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  • Edición impresa de Marzo 6, 2012

Argentina • Jornada demanda el fin de la megaminería

El jueves 23 de febrero la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, fue tomada por manifestantes contrarios a la megaminería. La intención fue fortalecer las manifestaciones que están en marcha hace más de dos meses y pedir la derogación de las leyes mineras, el fin de la ley antiterrorista, la no criminalización de las/los luchadores, el fin de la represión y el respeto a los recursos naturales y a la autodeterminación de los pueblos.

La Jornada Nacional Contra la Megaminería, que fue convocada por la Unión de Asambleas Ciudadanas – UAC, ha recibido apoyo de 335 colectivos, asambleas, redes, organizaciones, frentes y corrientes políticas.

A la medida que la minería crece en Argentina, también aumenta la oposición a esta actividad ofensiva contra el medio ambiente y contra las personas. Una manifestación de ello es que desde hace dos meses la población del Norte del país está llamando la atención de sus gobernantes sobre los perjuicios provocados por la minería. Belén, Famatina, Andalgalá, Amaicha, Tinogasta y Cafayate son ejemplos de municipios que están en movilización constante para proteger sus aguas y demás recursos naturales de las garras de las empresas mineras.

Hasta el momento, ha sido posible conseguir resultados positivos. En Famatina, un poblado de sólo 6,500 habitantes, la firmeza y constancia de las acciones logró la suspensión de un proyecto de minería a cielo abierto que produciría a la empresa unos 25 mil millones de dólares, en un período de 30 años.

Esta victoria animó a las poblaciones de Catamarca y Tucumán, que hace tres semanas comenzaron una protesta, bloqueando el ingreso de los camiones que abastecían al mayor yacimiento mineral de la Argentina, en Bajo de la Alumbrera (oro y cobre). La acción condujo a la detención de 22 manifestantes, entre ellos algunos ambientalistas, quienes fueron puestos en libertad unas horas más tarde.

En La Rioja, diez mil personas realizaron una marcha en contra de un proyecto de la empresa minera canadiense Osisko. El gobernador Luis Beder Herrera, a quien la gente demandaba su renuncia, decidió suspender el proyecto hasta obtener apoyo social.

 

 


 

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