• México del Norte •
Los Soldados Ilegales

Por: Jorge Mújica Murias

José Rubio, nacido en Reynosa, Tamaulipas, murió apenas unos días después del quinto aniversario de la invasión de Estados Unidos a Iraq. Su nombre fue conocido porque le tocó ser el soldado número 4 mil muerto en la guerra. No se sabe aún qué número computa en la lista de soldados mexicanos muertos en Iraq. De hecho, su muerte sirvió para que los diputados del Partido de la Revolución Democrática en México exigieran al gobierno que soliciten a Estados Unidos la cifra exacta de soldados de origen mexicano fallecidos en Iraq.

Rubio murió en un bombardeo, a un año y medio de unirse al ejército estadounidense. Era el menor de 9 hijos y el único militar. Su muerte alimenta la teoría de que México, a pesar de no estar envuelto en la guerra, es el tercer país con más soldados muertos en Iraq, después de Estados Unidos e Inglaterra. Entre ellos, decenas han sido los llamados soldados de tarjeta verde, es decir, no ciudadanos de Estados Unidos sino residentes legales que se alistaron forzada o voluntariamente. Los 35 mil soldados de tarjeta verde se unieron al ejército cuando George Bush eliminó el plazo de tres años para hacerse ciudadano si entraban a las Fuerzas Armadas. Y los sin-papeles se unieron porque le ordenaron a la Patrulla Fronteriza no deportarlos a menos que el ejército los diera de baja. Eso sí: les está prohibido servir en las unidades de inteligencia y grupos de élite como los Boinas Verdes. Tampoco pueden llegar a ser comandantes.

Muchos inmigrantes pertenecientes al ejército tienen problemas por tener familiares indocumentados. Un ejemplo es Jorge Monarrez, cajero de medio tiempo en Chicago, casado con una indocumentada y enviado a Iraq. A la mexicana María Monarrez le rechazaron la solicitud de residencia “por errores en su petición”, y quedó en proceso de deportación mientras Jorge se iba a la guerra.

Otro ejemplo es Yaderlin Jiménez, inmigrante dominicana sin papeles y con orden de deportación, casada con un ciudadano estadounidense, Alex Jiménez, que no pudo ayudarla porque es uno de los tantos desaparecidos en acción en Iraq. Tuvo que intervenir Michael Chertoff, Secretario de Seguridad Nacional, para frenar el proceso.

Y es también el caso de Eduardo González, cabo segundo de la Armada, que se pregunta: “Si yo estoy dispuesto a morir por Estados Unidos, ¿por qué no se me permite estar con mi familia?”. A su esposa Mildred, guatemalteca a quien “entraron” a Estados Unidos sin papeles cuando tenía 5 años, también la pusieron en proceso de deportación.

En palabras de Margaret Stock, reservista del Ejército, abogada y maestra de la Academia Militar en West Point, “el gobierno por el que pelean es el mismo gobierno que trata de deportar a sus familias”.

Los padres de Armando Soriano, muerto en Haditah, Iraq, quedaron también desamparados. Su hijo les había prometido “legalizarlos cuando tuviera la ciudadanía”. Su madre, Cleotilde, pudo resolver su caso, pero su padre, Enrique, está sin hijo, sin papeles y en proceso de deportación.

Haydeé, esposa del soldado Ángel Rodríguez, también necesita ayuda legal para que no la deporten. Es hondureña y entró como turista, pero su visa expiró. Dice Ángel que está “orgulloso de haber ingresado al Ejército”, pero que “es muy difícil defender a un país que no quiere a las familias de sus soldados”.

Y aquí nos detenemos, diciendo que lo más ilegal en esta guerra es la guerra misma, y que los soldados y sus familiares, con o sin papeles, son sus víctimas.