Aprueba el Senado restricciones para licencias

El Senado federal aprobó por unanimidad el proyecto de gastos de guerra de 82,000 millones de dólares que contiene la controversial medida REAL ID que exige a los solicitantes de licencia de manejo demostrar la ciudadanía o su residencia legal en el país.

Con el voto de 100 a 0, la medida pasa a manos del presidente George W. Bush para su promulgación. Bush la apoyó por razones de seguridad nacional aunque sus críticos aseguran que lo único que logrará es crear una pesadilla burocrática que poco servirá para combatir el terrorismo y, por el contrario, mucho para discriminar incluso contra los ociudadanos estadunidenses y los residentes legales.

Al mismo tiempo, también hará que los indocumentados sigan manejando sin licencia y sin seguro vehicular.

La Cámara Baja aprobó el proyecto conciliado la semana pasada en votación 368 sobre 58.

La medida aún no se convierte en ley y ya hay amenazas de recurrir a los tribunales para evitar su implementación. REAL ID da a los estados tres años para aplicar el programa y prácticamente les obliga porque, si se niegan, sus licencias no tendrán validez federal.

Uno a uno, los senadores demócratas denunciaron la medida REAL ID en el pleno de la Cámara Alta, pero terminaron votando a favor del proyecto que financia las guerras en Irak y Afganistán.

La urgencia de proveer fondos para las tropas es lo que llevó a los demócratas a apoyar el proyecto pese a la inclusión del REAL ID.

Los estados tienen la opción de conceder licencias a los indocumentados, pero éstas deben tener marcas, colores o diseños especiales para alertar a las autoridades de que no puede emplearse para efectos federales.

El REAL ID establece que todos los solicitantes de licencias de conducir, quienes vayan a renovarlas o quienes deseen una tarjeta de identidad del estado, deben presentar hasta cuatro documentos que comprueben su identidad, que son ciudadanos o que residen legalmente en este país. Los solicitantes deberán proveer certificados de nacimiento, identificaciones con foto, prueba del documento de Seguro Social, y un documento que muestre el nombre completo y la dirección residencial.

Los documentos de otros países, por ejemplo la matrícula consular mexicana, tampoco tendrán validez probatoria en el fuero federal.

Para las personas con visados temporales, la licencia de conducir será válida hasta el día de expiración de la visa. El máximo es un año.

También autoriza a que se complete la construcción de una valla de tres millas y media en la frontera de San Diego y México y sigue permitiendo que el secretario de Seguridad Interna pase por alto leyes, mayormente ambientales, para permitir la construcción de la verja.

Asimismo, la medida también restringe las leyes de asilo.

Por otra parte, eleva el tope anual de visas de trabajadores de temporada (seasonal workers) y provee fondos para la contratación de 500 patrulleros fronterizos.

 

CONSIGUEN HISPANOS UN MILLÓN DE EMPLEOS EN EU DURANTE 2004  

Los trabajadores hispanos en EU lograron más de un millón de los 2.5 millones de empleos netos creados en 2004, pero en cambio sufrieron una caída de 5 por ciento en sus salarios, según un estudio difundido. El informe del Centro Hispano Pew destacó que los inmigrantes recién llegados conformaron una de las principales fuentes de mano de obra disponible para la economía estadounidense, pero figuraron también entre los más afectados por los recortes salariales de 2004. Un investigador del Centro, el economista Rakesh Kochhar, explicó que el estudio sugiere que los recién llegados afrontan una fuerte competencia en el mercado laboral, “pese a la fuerte demanda de trabajadores inmigrantes y su creciente oferta y concentración en ciertos sectores de la economía”.

 

Compensará el gobierno a hospitales que atienden indocumentados

Por primera vez en la historia de los estados fronterizos, el gobierno federal empezó a aceptar reclamos de reembolso por los gastos que incurren los hospitales tratando en las salas de urgencias a los inmigrantes indocumentados.

Las normas giradas por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) establecen que, en el caso de California, el estado es elegible para recibir durante 2005 compensaciones por valor de 71 millones de dólares por este tipo de servicios médicos. El estado recibirá esa misma cantidad anual hasta 2008.

