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  • Edición impresa de Marzo 1, 2011

Defensores de los derechos civiles reaccionaron con preocupación ante la aprobación en un comité del Senado de Arizona de una iniciativa que criminaliza el manejar sin licencia de conducir y obliga a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de sus estudiantes.

“Esta propuesta es peor que la SB1070 porque afecta todos los aspectos de la vida de los inmigrantes”, dijo Jennifer Allen, directora de la red de Acción Fronteriza en Arizona.

La propuesta SB1611 es el más reciente proyecto impulsado por el senador estatal republicano Russell Perce, que el año pasado patrocinó la 1070, la primera ley en criminalizar la presencia de indocumentados en el país. La SB1611 fue aprobada por escaso margen por el comité de apropiaciones del Senado estatal, por lo que ahora será debatida en el pleno de la cámara alta.

El proyecto de ley niega a los indocumentados el acceso a colegios comunitarios y universidades de Arizona, prohíbe el uso de matrículas consulares como formas de identificación y propone cancelar las licencias de operación de los negocios que no usen el programa federal “E-verify”. La propuesta, llamada “Ómnibus”, convertiría en delito el manejar sin licencia de conducir, por lo que un inmigrante indocumentado enfrentaría 30 días de cárcel y el decomiso inmediato de su auto.

“Vemos que los legisladores de Arizona insisten en debatir el tema migratorio y no enfocarse en los problemas que enfrenta el estado”, acusó Allen. La activista considera que esta propuesta tendrá un efecto “profundo” no solo en los inmigrantes, sino en la comunidad en general, ya que establece sanciones contra empleados públicos que se nieguen a aplicar las nuevas regulaciones.

En total, el comité de apropiaciones aprobó seis proyectos de ley contra la inmigración ilegal, entre los que destacan dos iniciativas que pretenden negar la ciudadanía estadounidense automática a los hijos de inmigrantes indocumentados. En caso de convertirse en ley, Arizona sería el primer estado en los Estados Unidos que otorgaría un acta de nacimiento diferente a los hijos de indocumentados. El comité también aprobó otra regulación que obligaría a los hospitales verificar el estatus migratorio de las personas que acudan a solicitar servicios médicos.

Allen considera que será difícil frenar este tipo de propuestas debido al control del Partido Republicano en ambas cámaras de la legislatura. En su opinión, si estas propuestas llegaran al escritorio de la gobernadora Jan Brewer existe la posibilidad de que sean ratificadas.

Por su parte, la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en Arizona, aseguró en un comunicado que la propuesta SB1611 dividirá y separará familias, ya que requiere que las autoridades del Departamento de Vivienda estatal desalojen de sus hogares a inmigrantes indocumentados.

 

 


 

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