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  • Edición impresa de Abril 17, 2012

México del Norte • Las buenas intenciones…

Con buenas intenciones, sin duda alguna, el Congreso Mexicano aprobó hace unas semanas otra barrabasada de las que acostumbra. Cortesía de la Diputada panista Lety Salazar, Presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, y de uno de los niños Verdes en el Senado, el imberbe Manuel Velasco Coello, se le agregó un parrafito al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

El párrafo, que solamente espera la firma de Calderón para ser un hecho legal, dice así: “Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos descendientes en línea directa en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento”.

La racionalidad, en palabras de la panista Salazar, es que lo más importante que tiene el Decreto consiste en “exentar a los extranjeros descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, de comprobar la residencia mínima de dos años previos a la presentación de la solicitud y siempre que no cuenten con otra nacionalidad al momento de la solicitud”.

Agregan los boletines de prensa que “lo anterior fue expuesto como una inquietud por parte de los Consejeros del CCIME, en las múltiples reuniones sostenidas con nuestros connacionales en Territorio Nacional y en la propia Unión Americana”.

¡Mea culpa! Efectivamente, los miembros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cabildeamos por una cosa así, pero criticamos el texto exacto de la propuesta y les dijimos clarito que estaba mal.

Sospecho con el pecho y calculo con el pié derecho que los legisladores nunca entendieron qué andábamos diciendo.

Se trataba de eliminar el requisito, efectivamente, de 5 años de residencia para que un chamaco nieto de mexicano(s) nacido el extranjero, particularmente en Estados Unidos, pueda obtener la nacionalidad mexicana.

Pero en su infinita sabiduría, los legisladores no entendieron nada. El error está es la condicionante que le pusieron al Decreto, ése de que “siempre que no cuenten con otra nacionalidad al momento de la solicitud”.

Hasta la fecha, no conozco casos de niños que no gocen de alguna nacionalidad, y si los hay se me hace que deben ser extraordinariamente raros. Entre los adultos refugiados políticos, expatriados y otros si hay algunos, pero no creo que entre los niños.

Las “explicaciones” de Salazar y Velasco argumentan que la iniciativa se presentó para “enfrentar diversas iniciativas estadounidenses que dejarían sin nacionalidad a los hijos de migrantes ilegales y que tampoco gozarían de la nacionalidad mexicana, por lo que serían apátridas”.

Falso. Ninguna iniciativa real en Estados Unidos amenaza con “dejar sin nacionalidad” a los hijos de nadie (en todo caso sería a los “nietos”, lo cual tampoco tiene sentido). Sería necesaria una enmienda a la catorceava Enmienda de la Constitución gringa, que fuera aprobada por mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso y refrendada por 34 estados para que sucediera.

Calderón, de seguro, la firmará, y si alguien lleva cuentas en México de las leyes absurdas, lo invito a que revise en un año cuantos “niños sin nacionalidad” la han usado.

 

 


 

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