Los reembolsos fueron aprobados el año pasado por el Congreso como parte del Acta de Modernización del Medicare (MMA). Esta incluye una sección para destinar 1,000 millones de dólares hasta 2008 para asistir a los hospitales y a los proveedores del cuidado de la salud de toda la nación, a recuperar parte de dichos costos. La cantidad por año fiscal será de 250 millones, que será dividida entre los estados que soliciten los reembolsos.

“La atención a los indocumentados en los hospitales del condado de Los Ángeles nos cuestan al año 340 millones que no son compensados. Esa cantidad es mayor que la que el gobierno va a reembolsar en todo el país y a nosotros no nos representa una cifra considerable, tomando en cuenta el costo tan alto que tenemos, pero no deja de ser un primer paso positivo”, indicó John Wallace, portavoz del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles.

La portavoz de la asociación que representa a los hospitales públicos y privados de California aseguró a las organizaciones pro inmigrantes que los hospitales miembros no harán preguntas adicionales para determinar el estatus migratorio de los pacientes.

La ley federal manda a los estados proveer servicios de emergencia a las personas independientemente de la cobertura medica y de la situación migratoria. Aun cuando los hospitales tendrán que comprobar que los pacientes asistidos eran indocumentados para tener derecho a un reembolso, no podrán hacerles preguntas adicionales al momento de atenderlos.

Los estados fronterizos de California, Arizona y Texas recibirán la mayor parte de los fondos debido a su alto nivel de población indocumentada que hace uso de este tipo de atención médica.

 

Demandan a DHS por fraude a inmigrantes

Una coalición de abogados del sur de California demanda al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) al que acusándolo de complicidad por participar en el proceso migratorio fraudulento de miles de solicitudes de asilo político que terminan con la deportación de miles de personas.

Los demandantes subrayaron que miles de inmigrantes, en su mayoría de origen mexicano, son defraudados por notarios o supuestos abogados que prometen arreglarles la residencia legal a través del proceso de asilo político, cuando en realidad no caben en esa categoría.

El fraude se consuma, sostiene la coalición, cuando inmigración recibe las solicitudes y, en lugar de rechazarlas, las acepta y sigue el proceso, a sabiendas de que las personas serán deportadas al final del caso.

Los abogados Luis Carrillo, Meredith Brown, Alan Diamante, Gregory Moreno y Simón Salinas presentaron una demanda colectiva contra el DHS, en el que están encuadrados el Servicio de Inmigración y Ciudadanía y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas.

“El gobierno está violando sus propias normas”, explicó la abogada Meredith Brown, presidenta de la Barra de Abogados de Los Ángeles en la sección de inmigración. “Hay una sección muy clara que exige al gobierno de Estados Unidos rechazar las solicitudes en un período de 30 días cuando los aspirantes no cumplen los requisitos, pero no lo hacen”.

Agregó que el número es tan grande que se estima que un 40% de los casos de inmigración en la categoría de asilo político son de mexicanos u otras nacionalidades que no califican. “Estamos hablando de por lo menos unos 13 mil casos archivados en Los Ángeles de gente que posiblemente será puesta en proceso de deportación”.

Dicha compañía engañó a cerca de cinco mil personas, en su mayoría mexicanas, haciéndoles creer que les arreglaría su situación legal a través de una petición de asilo político. El caso fue puesto ante las autoridades y muchas de las víctimas fueron deportadas.

Hay decenas o cientos de compañías que se dedican a defraudar a la gente y hasta ahora no se ha hecho nada para proteger a los inmigrantes que resultan ser doblemente víctimas: de los notarios y del mismo gobierno.

Los abogados aconsejaron a los interesados que, antes de iniciar un proceso migratorio, se aseguren de que están tratando con un abogado u organización de buen nombre y no con un notario o consultante de derecho. Además, enfatizaron que los interesados deben saber que no hay ninguna amnistía de los 10 años o asilo político para los mexicanos.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos no habían contestado las llamadas al cierre de esta edición.

 

Soldados estadinenses aprehendidos por tráfico de armas

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos acusados de tráfico de armas pasaron su segunda noche en una cárcel colombiana y luego fueron entregados a oficiales estad0-unidenses, informó el Pentágono.

