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  • Edición impresa de Abril 20, 2010

Informe revela serias fallas en el programa 287g

Grupos pro inmigrantes exigieron la finalización de los acuerdos que permiten a agentes locales aplicar leyes federales sobre inmigración, a la luz de un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que cuestiona sus prácticas.

El informe evalúa la aplicación del programa 287(g), que delega a agentes locales y estatales la ejecución de la legislación federal de inmigración civil y criminal.

La investigación, basada en entrevistas con agentes y empleados, observación directa y documentos, concluye que la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) “no ha instituido controles para promover la efectividad de las operaciones y enfrentar los riesgos relacionados” con este programa.

ICE “no asegura que los recursos se dirigen a los extranjeros que suponen el mayor riesgo para la seguridad pública y la comunidad”, indica el documento. Sólo el 9% del conjunto de detenciones tomadas como muestra afectaban a inmigrantes con un historial criminal de máximo riesgo para la seguridad pública. Por el contrario, la mayoría de las detenciones entran en los dos niveles inferiores de riesgo, que se aplican a delitos menores de drogas, fraude o lavado de dinero.

Otros fallos detectados son la falta de comités de supervisión periódica, la inconsistente formación de agentes y el uso de la autorización federal para detenciones de indocumentados

La directora de Inmigración y Campañas Nacionales del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), Clarissa Martínez De Castro, lamentó que las conclusiones del informe corroboren las advertencias de su organización.

La solución propuesta por La Raza y otros grupos es poner fin a esos acuerdos que se pusieron en práctica en 2002, se ampliaron a lo largo de 2006 y fueron revisados en julio de 2009 ante las críticas que recibieron por su implementación.

El informe propone 33 recomendaciones a ICE, que han sido aceptadas por la agencia, excepto la referida a proveer información sobre las circunstancias, la raza o etnia de los detenidos durante los arrestos.

Según otro estudio en California, la legalización de los inmigrantes indocumentados no producirá, al menos a corto plazo, una mejora sustancial en sus oportunidades de empleo, aumento de sus ingresos o mayor competitividad con respecto a los trabajadores nacidos en Estados Unidos.

Los inmigrantes con pocas calificaciones podrán desempeñar algunos empleos, pero no obtendrán cambios significativos de ingreso por su trabajo, asegura un reporte difundido por el Instituto de Política Pública de California (PPIC, en inglés). El análisis también descarta que una legalización produzca efectos notables en la economía.

Por otro lado, legisladores de California trabajan en una reforma a su sistema judicial para que ninguna persona sea condenada a muerte por su raza, debido al aumento de penas capitales en los últimos años entre hispanos y negros.

Las condenas de muerte dadas a criminales de grupos minoritarios, como afro-americanos y latinos, han aumentado significativamente en los últimos años. Un reciente estudio indica que, en 2007, un 50% de las condenas a muerte fueron dadas a criminales latinos, en comparación con el16% de 2001.

 


 

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