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  • Edición impresa de Marzo 15, 2016.

La detención de Lula Da Silva y la corrupción en Petrobras que salpica a Rousseff agravan crisis brasileña

La economía en recesión y el descontento popular por la corrupción en Petrobras, la compañía estatal de petróleo, afectó a todos los niveles del gobierno en Brasil, a tal punto que el futuro político de la presidenta Dilma Rousseff está en entredicho tras meses de agitación por la investigación en torno a la petrolera. Su popularidad disminuyó drásticamente desde la última elección.

En este contexto, Brasil perdió más de un millón de empleos por la recesión económica más severa que experimentó en décadas. Por otro lado, las familias de las víctimas de un deslizamiento de tierra causado por el colapso de una represa, uno de los peores desastres ambientales del país, siguen buscando a sus seres queridos. Y además, la policía se enfrenta con estudiantes en las calles de Sao Paulo por el cierre de escuelas.

La economía del país lucha contra la desaceleración provocada por la caída de los precios del petróleo. La contracción de 3,8 por ciento del PIB en 2015 es la peor en 25 años. El desempleo va en aumento y una crisis en el sistema de pensiones causó estragos en las finanzas públicas. Las conquistas sociales surgidas tras el auge económico se erosionaron.

Por otra parte, la incertidumbre política aumentó  porque la presidenta Dilma Rousseff enfrenta un proceso de destitución parlamentaria por el uso de fondos públicos para cubrir vacíos en el presupuesto.

Como si la crisis fuera poca, la semana pasada el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue detenido e interrogado por la policía brasileña por su supuesta participación en una enorme trama de corrupción. La fiscalía lo acusó por lavado de dinero.

Lula fue presidente de Brasil de 2003 a 2010 y aún se le reconoce como la figura más importante del izquierdista Partido de los Trabajadores.

Aunque no ha sido arrestado o acusado tras su interrogatorio, los fiscales investigan si dos importantes constructoras –OAS y Odebrecht– recibieron contratos del gobierno a cambio de la remodelación de propiedades de Da Silva y su familia.

La redada en la residencia de Da Silva fue uno de los grandes sucesos de la crisis política y económica que azota a Brasil.

Muchos políticos cercanos al expresidente ya están en prisión por cargos por corrupción, entre ellos José Dirceu de Oliveira e Silva, su exjefe de gabinete. También hay un fuerte escrutinio sobre las relaciones comerciales de su hijo Luis Cláudio Lula da Silva, quien es dueño de una empresa de mercadotecnia deportiva y se sospecha que recibió pagos ilegales relacionados con un plan para reducir las penalizaciones fiscales a empresas grandes.

 

 


 

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