El contralor general de la República, Edgardo Maya, solicitó un periodo de 24 horas antes de que sean deportados, con el fin de examinar un tratado de 1974 que les otorga inmunidad diplomática.

Los dos soldados fueron arrestados por su supuesta partici-pación en una conspiración para enviar más de 40 mil municiones a los escuadrones paramilitares de extrema derecha.

Maya, en una carta dirigida al fiscal general Luis Camilo Osorio, sostuvo que el tratado de Colombia y Estados Unidos se debe revisar a la luz de la Constitución de 1991 y otras leyes. Una copia de la misiva fue obtenida por The Associated Press.

“El Ministerio Público, como representante de la sociedad y en defensa del orden jurídico, estima importante analizar la situación de cara a los tratados y la supremacía de la Constitución”, escribió Maya.

Los soldados estadounidenses pasaron la noche en un calabozo de la policía en Ibague, una ciudad en las montañas en el oeste de Colombia; por la mañana fueron sacados por una puerta trasera por las autoridades, eludiendo a los periodistas.

No se conocen los pormenores de inmediato. Un vocero de la embajada de Estados Unidos no respondió repetidas llamadas para conseguir un comentario.

El portavoz del Pentágono, Bryan Whitman, afirmó que los dos soldados fueron trasladados a la embajada estadounidense en Bogotá.

“Los dos soldados estado-unidenses están ahora bajo custodia americana y estarán en dicha embajada en Bogotá, mientras funcionarios intentan esclarecer más hechos y determinar como proceder”, dijo Whitman, quien rehusó comentar las acusaciones específicas contra los soldados detenidos.

Los dos militares, identificados por la policía colombiana como Allan Norman Tamquarcy y Jesús Hernández, fueron detenidos durante un operativo en un condominio en Carmen de Apicalá, a 80 kilómetros al suroeste de la capital, y muy cerca de la base militar de Tolemaida, donde estaban trabajando.

 

Jóvenes no se registran para la guerra

Por tercer mes consecutivo no se alcanzaron las metas de reclutamiento del Ejército y del Cuerpo de Infantes de Marina en el pasado mes abril, informaron fuentes oficiales.

Tanto el Ejército como los Infantes de Marina proporcionan la mayor parte del total de unos 150,000 efectivos voluntarios que combaten a los insurgentes en Irak y en Afganistán.

Fuentes del Pentágono indicaron que el Ejército está rezagado en aproximadamente un 10% del proyectado reclutamiento de unos 80,000 nuevos efectivos con los que esperaba contar al concluir el año fiscal 2005, el 30 de septiembre próximo.

Añadieron que se prevé que las metas de reclutamiento de la Reserva del Ejército, así como de la Guardia Nacional del Ejército tampoco podrán cumplirse en mayo.

No obstante, el coronel Joe Curtin, un portavoz del Ejército en el Pentágono, dijo que se espera recuperar terreno en los meses del verano.

El coronel David Griesmer, portavoz del Cuerpo de Infantes de Marina, indicó que en abril esa rama de las Fuerzas Armadas no logró cumplir las cifras de reclutamiento.

Añadió que en ese mes hubo 2,711 reclutas que firmaron contratos para servir un año en los Infantes de Marina.

Griesmer destacó que, pese a tener un déficit de 2 por ciento de reclutamiento, se espera que para finales del año fiscal se haya logrado el reclutamiento de 38,195 efectivos.

Un portavoz del Mando de Reclutamiento del Ejército señaló que los esfuerzos de reclutamiento se han visto frenados por la persistente insurgencia en Irak, donde en los últimos dos años han muerto casi 1,600 soldados estadounidenses y varios miles han resultado heridos, así como por un mejoramiento de las oportunidades civiles de empleo.

“Es cierto que estamos en una guerra. Es cierto que la economía está mejorando. Esto es un desafío, pero estamos buscando guerreros y no vamos a bajar el nivel de los requisitos” que se exigen para ingresar en las Fuerzas Armadas, recalcó el portavoz.

