Millones sin voz

Por Amy Goodman

Me sentía especialmente animada mientras entraba corriendo al estudio de televisión para dar comienzo a nuestro programa posterior al Gran Martes. Las informaciones iniciales de todo el país indicaban una participación de votantes sin precedentes, al menos en las elecciones primarias de los demócratas, que multiplicaban varias veces las anteriores. Durante años hice cobertura de comicios en países como Haití, donde la gente arriesgaba la vida para ir a votar, mientras que EE.UU. tiene uno de los índices de participación más bajos del mundo industrializado. ¿Podría ser posible que este año sea diferente?

En el camino me crucé con un amigo y le pregunté si había votado. “No puedo votar porque una vez estuve en prisión”, me dijo. Le consulté si, de haber estado habilitado, lo hubiera hecho. “Por supuesto, porque de ese modo no me limitaría a protestar inútilmente, estaría haciendo algo por solucionar las cosas”, contestó.

En Virginia y Kentucky, las personas condenadas por haber cometido cualquier tipo de delito mayor no pueden volver a votar jamás. Otros ocho estados tienen en funcionamiento leyes de privación permanente del voto tras haber cumplido una condena penal, con ciertas condiciones que permiten a la gente volver a los padrones electorales: Alabama, Arizona, Delaware, Florida, Mississippi, Nevada, Tennessee y Wyoming.

La privación del derecho al voto ­vigente en 48 estados­ adopta muchas formas y tiene un impacto fundamental sobre la política electoral. En Ohio, en 2004, abundaban las historias sobre máquinas de votación que faltaban o no funcionaban y ausencia de boletas.

Otro caso destacable fue el Florida, en el año 2000, muchas personas siguen creyendo que George W. Bush obtuvo su victoria electoral gracias a Ralph Nader, que cosechó alrededor de 97,000 votos allí. Una cantidad 10 veces superior a la de los votantes de Nader en Florida sufrió la prohibición de votar en ese estado. ¿Por qué? Actualmente, más de 1,100 millones habitantes de Florida están condenados por haber cometido algún delito mayor. No podemos saber con exactitud a quién habrían elegido pero, según dijo la académica, abogada y activista Ángela Davis en un discurso en honor a Martin Luther King Jr. en Mobile, Alabama, “si no hubiéramos tenido en vigor la ley de privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores, de ninguna manera George Bush estaría en la Casa Blanca”.

Dado que la privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores afecta de manera desproporcionada en EE.UU. a los hombres de origen afroestadounidense y latino y que estos grupos sociales votan mayoritariamente a los demócratas, estas leyes fortalecen la posición del Partido Republicano.

Las estadísticas son estremecedoras. Ryan King, analista político del Sentencing Project en Washington, D.C., resumió los datos más recientes: cerca de 5,300 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen derecho a votar debido a la ley de privación del derecho al voto por la comisión de delitos mayores; 2,000 millones de ellos son afroestadounidenses. Según King, “hay tantas leyes distintas” que, en muchos casos, la gente no sabe que se le ha restituido el derecho al voto.

Llamé a mi amigo para decirle que estaba mal informado, hacía años que ya no estaba en libertad condicional o en libertad vigilada. “Puedes votar, solamente tienes que registrarte”, le dije. Pude oír cómo sonreía al otro lado de la línea.