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  • Edición impresa de Marzo 20, 2012

WASHIGTON D.C.- La semana pasada, una alianza de organizaciones activistas nacionales en inmigración ejecutaron una demanda en contra del Department of Homeland Security (DHS), buscando forzar la liberación de los documentos correspondientes al programa Criminal Alien Program (CAP) de la agencia.

Buscando mayor transparencia, el American Inmigration Council (AIC) y el Connecticut Chapter del American Immigration Lawyers Association (AILA) hicieron el llamado a la demanda bajo el Freedom of Information Act (FOIA), el cual requiere que las agencias federales proporcionen registros, sin excepción, bajo solicitud. Durante años el público no ha podido examinar al CAP porque el DHS lo ha convertido en un programa secreto. El AIC y AILA Connecticut solicitaron una variedad de documentos relacionados con el CAP el año pasado, pero el DHS no ha proporcionado información alguna.

El CAP es el caballo de batalla del sistema federal de ejecución migratoria. Bajo el CAP, los agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) se instalan en las prisiones y cárceles, visitan otros centros de detención e inician procedimientos de deportación en contra de personas convictas de ofensas criminales. Sin embargo, el CAP también arrastra a la gente que ha sido arrestada pero que no ha sudo declarada culpable de un crimen. Y mientras el DHS aún utiliza Secure Communities, el CAP, un programa de mucho más alcance, ha operado durante años. Tan solo en los últimos cinco años el CAP ha conllevado al arresto de más de un millón de personas y el programa estuvo implicado en aproximadamente la mitad de todos los procedimientos de deportación en el año fiscal 2009.

“Aunque supuestamente el CAP se enfoca en los peores criminales, la información limitada con que contamos muestra que ese no siempre es el caso”, sostiene Melissa Crow, Directora del Centro de Acción Legal de AIC. “Igual que Secure Communities, este programa insidioso parece buscar a personas con poca o ninguna historial criminal, para su deportación y para incentivar las detenciones pretextuales y el perfilamiento racial”.

“El CAP es el elefante en el cuarto cuando se trata de la ejecución migratoria”, dijo Caitlin Bellis, estudiante interino de leyes en el Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic de la Escuela de Leyes de Yale, que representa a AIC y AILA, junto con el cónsul de AIC. “Los americanos tienen el derecho a saber cómo opera el ICE en sus comunidades”, agregó.

“Como cualquier agencia federal, la ICE está sujeta al FOIA y no se debe permitir que evite su obligación legal de mostrar los registros relevantes”, dijo Rita Provatas, jefe del AILA Connecticut Chapter. “Esperamos que esta información nos permita determinar cómo el CAP está afectando a los inmigrantes en Connecticut y en otras partes”. El caso se llama American Immigration Council, et al. vs. Department of Homeland Security, No. 3:12-cv-00355-WWE.

 


 

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