 

ADVIERTE ANNAN CONTRA TENTACIÓN NUCLEAR GLOBAL  

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, alertó sobre la escalada de tensión nuclear y el peligro que ello supone para la seguridad mundial durante la inauguración de la revisión del Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP), suscrito en 1970. Y mientras EU criticó a Corea del Norte e Irán, Annan también recordó a Washington y Moscú sus obligaciones. Los 188 países firmantes del tratado expondrán en la Asamblea General, hasta el 27 de mayo, sus puntos de vista para asegurar el cumplimiento del acuerdo que busca tanto la reducción del arsenal existente, como la prohibición de que se desarrollen nuevas armas nucleares, delimitando las reglas para el uso pacífico de esta energía.

 

INSULZA GANA LA OEA SIN LOGRAR CONSENSO

El chileno José Miguel Insulza asumió ayer sin oposición, pero sin el consenso buscado con el retiro del canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El consenso le fue negado por México, Bolivia y Perú, que a través de dos abstenciones y un voto en blanco hicieron patente un desacuerdo, al menos con los procedimientos de una elección que llegó a ser planteada como una confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. De hecho, las expresiones de homenaje a la “digna” actitud mexicana y las afirmaciones de que “no hubo vencedores ni vencidos”, no parecieron suficientes para suavizar la visible molestia de la delegación mexicana.

 

Objetor de conciencia, un latino se revela contra la guerra

El soldado neoyorquino Pablo Paredes, quien solicitó ser declarado objetor de conciencia y no zarpó el 6 de diciembre de 2004 en un buque que trasladaría 3,000 estadounidenses a la guerra en Irak se declarará no culpable de los cargos que se le imputan cuando enfrente una corte marcial la próxima semana, dijeron familiares y su abogado.

En espera de una determinación final, Paredes, de 23 años de edad, enfrentará cargos formales de ausencia sin permiso de la autoridad y ausencia por iniciativa propia, contemplados en los artículos 86 y 87 del Código Uniforme de Justicia Militar. Los cargos fueron referidos a un Consejo Especial de Guerra, que podría dictaminar sentencia de hasta un año en una cárcel militar de San Diego para el soldado de origen hispano.

Antes del juicio programado para el 11 de mayo, autoridades militares ofrecieron a Paredes un acuerdo de seis meses de prisión, a cambio de una declaración suya de culpabilidad, pero la rechazó. Ese mismo día podría ser encarcelado.

“Cuando hay un juicio no hay trato, y cuando hay trato no hay juicio”, dijo Jeremy Warren, abogado civil que defiende a Paredes. “El sabe que para ser responsable y defender a su país no tiene que ser alguien que ponga el dedo en el gatillo [de un arma]’’.

El diciembre 6 de 2004, Pablo arribó al muelle de la Estación Naval de San Diego, pero no abordó el buque Bon Homme Richard que aquel día zarpó a Irak.

En lugar de ello, anunció su oposición en general a la guerra ­y en particular a la de Irak­ además que no quiso ser parte de lo que en ese momento llamó “muerte y destrucción al transportar Marines a la guerra”.

Pablo esperaba ser arrestado, pero se sorprendió por la inacción de las autoridades navales en el muelle.

Consigo llevaba una camiseta que en el frente decía: “Packet like a cabinet member” (Empacado como un miembro del gabinete, que autorizó la invasión a Irak), y en la parte posterior: “I resign” (Renuncio). “Sal de aquí” le dijo un Oficial de Comando, y el muchacho abandonó la base, a donde retornó en diciembre 18 para ser asignado a Unidad Transitoria de Personal (TPU) de la Región Suroeste de la Marina.

Después de contactar a expertos del Proyecto de Consejería Militar de San Diego, Paredes consideró que podía acceder a la petición de objetor de conciencia de la guerra, apoyado en reglas del Departamento de Estado y Regulaciones de la Marina. El pasado 4 de enero sometió dicha petición.

Paredes enfrentará el juicio marcial el próximo 11 de mayo, el mismo día que Kevin Benderman, otro soldado opositor de la guerra, aunque en Ft. Stewart, Georgia.

“Es difícil e histórica la decisiónÉ es chévere (algo bonito)”, dijo Víctor Paredes Jr., hermano mayor de Pablo.

“Quizás, en 20 años más él podrá sentarse con sus hijos y decirles: ‘Esta fue mi decisión, así sentí que debía hacerlo, y lo hice porque me lo dictó la voz de mi conciencia”.

