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  • Edición impresa de Marzo 6, 2012

Trabajadores migrantes marchan contra los despidos injustos

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BERKELEY, CA- Doscientos trabajadores inmigrantes, sus esposas, esposos, hijos y cientos de simpatizantes marcharon por el centro de Berkeley el pasado 17 de febrero, protestando por su despido de Pacific Steel Castings. La compañía es uno de los empleadores más grandes de la ciudad y la fundidora de acero más grande al occidente del río Mississippi. Los manifestantes comenzaron en City Hall, caminaron durante una hora frente a casas y negocios, mientras muchos admiradores aplaudían a su paso. Los maestros y alumnos de una escuela Montessori que se encuentra en la ruta incluso salieron a animarlos.

En una reunión antes de iniciar la marcha, el trabajador despedido, Jesús Prado, le dijo a los congregados, “Yo trabajé para Pacific Steel por siete años. Hemos organizado esta Marcha por la Dignidad porque queremos que nos dejen de pisotear, de tratarnos como criminales. Venimos aquí a trabajar, no a quebrantar la ley”.

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“Muchos de nosotros estamos comprando nuestras casas, o hemos vivido en ellas por mucho tiempo”, agregó otra trabajadora despedida, Ana Castaño. “Tenemos a nuestros hijos en la escuela. Pagamos impuestos y contribuimos con la comunidad. Lo que está sucediendo no es justo, lastima a nuestras familias. Lo único que hicimos fue trabajar. Eso no se debe tratar como un crimen”.

El miembro del Consejo Jesse Arreguin estuvo de acuerdo. “Estamos aquí hoy para mandar un mensaje a la administración de Obama: que las redadas I-9 tienen que parar”, le dijo a la multitud.

Doscientos catorce trabajadores fueron despedidos en diciembre y enero, como resultado de la llamada “redada silenciosa” en la cual el Immigration and Customs Enforcement (ICE) del Departamento de Seguridad Interna inspeccionó los registros de la compañía para encontrar trabajadores que no contaban con en estatus migratorio legal. Luego la ICE indicó a la compañía que los despidiera.

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Durante el último año estos trabajadores han llevado a cabo reuniones en sindicatos e iglesias, han distribuido alimentos para las familias de los que no pueden trabajar y se han involucrado en conversaciones con oficiales electos. La marcha fue la culminación de meses de debate en los cuales sopesaron las consecuencias de hacer públicos sus despidos y, por lo tanto, su status legal. “Sabemos que Berkeley es una ciudad santuario”, explicó uno de los trabajadores. “Es uno de los lugares más seguros que se nos ocurrió para llevar a cabo la marcha. Lo que nos sucedió fue injusto y sentimos que tenemos que protestar, no solamente por nosotros, sino por otros que se enfrentan a la misma injusticia”.

Durante la marcha, cantos y gritos condenaron la administración actual. Los activistas del grupo remarcaron que el presidente Obama está atacando las comunidades de inmigrantes y de personas de color, quienes fueron sus más fuertes simpatizantes en su campaña electoral del 2008 para la presidencia. En ese tiempo Obama prometió que adoptaría un abordaje más humano ante la aplicación de leyes migratorias que el de su predecesor, quien fue reconocido por redadas en fábricas y deportaciones masivas. Cuando era candidato, Obama dijo que trabajaría para reformar la ley de inmigración, para que los inmigrantes pudieran gozar de más derechos. Una vez en el cargo, sin embargo, la administración no solo continuó la misma política de Bush de ejecutar la ley en el área de trabajo, sino que también expandió vastamente las auditorias I-9 y los despidos.

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El miembro del Consejo Arreguin, uno de los primeros oficiales elegidos para apoyar a los trabajadores el año pasado, agregó: “la compañía y los trabajadores pagan impuestos que apoyan las escuelas locales y otros servicios. Podríamos perder dinero que necesitamos desesperadamente en estos tiempos de dificultad económica. Los sueldos de estos trabajadores inyectan cientos de miles de dólares a nuestra economía local cada mes, que van a otros negocios y familias. Todo esto peligra con las auditorías. No es necesario aplicar la ley de una manera tan destructiva para los trabajadores, sus familias, su empleador y toda nuestra comunidad”.

El sindicato también criticó “que las leyes injustas son utilizadas por el gobierno para lastimar y destruir las vidas de muchos de nuestros amigos y colegas”.

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