto Justicia para Inmigrantes del SPLC y autora del trabajo.

El estudio describe la situación que viven concretamente los trabajadores acogidos al visado H2, administrado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Los visados H2, creados en 1943 con la importación de trabajadores para cubrir la falta de mano de obra en la industria de la caña de azúcar, están divididos actualmente en dos categorías (H2-A, para trabajadores agrícolas, y H2-B, para trabajadores no agrícolas) tras la reforma realizada por el Congreso en 1986.

Bauer señaló que en 2005, al país acudieron un total de 121 mil trabajadores huéspedes, de los cuales 32 mil se acogieron al H2-A y 89 mil al H2-B, principalmente destinados a la silvicultura y la construcción.

“Los trabajadores huéspedes son, normalmente, gente pobre atraída por la esperanza de encontrar trabajos decentes, pero por desgracia, sus sueños topan con un sistema que los trata como mercancía”, sostuvo Bauer.

Por su parte, el presidente de SPLC, Richard Cohen, indicó que “el maltrato a los trabajadores huéspedes es uno de los mayores problemas de nuestro tiempo en cuestión de derechos civiles”. Y consideró que “el problema fundamental del visado H2 es que los patrones pueden decidir qué trabajadores pueden venir a Estados Unidos y cuáles no” y criticó “la impotencia” de estos cuando pretenden hacer uso de sus derechos. “Si se quejan de los abusos a los que son sometidos, pueden sufrir cualquier tipo de represalia o incluso ser puestos en una ‘lista negra’ para ser deportados”, comentó Bauer.

El informe documenta, entre otros muchos, el caso de Hugo Martín, un antiguo trabajador huésped procedente de Guatemala que tuvo que pedir prestados a su familia “cientos de dólares” como pago de las cuotas (obtención del visado, coste del billete) a una agencia privada para acceder a un trabajo en la nación.

Bauer manifestó que el programa para trabajadores huéspedes “no debería servir como modelo para la reforma migratoria integral” e incluso consideró que “tendría que ser revisado en el caso de que siga vigente”. El representante de SPLC consideró que “el Congreso tiene ahora la oportunidad de eliminar o, al menos, de mejorar este programa para convertirlo en uno justo”.

 

Están en camino prisioneros de Arizona

Ya que un estado necesita más camas en su prisión y a otro le sobran, habrá un reajuste de reos entre los estados de Arizona e Indiana. Arizona enviará a 1,260 prisioneros masculinos de mediana seguridad a la prisión estatal de Indiana.

Los primeros 104 fueron enviados a la prisión estatal de New Castle, 40 millas al este de Indianápolis. Esta prisión abrió sus puertas en abril de 2002 y actualmente tiene 1,038 reclusos, aunque posee capacidad para 2,416. Por esta razón recibe reclusos de fuera del estado. “De esta manera, alcanzará su capacidad y podrá contratar a más de 300 ciudadanos en una comunidad”, dijo el gobernador de Indiana, Mitch Daniels.

A diferencia de la situación en Indiana, el Departamento Correccional de Arizona cuenta con 36,000 reclusos en un sistema diseñado para alojar a 31,000. “No teníamos otra opción, rebasamos nuestro cupo”, aseguró Katie Deber, representante de la prisión en Arizona.

El acuerdo entre los dos estados, un pacto por un año que puede ser extendido por tres consecutivos, requiere que Arizona le pague a Indiana 64 dólares por recluso por día, concluyó Decker.

 

Continúan los retrasos en las oficinas de licencias

Ya han pasado tres meses y los problemas técnicos en la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV) continúan retrasando el envío de las notificaciones para renovación de placas. Los problemas de informática en las oficinas tienen a mucha gente frustrada.

En uno de los casos se le envió un aviso de renovación de placas a una persona, a una dirección donde no había vivido desde hace treinta años.

Greg Cook, representante de la BMV, anunció que no sabe cuánto tiempo puede pasar hasta que se logre cumplir la meta de hacer llegar los avisos a los clientes 30 a 45 días antes de la fecha de vencimiento de sus placas. “Hemos trabajado muy duro para revisar la información, y repartir los registros lo más pronto posible, queremos asegurarnos de que la información es precisa”.

El retraso de la BMV se debe a que la oficina continúa revisando la información de sus clientes, después del cambio de sistemas computacionales que les costó 32 millones de dólares el año pasado. Esto provocó el retraso en los envíos de unas 250,000 notificaciones en enero y en febrero la oficina renovó cerca de un millón de registros.

