Debate sobre el programa federal de inmigración en Carolina del Norte

En una conferencia realizada en la Universidad de Carolina del Norte, 14 expertos discutieron sobre las políticas impuestas en respuesta a la presencia de indocumentados.

Una de éstas es la sección 287g de la Ley de Inmigración vigente desde 1996, que permite a los gobiernos locales entrar en “acuerdos” con el Gobierno para adiestrar agentes en funciones de inmigración con el objetivo de deportar a inmigrantes sin papeles.

Según una investigación realizada por la Clínica de Derechos Humanos e Inmigración de la Escuela de Leyes y el Instituto de Estudios de las Américas de UNC, la 287g ha incrementado la “desconfianza de los inmigrantes hacia las autoridades”. Los investigadores encontraron “falta de transparencia y supervisión en el procesamientos de los inmigrantes, aparentes casos de perfil racial y violación de derechos civiles, deportación de inmigrantes no criminales”, entre otros.

“La 287g es una extensión de la tradicional máquina racista que desde hace tiempo funciona en este Estado, la cual es muy difícil de probar, pero sabemos que existe y contra hispanos”, afirmó Rebecca Headen, de la Unión Americana de Derechos Civiles.

Según Lindsay Haddix, especialista del área de Planeación y Desarrollo Municipal y Regional de UNC, la premisa que postularon los alguaciles para “vender” el programa como solución para reducir el crimen en las comunidades no ha dado sus frutos. “El crimen ha bajado en parte porque las víctimas, que generalmente son hispanas, no informan de los incidentes por miedo a que las autoridades los deporten”, enfatizó Haddix.

“Este programa ha producido pánico y temor entre los hispanos. Cuando comenzó, la gente no quería salir de sus casas, y ahora sólo manejan del trabajo a sus hogares o al supermercado”, agregó Hannah Gill, del Instituto de Estudios de las Américas.

“Es urgente realizar campañas que mejoren la imagen del hispano en este Estado. No somos criminales sino gente trabajadora”, añadió por su parte Irene Godínez, directora de abogacía de El Pueblo, organización con sede en Raleigh, capital del Estado.

Hasta el mes de julio de 2007, siete municipios de Carolina del Norte han introducido o adoptado medidas anti-inmigrantes, que incluyen el establecimiento del inglés como idioma oficial y penalidades para arrendatarios que alquilen viviendas a indocumentados.

Asimismo, la Asociación de Sheriff de Carolina del Norte está proponiendo al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que cinco condados del Estado se conviertan en “centros” de deportación de inmigrantes. El objetivo es que los condados cercanos a estos “centros” tengan acceso a la base de datos que verifica el estado migratorio de los detenidos en las cárceles.

Terra/EFE