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  • Edición impresa de Marzo 3, 2009.

Finalmente, el e-Verify quedó afuera del plan de recuperación

Si la obligación de verificar la elegibilidad de empleo hubiese llegado a la versión final del paquete de estímulo fiscal promulgado por el presidente Barack Obama, el resultado habría sido potencialmente devastador para millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

La previsión establecía que cada empleador que quisiera beneficiarse con el plan de ayuda del gobierno debía certificar antes el estatus legal de sus trabajadores, pero una sistemática campaña de todas las organizaciones hispanas finalmente logró que la cláusula desapareciera del paquete enviado a la Casa Blanca.

El requisito estaba presente en el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y fue objeto de debate hasta el último minuto en la sesión de la Cámara de Senadores.

Los que defienden la obligatoriedad de uso del e-Verify -nombre con el que se conoce a este programa- sostienen que es la única manera de asegurarse de que el dinero de los contribuyentes beneficie a los legítimos destinatarios en vez de terminar creando empleos para los inmigrantes indocumentados.

Actualmente, el e-Verify es un sistema de uso voluntario por medio del cual las empresas pueden contrastar la información suministrada por un postulante a un puesto de trabajo con la base de datos de la Administración del Seguro Social, y así verificar su elegibilidad para trabajar en Estados Unidos.

Para el Consejo Nacional de La Raza, la mayor organización hispana del país, este hubiera sido el peor momento para ampliar el programa y volverlo obligatorio.

El obstáculo más visible para aquellos que promueven el e-Verify es que la propia agencia que lo creó -el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por su sigla en inglés)- lo tiene actualmente en revisión, bajo la sospecha de estar plagado de errores. El último estudio independiente comisionado por el DHS concluyó que la base de datos utilizada “todavía no está lo suficientemente actualizada para los requerimientos de una verificación precisa”.

Hasta el momento, sólo unos 107,000 empleadores de los aproximadamente 7,400,000 registrados en el país se han adherido al sistema.

La misma titular del DHS, Janet Napolitano, decidió postergar recientemente la obligatoriedad de uso del e-Verify para los contratistas que quieran hacer negocios con el estado.

Lo ideal sería que, al menos hasta que se acuerde una solución integral al problema, el debate migratorio no se dirima enmascarado en cada una de las leyes que pasen por el Congreso.

 


 

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