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  • Edición impresa de Abril 19, 2016.

Conteo regresivo para las acciones ejecutivas migratorias

El próximo lunes 18 de abril la Corte Suprema de la nación comenzará a escuchar los argumentos a favor y en contra de la implementación de las acciones ejecutivas migratorias giradas por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. Estas fueron emitidas para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a unos cinco millones de indocumentados que no constituyen una prioridad de remoción. 

Las acciones ejecutivas fueron frenadas tras una demanda de 26 gobernadores y procuradores, casi todos republicanos y encabezados por Texas, sostenida por el juez federal de distrito de Texas, Andrew Hanen, y luego por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleáns.

La Corte Suprema aceptó escuchar el caso United States v. Texas y atenderá los argumentos de todas las partes, incluyendo la Cámara Baja de mayoría republicana, que tendrá 15 minutos para argumentar por qué se opone a la implementación de las acciones ejecutivas. La Cámara Baja aprobó en voto partidista una resolución para presentar un escrito como amigo del tribunal a favor de Texas argumentando que Obama excedió sus poderes constitucionales, pues sólo le corresponde al Congreso legislar en materia migratoria.

La Cámara Baja no dice que al recibir un proyecto de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013 no hizo nada, permitiendo que su bando antiinmigrante dictara la agenda legislativa; y sólo cuando Obama giró las órdenes ejecutivas los republicanos recordaron su responsabilidad de legislar.

Hace un par de semanas preparé un cuestionario sobre los puntos básicos del caso y me permito reproducir algunos segmentos:

¿Qué considerará la Corte Suprema el 18 de abril?

El máximo tribunal, con 8, no 9 magistrados, consideraría si Texas tiene fundamento jurídico para retar la legalidad de las acciones ejecutivas. De ser así, la Corte Suprema analizaría, entre otras cosas, el alcance del poder ejecutivo del presidente. Los jueces supremos les pidieron a ambas partes que expongan en sus respectivas ponencias si al girar las órdenes ejecutivas migratorias Obama violó su deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales, en este caso las de inmigración.

¿Qué argumentan Texas y los otros 25 estados?

Argumentan que Obama excedió su autoridad constitucional para conceder ‘estatus legal’ a millones de indocumentados cuando técnicamente DACA y DAPA no crean un ‘estatus legal’ pues constituyen un alivio temporal. Alegan además que Obama no está ejerciendo su responsabilidad constitucional de hacer cumplir las leyes migratorias, y también aducen que las órdenes ejecutivas se giraron en violación de la ley de Procedimiento Administrativo que exige un periodo de notificación y de comentarios del público.

¿Cuáles serían algunos de los posibles escenarios del eventual fallo del Supremo?

La Corte Suprema puede fallar a favor del Departamento de Justicia permitiendo la implementación de DAPA y DACA ampliado.

También puede emitir un fallo dividido dependiendo de cuántos temas legales considere. Un resultado podría ser un fallo de 4-4 en todos los temas en consideración, en cuyo caso prevalecería la decisión del tribunal de menor instancia, en este caso el Quinto Circuito, y las acciones ejecutivas seguirían sin implementarse. Sin embargo, dada la complejidad de los temas en consideración, puede haber diferentes resultados.

El peor resultado sería un fallo en contra del Departamento de Justicia, pues las acciones ejecutivas no entrarían en vigor y la Corte Suprema tendría la última palabra.

Aunque el fallo del Supremo se daría antes de concluir su período de trabajo en junio, miles se están movilizando para coincidir en la capital federal el 18 de abril abogando por la implementación de las acciones ejecutivas.

Estamos en medio de una tóxica campaña presidencial en la cual los republicanos han optado por emplear a los inmigrantes como chivos expiatorios. Cualquiera sea la decisión del Supremo, el tema de la reforma migratoria, la única solución permanente, promete estar sobre el tapete en noviembre y posteriormente ante el nuevo Congreso y el nuevo o la nueva ocupante de la Casa Blanca.

Comienza el conteo regresivo.

 


 

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