Pablo Paredes, objetor de conciencia.

 

Bush firma leyes que afectan a indocumentados

El presidente George W. Bush firmó el proyecto de gastos de guerra de 82,000 millones de dólares que incluye la Ley REAL ID que exige que los solicitantes de licencia de conducir demuestren que son ciudadanos o residentes legales.

Por otra parte, los grupos proinmigrantes aguardaban detalles del plan de reforma de inmigración que se anticipa sometan los senadores John McCain y Edward Kennedy, republicano de Arizona y demócrata de Massachusetts, respectivamente.

Sólo se indicó que el plan tiene cuatro componentes centrales: legalización ganada, un programa de trabajadores temporales, medidas de reunificación familiar y reforzamiento de leyes migratorias en fronteras y centros de trabajo.

La Ley REAL ID ha sido duramente criticada por grupos proinmigrantes y de derechos civiles por considerar que, en nombre del combate al terrorismo, el gobierno federal está obligando a los estados a aplicar un programa que será una pesadilla burocrática. El programa consiste en exigir hasta cuatro documentos originales para determinar si la persona que solicita por primera vez o que renueva su licencia es ciudadana o reside legalmente en este país.

“Esta es una ley claramente antiinmigrante que va a tener un impacto muy dañino en la comunidad latina y en todas las comunidades de inmigrantes”, señaló Michele Waslin, directora del centro de investigación sobre políticas de inmigración del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).

Los estados también consideran que se trata de un mandato no financiado por el gobierno federal y ya están amenazando con desobedecer la ley que debe entrar en vigor en tres años.

Los grupos dicen que la medida afectará a todos: ciudadanos y residentes legales. A los indocumentados, dicen, les supondrá seguir manejando sin licencia y sin seguro vehicular, como hasta ahora. La ley establece que sólo quienes prueben su residencia legal o su ciudadanía pueden emplear la licencia con fines federales como abordar un avión o ingresar a un tribunal.

Igualmente, la ley establece que los estados tienen la opción de conceder licencias a indocumentados, pero éstas deben tener marcas, colores o diseños especiales para alertar a las autoridades de que no pueden emplearse con fines federales.

Por ejemplo, Utah y Tennessee ya conceden certificados de manejo para los conductores indocumentados.

“Es particularmente ofensivo que estas cláusulas estén incluidas en la ley que financia nuestras tropas en Irak y las víctimas del tsunami en Asia. Hay tantos soldados latinos que luchan y que mueren en Irak y esta ley lastimará en última instancia a sus familias y comunidades en Estados Unidos”, dijo Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR).

“Estados Unidos es una nación de paradojas: somos un país de inmigrantes y, sin embargo, agredimos a los inmigrantes”, señaló Wade Henderson, presidente del Consejo de Liderazgo en Derechos Civiles, un grupo de coalición de Washington, D.C., que en marzo preparó una petición suscrita por otras 64 organizaciones miembros, en la que pedían a los legisladores que votasen en contra de la ley.

Los documentos de otros países, por ejemplo la matrícula consular mexicana, tampoco tendrán validez probatoria en el fuero federal.

Para las personas con visados temporales, la licencia de conducir será válida hasta el día de caducidad de la visa. El máximo es un año.

La medida también restringe las leyes de asilo.

Provee además 635 millones de dólares para incrementar la seguridad en la frontera, incluyendo fondos para la contratación de 500 agentes para la Patrulla Fronteriza.

 

Legisladores presentan nuevo plan migratorio

Un grupo bipartidista de legisladores presentó un esperado proyecto de reforma migratoria, que ofrece una vía para la legalización de millones de indocumentados y crea un plan de trabajadores temporales.

Los países de donde proceden los indocumentados, como México, deberán hacer su parte para controlar sus flujos migratorios, según la propuesta, y el incentivo para hacerlo, dijeron los autores, es de carácter humanitario: evitar más muertes en los intentos de cruzar la frontera, y la explotación de sus ciudadanos cuando cruzan sin papales.

Los senadores John McCain y Edward Kennedy, republicano de Arizona y demócrata de Massachusetts, respectivamente, sometieron la anticipada Ley de 2005 para un Estados Unidos Seguro y una Inmigración Ordenada.

