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  • Edición impresa de Marzo 17, 2009.

Cuestionan el programa migratorio “287g”

Legisladores y grupos cívicos de Estados Unidos cuestionaron la eficacia del controvertido programa migratorio “287g” porque, en vez de arrestar y expulsar del país a peligrosos criminales, las autoridades se han ensañado con indocumentados que cometen infracciones menores.

Según un informe divulgado oficialmente durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, las autoridades policiales han recurrido al programa, no para arrestar a criminales, sino a extranjeros indocumentados, incluso por infracciones de tránsito.

La Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés) destacó los problemas en la aplicación del programa “287g”, que deriva de una ley migratoria de 1996 y que permite que la policía local coopere con los agentes de inmigración en el arresto de indocumentados.

Entre 2002 y octubre de 2008, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que ejecuta el programa, inscribió a 67 agencias policiales en 23 estados y capacitó a un total de 951 agentes locales y estatales, según la GAO.

Sólo que, en algunos casos, los indocumentados han sido arrestados por conducir a alta velocidad. Es por eso que la GAO emitió recomendaciones para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) mejore los controles del programa voluntario.

Las agencias que participan en el programa aseguran que éste ha contribuido a una reducción en los índices de criminalidad y a un aumento de la expulsión de delincuentes reincidentes. La policía del condado de Frederick, en Maryland, se sumó al programa en abril de 2008 y desde entonces, según las autoridades, ha identificado a 337 indocumentados, de los cuales 309 afrontan proceso de deportación. Para refutar los argumentos de los detractores, Charles Kenkins, alguacil de ese condado desde noviembre de 2006, afirmó que el programa contribuye a la seguridad pública. Citó como ejemplos el arresto de un indocumentado por conducir borracho en una zona escolar en horas de colegio, y la deportación de peligrosas bandas criminales. Pero Thomas Manger, jefe de policía del condado de Montgomery, también Maryland, señaló que la vigilancia de las leyes migratorias es una tarea federal y no tiene sentido endilgar esa responsabilidad a la policía local.

Las leyes migratorias son muy complejas y su aplicación por parte de la policía local “minaría el nivel de confianza y cooperación entre la policía y las comunidades migrantes”, advirtió Manger, haciéndose eco de la mayoría de departamentos policiales en Estados Unidos que ha rechazado el programa. La desconfianza, a su vez, hace que los inmigrantes no denuncien crímenes y, “en realidad, los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, tienen más posibilidades de ser víctimas de crímenes que los ciudadanos”, observó.

El programa ha causado la repulsa de la mayoría de las organizaciones hispanas, de grupos pro-inmigrantes y cívicos como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).

William Riley, un funcionario del DHS, dijo que la agencia ha iniciado una revisión de todas sus políticas, incluido el “287g”.

 


 

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