El representante le envía una disculpa a todos los afectados por este problema del sistema, y reitera que la renovación se puede llevar a cabo por medio de visitas personales a las oficinas, por medio de Internet o en las terminales de autoservicio.

 

Más fondos para la campaña migratoria

La Coalición por una Reforma Migratoria Amplia (CCIR) anunció que ha recaudado más de cuatro millones de dólares para la campaña de cabildeo ante el Congreso, a fin de lograr este año la aprobación de dicha reforma, y siguen recabando fondos.

La CCIR reúne a grupos nacionales, estatales y locales, pero se sabe que hay otras coaliciones y organizaciones trabajando ante el Congreso por un mismo fin, que es la reforma amplia, y en eso hay que enfocarse, dijo a La Opinión Clarissa Martínez, analista del Consejo Nacional de La Raza (NCLR) que estará a cargo del manejo de la campaña de la CCIR.

De hecho, organizaciones que integran otras coaliciones culminaron dos días de intenso cabildeo ante el Congreso, humanizando las peticiones formuladas por los inmigrantes con casos concretos.

Martínez dijo que es entendible que al haber diversidad de grupos hay diversidad de ideas respecto de lo que debiera o no incluir una eventual reforma integral.

“Va a haber muchos esfuerzos y diferentes tipos de estrategia, pero todos estamos enfocados en la misma meta, que es la reforma integral de inmigración”, indicó Martínez. Por eso, agregó, es importante buscar un punto medio que lleve a la solución de los problemas migratorios porque “si nos vamos a los extremos, todos vamos a perder”. Reiteró que cualquier reforma requiere, asimismo, de apoyo bipartidista para su avance.

El consejo estratégico de la CCIR lo integran, entre otros, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU); la Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA); la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC); el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF); la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), así como grupos que representan a inmigrantes hispanos, asiáticos, irlandeses, africanos y otros.

La representante agregó que seguirán recaudando fondos para lo que se anticipa será una campaña de cabildeo extensa y amplia, que no solo se limita al Congreso sino a obtener apoyo local y estatal a una reforma amplia. Se centrarán en unos 30 estados.

Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo de SEIU, reconoció que en ambas cámaras del Congreso, sobre todo en la Baja, hay diversidad de posturas sobre lo que debe contener la reforma amplia y que por eso la campaña de cabildeo de este año va a estar más organizada y con mayores recursos.

 

Ordenanzas contra inmigrantes en juicio

Cinco meses después de que el Concejo Municipal de Hazleton aprobó una ordenanza que prohíbe a los propietarios alquilar residencias a inmigrantes indocumentados y establece multas a quienes den empleo a un ilegal, un tribunal comenzó un juicio para explorar cuán lejos pueden llegar los gobiernos locales en su afán por combatir la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Aproximadamente 12 millones de inmigrantes sin papeles viven en el país, y docenas de otras comunidades han intentado frenar su ingreso, incluso con propuestas para que se utilice sólo el idioma inglés y medidas para trabajar con las autoridades de Inmigración para denunciar a los indocumentados. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos continúa debatiendo el asunto.

El alcalde republicano de Hazleton, Lou Barletta, quien presionó para la aprobación de las ordenanzas, dijo que los inmigrantes indocumentados se estaban uniendo a pandillas, además de traficar con drogas, cometer crímenes y destruir la calidad de vida en esta ciudad de 31 mil habitantes. “No sólo luchamos por Hazleton, luchamos por las ciudades en todo Estados Unidos”, expresó.

Pero la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y grupos hispanos, que fueron los que demandaron judicialmente a la ciudad, califican las medidas de racistas y causantes de división, además de usurpar la facultad exclusiva del Gobierno federal de regular la inmigración.

El juez de distrito, James Munley, ha prohibido la aplicación de las leyes hasta que concluya el juicio, pero incluso la amenaza de acciones ha llevado a muchos hispanos a abandonar la ciudad. “La ciudad de Hazleton está promoviendo la discriminación”, expresó Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.

En documentos presentados ante los tribunales, se dijo que en Hazleton los inmigrantes ilegales han cometido al menos 47 crímenes desde la primavera, los cuales consumen gran parte del presupuesto de tiempo extra de la Policía. Un tercio de los arrestos relacionados con drogas en 2005 fueron de