“Esto no es una amnistía”, afirmó McCain al hacer el anuncio en rueda de prensa en el Capitolio anticipando los ataques de legisladores y grupos opuestos a la medida. Este proyecto de ley no le da un pase gratuito a nadie. Este proyecto no concede un perdón automático a nadie y no coloca a quienes han estado aquí ilegalmente al frente de la fila”, dijo el senador Kennedy.

“Pero la realidad es que se calcula que en nuestro país hay entre diez y once millones de indocumentados y es imposible identificarlos, dar con ellos y enviarlos a sus países de origen”, agregó McCain.

Ante esa realidad, dijo, se requieren soluciones prácticas y realistas y la medida propone que esos indocumentados que cumplen con determinados requisitos salgan de las sombras, paguen una multa de 2,000 dólares, obtengan un visado de seis años, aprendan inglés y civismo “y se pongan en fila para ajustar su situación migratoria”. “Como resultado de eso nuestra seguridad nacional será fortalecida”, explicó McCain.

Aparte del factor humanitario, dijo McCain, “la realidad es que nuestra frontera no es segura”. “Éste es un asunto de seguridad nacional”, añadió. Y al regularizar el flujo migratorio se libera la presión de los encargados de vigilar la frontera y pueden dedicarse de lleno a detener a narcotraficantes, maleantes y posibles terroristas sin perder esfuerzo y dinero en detener a personas que sólo vienen a trabajar.

La medida crea una visa, H-5B, que sería solicitada por los inmigrantes indocumentados que ya estén viviendo en Estados Unidos antes de la fecha de introducción de la propuesta.

Los cónyuges e hijos del solicitante también pueden solicitar la visa. El inmigrante deberá pagar una multa inicial de 1,000 dólares, someter huellas digitales y someterse a una revisión de antecedentes penales y de seguridad. También debe comprobar que ya trabajaba en este país antes de que se presentara la medida y desde esa fecha. El visado será válido por seis años y en ese lapso el inmigrante tiene permiso de trabajo y puede viajar, pero no se le permite ajustar su situación migratoria mediante otra clasificación. Al cabo de los seis años, el inmigrante puede solicitar la residencia permanente tras pagar otros 1,000 dólares. También debe cumplir otros requisitos: estar trabajando, ser admisible bajo las leyes de inmigración, demostrar que paga impuestos, pasar exámenes médicos, demostrar conocimiento básico del inglés y civismo, aprobar revisiones de antecedentes penales y de seguridad; y registrarse para el servicio militar selectivo.

Los cónyuges e hijos del inmigrante también pueden solicitar el ajuste de su situación migratoria.

Antes de que algunos sectores cuestionen el monto de la multa de 2,000 dólares, el congresista Gutiérrez respondió que es más justo pedir que un inmigrante pague esa suma para ajustar su situación migratoria y la de sus familiares, que deportarlo para que termine “pagándole a un coyote 2,000 dólares para morir en el desierto”. “Todos tuvimos que ceder para hacer de éste un proyecto de ley que todos podamos apoyar”, agregó Gutiérrez.

Otra opción

En segundo lugar, el plan crea un programa de trabajadores temporales o huéspedes que establecería un nuevo visado conocido como H-5A para trabajar en empleos de servicio que no sean ni agricultura ni de alta especialización. Para el primer año de vida del plan se proveerán 400,000 visas H-5A. La visa es de tres años al cabo de los cuales puede renovarse por otro período de tres años. Si el inmigrante está desempleado por más de 60 días consecutivos deberá retornar a su país de origen. Si se le ubica en otro empleo puede reingresar a Estados Unidos con la misma visa.

Los inmigrantes que tengan la visa H-5A son elegibles para ajustar su situación migratoria a través de su empleador o hacerlo por sí mismos si han acumulado cuatro años de trabajo en Estados Unidos.

La medida también promueve la reunificación familiar y la reducción de rezagos al no contar a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses en contra del tope de 480 mil visas anuales de reunificación familiar. Así se proveen más visas de preferencia familiar.

