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Sin centavos…
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Por Jorge Mújica Murias

Por Jorge Mújica Murias

Que la inmigración está pegada a la economía es cosa que siempre se ha sabido. También, que beneficia económicamente a los países que reciben inmigrantes. Pero ahora resulta que a algunos les está saliendo cara.

En Arizona, el estado que decidió lanzarse contra los inmigrantes, que alimenta la persecución policíaca y los procesos legales contra los indocumentados, el dinero destinado a “combatir la inmigración ilegal” está desviando el presupuesto destinado a parques, bibliotecas y crímenes no vinculados a los indocumentados.

En los cuatro condados fronterizos de Arizona, el costo llegó, en 2006, a 26.6 millones de dólares, dice la Coalición de Condados Fronterizos de Estados Unidos y México. En tanto, en los 24 condados que hacen frontera con México en Arizona, California, Nuevo México y Texas, el gasto de “combatir ilegales” en 2006 fue de 192 millones de dólares. En ocho años, calculan los investigadores, el costo total para “impedir el ingreso de indocumentados, detenerlos y procesarlos” ha sido de 1,200 millones de dólares. El Gobierno federal cooperó con solamente 4,7 millones de dólares a este gasto, a través del llamado Programa de Asistencia contra Delincuentes Extranjeros.

El gasto va más allá de la frontera. El ahora famoso condado de Prince William, en Virginia, gastará 800,000 dólares en “verificar la ciudadanía” de todos sus sospechosos de violar la ley, “sin importar la importancia de su crimen”. Eso le deja exactamente 3,000 dólares al condado para otros gastos en lo que resta del año. Y el programa será aún más caro, porque incluye cámaras en todas las patrullas de la Policía para evitar acusaciones injustificadas de racismo, dice el presidente, Craig Gerhart.

Y sin “ilegales”…

Pero la cosa está aún peor en el estado de Nueva York. El demócrata Steve Levy, jefazo de Suffolk, se aventó otra de esas leyes idióticas (la Ley 52), que dice que las 6,000 compañías que tienen contratos con el condado tienen que probar que sus trabajadores no son indocumentados. Como si fuera poco, también quiere que los policías chequeen el estado migratorio de todo sospechoso. Y un colaborador suyo propuso ampliar la ley 52 a todos los contratistas en su territorio.

Para Robert LaReddola, abogado de un contratista, “le están pidiendo a los constructores que hagan el papel de abogados”. Además de calcular pies cuadrados de construcción, tienen que saber de visas H1-B para trabajadores calificados, de H-2B para trabajadores de la agricultura, y la diferencia con la visa L-1 para trabajadores corporativos, por no decir nada acerca de los varios tipos de residente legal, temporal, permanente, autorizado para trabajar y demás yerbas.

Desde que aprobaron la Ley 52, las autoridades hacen inspecciones con un agente del Departamento del Trabajo y uno de Obras Públicas. Hasta el momento, en 33 empresas inspeccionadas han encontrado un cuate indocumentado.

Para Ricardo Montano, legislador del condado que se opuso desde el principio a la Ley 52, la disposición es totalmente ridícula. En cambio, según Mark Smith, vocero de Levy, es la norma más efectiva del mundo: “El hecho de que se haya encontrado solamente un ‘ilegal’ es prueba de su poder”, asegura. “Es para mantener la honradez de los contratistas, como la ley del IRS, que no hace auditorías a todo el mundo pero consigue que todos declaren sus impuestos”.

Sin embargo, debe destacarse que hay una ley federal que prohíbe contratar trabajadores indocumentados a sabiendas de su condición. Es la Sección 1324a, Título 8 del Código de los Estados Unidos que, simplemente, no se ejerce. La ley lleva 12 años de existencia, y hay un millón de indocumentados por cada año que ha estado en vigor.

La inmigración requiere una solución real, y no leyes que solamente desperdician dinero.