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  • Edición impresa de Abril 15, 2014

Inmigrantes legales e indocumentados elaboran un documento para aconsejar a Obama sobre política migratoria

En vez de continuar con las deportaciones masivas, la Administración Obama debe ampliar las protecciones para los indocumentados y eliminar los programas que les estrechan el cerco, incluyendo “Comunidades Seguras” y el programa “287g”, según un informe divulgado la semana pasada.

El documento de 10 páginas fue elaborado por un grupo conformado por una treintena de inmigrantes indocumentados y algunos ya regularizados.

El escrito incluye algunas recomendaciones similares a las que presentó el pasado miércoles 9 el Caucus Hispano al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, quien realiza una revisión de las políticas de deportaciones por orden de Obama.

Consejos para Obama:

• Ampliar el programa de “acción diferida”, que suspende las deportaciones, para el mayor número  de indocumentados posible.

Eliminar programas policiales como “Comunidades Seguras” y “287g” 

Eliminar la “cuota” de 34,000 camas en los centros de detención de inmigrantes, para desalentar los arrestos masivos de indocumentados

Mejoras en los centros de detención de inmigrantes, en particular el acceso a  cuidado médico y servicios legales, y las protecciones contra actos de violencia

Reevaluar las prioridades de ICE para la expulsión de indocumentados, de manera que se eliminen las deportaciones de personas condenadas por infracciones menores, con órdenes de deportación, o que reingresan ilegalmente a EEUU 

Frenar la colaboración con autoridades locales o estatales, como el alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa, en Arizona, que “violan los derechos civiles”.

Desmantelar “Operation Streamline”, que exige el procesamiento judicial de buena parte de los indocumentados detenidos en la frontera y que, según activistas, ha contribuido a  que las infracciones migratorias conformen el 40% de las condenas criminales a nivel federal.

Ampliar un programa humanitario que permita el regreso de personas deportadas que dejaron familias en este país y tienen vínculos comunitarios en EEUU.

Otorgar protecciones y  “acción diferida” a personas que han presentado quejas por violaciones a los derechos civiles, humanos o laborales porque, según activistas, muchas empresas amenazan con la deportación a inmigrantes que reclaman sus derechos.

Cancelación de contratos federales con empresas privadas, como Corrections Corporation of America (CCA), que operan cárceles y centros de detención y que, en aras de mayores ganancias, presionan por políticas que incrementen las detenciones, según el documento.

Eliminar la “Iniciativa para la Deportación de Inmigrantes Criminales” (CAR, en inglés) que, según el documento, permite redadas indiscriminadas en zonas residenciales y sitios públicos donde se congregan inmigrantes.

Eliminar las deportaciones expeditas de niños y jóvenes indocumentados que cruzan solos la frontera.

Adoptar políticas sobre la “discreción procesal” para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para limitar las redadas, y medidas para poner fin a la muerte de migrantes en la frontera.

Renegociación de acuerdos comerciales que, según los activistas, contribuyen al desplazamiento de los migrantes hacia el Norte.

 

 

 


 

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