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  • Edición impresa de Marzo 15, 2016.

Por orden de la Justicia, ya no se siembra maíz transgénico en México

La justicia falló en contra de Monsanto y ordenó suspender los permisos para el cultivo de maíz transgénico en México mientras se resuelve el juicio colectivo promovido por científicos, especialistas, campesinos y organizaciones que integran la Colectividad del Maíz en contra de ellos.

Científicos, especialistas, campesinos y organizaciones que conforman la Colectividad del Maíz en México presentaron un recurso en contra de la producción de maíz transgénico en el país.

Este martes pasado el Segundo Tribunal en materias Civil y Administrativa del país azteca notificó la sentencia que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) abstenerse de otorgar premisos de liberación o siembra de maíz transgénico, al menos hasta que se resuelva en forma definitiva el juicio que el colectivo inició en contra de los mismos.

La nueva sentencia revierte otro fallo judicial que en agosto de 2015 había dado marcha atrás a una primera prohibición de 2013 contra el cultivo del maíz transgénico.

En un comunicado la Colectividad del Maíz señaló: “La sentencia establece que en el juicio de acción colectiva quedó demostrada la presencia ilícita de transgénicos en cultivos en maíces nativos, por lo que podemos afirmar que los demandantes comprobaron que se han violado las leyes mexicanas e internacionales”.

¿Derrota para Monsanto?

El Gobierno mexicano autorizó en 2009 la siembra de maíz transgénico a Monsanto (una de las empresas más grandes del mundo de semillas genéticamente modificadas), y otras firmas, desatando así las protestas de ecologistas, campesinos y científicos.

Los demandantes de esa forma de producción advirtieron que esas semillas pueden contaminar a los maíces nativos, poniendo en peligro su existencia.

Monsanto señaló ante la medida que evaluará la sentencia para “determinar el curso de acción” y recordó que la decisión “no significa una sentencia final” de este caso.

La resolución obliga además a las empresas que quieran usar productos que necesiten el herbicida glifosato a estar sujetas a control judicial y de los científicos demandantes.

 

 


 

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