Abusar del poder

Legisladores republicanos y demócratas acusaron a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de excederse en su autoridad en las tareas de espionaje interno contra el terrorismo y advirtieron que podrían reducir sus facultades.

La advertencia formulada durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes constituyó un nuevo golpe para el secretario de Justicia Alberto Gonzáles envuelto en un escándalo por el despido de ocho fiscales federales.

En un testimonio ante el comité, el inspector general del Departamento de Justicia, Glenn Fine, señaló que el FBI abusó de su autoridad al reunir información sobre llamadas telefónicas, correos electrónicos y archivos financieros en sus investigaciones antiterroristas. Agregó que los excesos se cometieron a través de solicitudes de información, conocidas como “cartas de seguridad nacional”, después de la promulgación de la Ley Patriota para la lucha contra el terrorismo en octubre de 2001.

Esas “cartas” fueron utilizadas para conseguir información “de forma impropia” de tres empresas telefónicas y estaban firmadas por autoridades de la Unidad de Análisis de Comunicaciones de la División Antiterrorista del FBI, dijo Fine. La Ley Patriota permitió que la información proporcionada por esas empresas pudiera ser analizada por el FBI sin necesidad de una autorización judicial.

Según el legislador republicano Dan Lungren, el FBI debe tomar medidas para corregir esos problemas. El también republicano Jim Sensenbrenner calificó los abusos de “excesivos” y dijo que esperaba que las denuncias sirvan “ para que el FBI sepa que no puede librarse de esto, mantener el apoyo público y las herramientas que necesita para combatir el terrorismo”.

El actual presidente del comité, el demócrata John Conyers, señaló que los abusos son parte de un patrón de falta de conducta por parte del Departamento de Justicia. Sin embargo, otros legisladores republicanos señalaron que las mayores facultades de espionaje interno del FBI eran cruciales para ubicar a terroristas potenciales.

Las advertencias constituyen un nuevo frente de preocupación para el agobiado secretario de Justicia cuya renuncia ha sido pedida por legisladores del Congreso, incluyendo al menos dos republicanos.

Valerie Caproni, consejera general del FBI, aseguró que ya se están tomando medidas para rectificar los problemas.

Los polémicos despidos

De acuerdo con documentos dados a conocer recientemente y que contradicen afirmaciones anteriores de que el secretario de Justicia no tuvo que ver directamente con lo ocurrido, él habría aprobado los planes para despedir a varios fiscales federales durante una reunión en noviembre pasado.

El encuentro realizado el 27 de noviembre, en el que el secretario de Justicia y al menos cinco funcionarios de alto nivel de su cartera estuvieron presentes, se centró en torno a un plan de cinco etapas para realizar los despidos, dijeron funcionarios del departamento.

 

Alberto Gonzáles rubricó el plan, preparado por su jefe de personal, Kyle Sampson, quien renunció hace poco en medio de la controversia generada por los despidos.

Los documentos de ahora señalan que la reunión fue la única en la que Gonzáles se reunió con sus subalternos de mayor nivel para decidir a cuáles fiscales despedir y cómo hacerlo.

La portavoz del departamento, Tasia Scolinos, dijo que se desconocía si González dio su aprobación final a los despidos durante esa reunión, pero agregó que el secretario no participó de manera directa en la selección de los fiscales a los cuales se les pediría su renuncia.

Al explicar los despidos, Gonzáles dijo a la prensa que estaba al tanto del proceso para decidir algunos de los despidos, pero que no participaba en él. “Sé que mi jefe de personal participaba en el proceso de determinar cuáles eran los que tenían mal desempeño, en los distritos del país donde podríamos hacer mejor las cosas para sus pobladores, y eso es lo que yo tenía entendido”, dijo el funcionario.

“Eso era lo que yo sabía en esencia del proceso, no participé en este ni vi minuta alguna, no participé en reunión alguna sobre lo que ocurría. Eso es básicamente lo que sabía como secretario de Justicia”, indicó.

Posteriormente dijo: “Acepto mi responsabilidad por todo lo que pasa en este departamento. Pero cuando se tiene a 110 mil personas trabajando para uno, obviamente van a darse decisiones de las cuales no estoy al tanto mientras se desarrollan. Muchas decisiones son delegadas”.

Por su parte, Sampson declarará durante una audiencia de la comisión judicial del Senado. Su presentación representa el primer testimonio de un funcionario del Departamento de Justicia ante el Congreso desde que se dieron a conocer varios documentos que señalan que los despidos fueron, al menos en parte, ordenados por la Casa Blanca.

Correos electrónicos entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, enviados en las semanas previas a la elección presidencial de 2004, indican que Sampson participó activamente en la toma de decisiones sobre cuántos fiscales serían reemplazados y quiénes serían. El gobierno de George W. Bush afirma que los despidos fueron conducidos de manera apropiada.

Los demócratas han puesto en duda el proceso, al señalar que los fiscales fueron elegidos para ser despedidos porque no eran “leales a Bush”.