Comité del Senado aprueba a Negroponte como director de inteligencia

El Comité de Inteligencia del Senado dio ayer su visto bueno al nombramiento del diplomático John Negroponte como el primer director nacional de Inteligencia de Estados Unidos.

Durante su audiencia de confirmación, el pasado martes, Negroponte se comprometió a trabajar para emprender una profunda reforma de los servicios que mejore la comunicación entre las distintas agencias.

Precisamente, la creación de la figura del director nacional de inteligencia fue aprobada por el Congreso el pasado diciembre a propuesta de la comisión independiente que investigó los atentados y que recomendó profundos cambios en la estructura de los cuerpos policiacos.

 

Demandan a empresas de EU

Un grupo de trabajadores migratorios mexicanos y centroamericanos contratados por compañías estadounidenses presentó una demanda argumentando que se abusó de ellos y que se les negó asistencia legal contemplada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

La demanda, interpuesta ante las autoridades mexicanas bajo el acuerdo laboral que acompaña al TLC, sostiene que los 16 trabajadores migratorios de México, Guatemala y Panamá sufrieron abuso laboral en Estados Unidos, pero no tuvieron forma de presentar una demanda administrativa ni acceso a los tribunales.

Los que respaldan la solicitud dicen que los asuntos de respeto a las leyes al contratar a inmigrantes legales en Estados Unidos tienen cada vez más importancia, ahora que el presidente George W. Bush está proponiendo un programa de trabajadores temporales para los inmigrantes mexicanos.

“De nada les sirve a los obreros tener un programa de trabajadores huéspedes y una visa, si en la realidad —como estamos viendo con este testimonio— no se respetan los derechos laborales”, dijo Karina Arias, coordinadora de vinculación del grupo de apoyo Sin Fronteras, con sede en la Ciudad de México.

 

Intenso operativo de autoridades de inmigración contra la Mara Salvatrucha

Al menos 155 pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron detenidos en 19 ciudades de Estados Unidos en un operativo de siete semanas, informó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Simultáneamente, las autoridades de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dijeron que los pandilleros que hayan cometido delitos, incluso de menor gravedad, no podrán disfrutar de los beneficios del Estatuto de Protección Temporal (TPS), o de cualquier otro beneficio de inmigración en Estados Unidos, incluyendo el de residentes con tarjeta verde. Esta medida también surte efecto para todos los inmigrantes peticionarios del TPS que hayan cometido un delito grave o dos o más de los considerados menores.

En el operativo, llamado Escudo Comunitario, fueron arrestados unos 155 miembros de la “violenta Mara Salvatrucha (MS-13) en 19 ciudades estadounidenses”, indicó en una comparecencia ante el subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes.

García dijo que los 155 pandilleros detenidos hasta la fecha en ese operativo habían transgredido las leyes de inmigración. Añadió que más de la mitad de ellos tienen un historial delictivo y condenas por delitos como robo, asalto, violación y asesinato. Nueve han sido identificados como líderes de la MS-13.

Informó que el ICE mantiene estrechos vínculos con los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala en el intercambio de datos de inteligencia relacionados con la MS-13 y actividades de otras pandillas. Nueve de los detenidos han sido identificados como líderes de la pandilla. Más de la mitad de los detenidos tienen antecedentes policiales por delitos violentos y condenas por delitos tales como robo, lesiones, violación y homicidio.

Mencionó que actualmente se investiga a una pandilla callejera conocida por transportar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, procedentes de México.

La operación, que se extiende hacia el extranjero, ha llevado a mantener una estrecha cooperación con los gobiernos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala en el intercambio de información relacionada con la pandilla Mara Salvatrucha, que se inició en las calles de Los Ángeles y que tiene entre sus filas a muchos centroamericanos.

 

Gonzales pide extensión de la ley antiterrorista

El secretario de Justicia, Alberto Gonzales, instó al Congreso que renueve las cláusulas más controvertidas de la Ley Patriota que expiran en diciembre de este año porque, dijo el secretario, este no es momento de “desarmarnos unilateralmente” y renunciar a las herramientas más efectivas que tenemos para combatir el terrorismo.

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, hizo la misma petición que Gonzales, pero fue más allá al solicitar que se amplíen los poderes de su corporación para hacer citaciones sin intervención de un juez o de un gran jurado.

Con el objeto de acallar a los críticos de la ley, Gonzales propuso algunos cambios “técnicos” a la Sección 215 de la Ley Patriota que es la que tiene que ver con la obtención de órdenes judiciales para tener acceso a récords financieros, empresariales o recibos de librerías y bibliotecas.

Sin embargo, senadores republicanos y demócratas se unieron para presentar proyectos de ley encaminados a limitar los poderes de la Ley Patriota y en algunos casos eliminar algunas de esas cláusulas más controversiales que los grupos defensores de los derechos civiles critican por ser anticonstitucionales y atentar contra las libertades individuales.

Además, y como parte de ese mismo combate al terrorismo, el Departamento de Estado anunció que, a partir de 2008, los ciudadanos estadunidenses que regresen al país procedentes de México, Canadá, Panamá y Bermuda deberán presentar su pasaporte. Los canadienses que quieran ingresar en Estados Unidos también deberán presentar su pasaporte.

Pero tanto republicanos como demócratas y grupos liberales y conservadores consideran que la Ley Patriota ha ido demasiado lejos en atentar contra las libertades individuales y ha sido mal empleada y en muchos casos abusada, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Estos grupos se unieron en rueda de prensa para exigir la eliminación de las cláusulas más controversiales de la ley.

Un total de 375 comunidades en 43 estados de la Unión Americana han aprobado resoluciones en favor de las libertades civiles solicitando al Congreso que la ley se aplique bajo lineamientos constitucionales. Estas comunidades, dijo la ACLU, se aplican a 56.2 millones de personas.

 

Plantas nucleares

Una comisión de expertos nucleares convocada por la Academia Nacional de Ciencias para examinar los depósitos de combustible de las plantas nucleares del país han declarado que el material podría ser vulnerable a un eventual ataque terrorista, tras el cual emitiría radiaciones mortíferas.

En un estudio de 130 páginas, muchas de las cuales no han sido divulgadas por motivos de seguridad, el panel concluyó que si los terroristas lograban sacar parte del agua del estanque en el que está depositado el uranio empobrecido procedente de un reactor, podría desatarse un incendio capaz de emitir grandes cantidades de radiación al medio ambiente.

El panel dijo que ni los reguladores federales ni la industria privada han determinado con precisión la vulnerabilidad y la consecuencia de semejante ataque, y que los riesgos específicos “sólo pueden comprenderse examinando... los depósitos para almacenar el uranio empobrecido, existentes en cada planta”.

El informe ha sido tema de intenso debate interno entre los miembros del panel y la Comisión Reguladora Nuclear, que se opuso a su divulgación y calificó de innecesarias algunas de sus recomendaciones.