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  • Edición impresa de Abril 5, 2011

Un ex funcionario estadounidense aseguró en una entrevista que la operación “Rápido y Furioso” desarrollada en 2010 en México fue aprobada por una persona de alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Darren Gil, ex encargado de las operaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su sigla en inglés) de Estados Unidos en México, afirmó que su supervisor directo en Washington le confirmó que la operación había sido aprobada por funcionarios superiores a Kenneth Melson, actual director de la ATF. Gil preguntó si Melson conocía la operación a su supervisor, quien respondió: “Sí, él lo sabe. No sólo lo sabe sino alguien en el Departamento de Justicia también lo sabe”, aseguró en una entrevista.

El asunto ha levantado ampollas entre Estados Unidos y México después de que medios de comunicación de ambos países revelaran que la operación permitió la entrada ilegal de armas de alto calibre en suelo mexicano con el objetivo de rastrearlas y detener a los traficantes. Precisamente un arma estadounidense vendida en Texas fue la utilizada por presuntos sicarios mexicanos para asesinar al agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata el 15 de febrero pasado en el estado mexicano de San Luis Potosí. Un segundo agente de ICE resultó herido.

Gil señala que México es un país que lucha contra el narcotráfico y la entrada ilícita de armas, y al respecto destacó: “Y encima permitimos que esto pase”.

“Estoy seguro que el Departamento de Estado está muy descontento, este es un tema que va a interesar al Comité de Asuntos Exteriores y al Comité de Asuntos Jurídicos; es lamentable que una agencia responsable de hacer cumplir la ley haya permitido esto”, dijo.

Precisamente el subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, presidido por el legislador republicano Michael McCaul, se reunirá en una audiencia dedicada al papel del Departamento de Seguridad estadounidense en la guerra mexicana contra los carteles de droga. En la audiencia participarán el subsecretario adjunto de la oficina de asuntos internacional de inmigración y fronteras del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Álvarez, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos de Narcóticos, Brian A. Nichols, y el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Defensa, Frank Mora, entre otros.

Gil es el segundo agente del ATF en revelar que advirtieron a sus superiores sobre lo que podía suceder. El agente John Dodson denunció que en Phoenix habían recibido la orden de permitir dejar pasar armas.

Según el Centro para la Integridad Pública, que ha hecho una investigación independiente del operativo, sólo un 10 % de las 2,000 armas que entraron ilegalmente en México pudieron ser recuperadas en ese país y casi un 30 % en Estados Unidos.

Las autoridades no han recuperado el resto, calculado en unas 1,200 armas y que, según expertos, lo más probable es que hayan caído en manos de las propias bandas de narcotraficantes que ambos países buscan combatir.

 

 


 

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