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  • Edición impresa de Marzo 3, 2009.

Derechos de los deudores

Según una encuesta de la Fundación Nacional de Consejería de Crédito (NFCC, por su sigla en inglés), aproximadamente 15 millones de estadounidenses están recibiendo llamadas de agencias de cobranza o están considerando la bancarrota.

Según la organización, la atmósfera actual de incertidumbre económica puede hacer que las agencias de cobro adopten medidas más drásticas hacia los deudores, como llamar o enviar cartas de acreedores antes de lo previsto.

Por ello, la organización recomienda a los consumidores informarse sobre sus derechos ante un proceso de cobranza, contemplados en la “Ley de prácticas justas de cobranza”.

Un cobrador no puede contactar a un deudor antes de las 8 de la mañana o después de las 9 de la noche, ni presentarse en su lugar de trabajo si la empresa que lo emplea no lo consiente. Asimismo, en ningún caso un cobrador puede insinuar o amenazar con recurrir a algún tipo de agresión o utilizar un lenguaje obsceno para intimidar a un deudor. A los cobradores tampoco les está permitido llamar o intentar contactar repetidamente a los deudores para hostigarlos.

En caso de que un deudor quiera frenar los constantes contactos, puede escribir una carta a la compañía de cobro para pedir que cesen los apremios. Una vez que el cobrador recibe la carta, no pueden volver a contactar al deudor, excepto para informarle sobre el cese de las visitas y los contactos.

Muchas agencias de cobro acuden a familiares y amigos del deudor para saber dónde trabaja o vive, algo que pueden hacer una vez, aunque no pueden informar sobre la deuda a nadie más que al deudor y a su abogado.

Si alguien cree que se le está cobrando una deuda que no corresponde, puede impugnarla enviando una carta a la agencia de cobro en la que explique el error. Por ley, la empresa deberá suspender el proceso de cobro después de 30 días de haber recibido la notificación por escrito.

Cualquier denuncia o queja de abuso por parte de una agencia de cobro puede ser reportada ante la oficina del Procurador del Estado o la Comisión Federal de Comercio.

 


 

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