“Una política migratoria realista debe ser una avenida de dos vías. Bajo nuestro plan, Estados Unidos hará su parte pero esperamos que México y otras naciones hagan su parte también para reemplazar un flujo de inmigración ilegal con una inmigración regulada y legal”, dijo Kennedy.

Así, el plan requiere que los países hagan en acuerdos migratorios con Estados Unidos que ayuden a controlar el flujo de sus ciudadanos fomentando la reintegración de esos nacionales que retornan a casa. También pide que México y Estados Unidos desarrollen mecanismos de desarrollo económico en México para reducir la presión de salir de su país en búsqueda de trabajo.

 

En Washington se escuchan las protestas contra el TLCAC

Mientras el representante comercial de Estados Unidos, Robert Portman, aseguró que los vientos se están tornando a favor del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (TLCAC), los demócratas del Congreso y grupos sindicales afirmaron que lucharán hasta el final por evitar el avance del acuerdo comercial en su forma actual.

Representantes sindicales de Estados Unidos y de los cinco países centroamericanos signatarios del acuerdo y de la República Dominicana, se dieron cita en el Capitolio para manifestarse contra el TLCAC, dos días antes del encuentro del presidente George W. Bush con los seis presidentes.

Desde la mañana se inició la campaña de cabildeo contra el acuerdo, con la participación de legisladores demócratas, como la líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, de California, quien le aseguró a los sindicalistas que “estoy aquí para decirles que los demócratas no apoyarán el TLCAC en su forma actual”.

Posteriormente, los sindicalistas se congregaron frente a uno de los edificios del Congreso, el Cannon, para expresarse contra el acuerdo con el apoyo de legisladores demócratas como las congresistas de California Hilda Solís y Linda Sánchez.

“Existe mucho interés en nuestros vecindarios del condado de Los Ángeles en torno al efecto del TLCAC. Y estamos educando al público sobre los efectos que el acuerdo tendrá en nuestras comunidades. Por eso estamos aquí”, declaró Solís.

Las razones para oponerse al acuerdo, dijo la congresista, son múltiples y tienen que ver con los trabajadores centroamericanos y dominicanos y también con los estadounidenses.

Solís citó la falta de protecciones laborales adecuadas para los trabajadores de los países signatarios, muchos de los cuales son mujeres que terminan siendo explotadas en las maquiladoras.

Asimismo, agregó, el acuerdo va en contra de la organización sindical y supondrá la pérdida de trabajos en casa.

También hay preocupaciones relacionadas con la protección del medio ambiente.

Con los demócratas opuestos en bloque al TLCAC, los republicanos necesitan todos los votos para acumular los 218 requeridos para aprobar el acuerdo. Pero la oposición no es sólo demócrata sino de algunos republicanos, particularmente por las preocupaciones en torno a los efectos del acuerdo sobre la industria azucarera.

La central sindical asegura que el acuerdo no sólo supondrá la explotación de los trabajadores centroamericanos y dominicanos sino la pérdida de trabajos aquí en Estados Unidos.

 

Suprema Corte revisará caso de reclutadores

La Suprema Corte indicó que estudiará si las universidades pueden prohibir la entrada de reclutadores militares a sus instalaciones sin temor a perder financiamiento federal.

Los jueces analizarán un fallo de un tribunal de menor instancia a favor de 25 facultades de derecho, que restringieron el acceso de los reclutadores en protesta por la política del Pentágono de excluir del servicio militar a las personas que se declaren homosexuales.

Ese fallo, emitido por el Tercer Tribunal de Apelaciones del Circuito con sede en Filadelfia, invalidó una ley federal de 1994 que requería que las facultades de derecho permitieran la entrada sin restricciones a los militares, o de lo contrario perderían el financiamiento que les daba el gobierno. El tribunal de apelaciones falló que la ley infringía los derechos de las facultades a la libre expresión.

La Suprema Corte analizará el caso durante su próximo período de sesiones, que comienza en octubre.

La ley, conocida como la Enmienda Solomon, ha sido muy polémica para las facultades de derecho que tienen políticas para evitar la discriminación, las cuales han prohibido que cualquier reclutador, sea del gobierno o privado, entre a las instalaciones universitarias si la organización basa injustamente sus contrataciones en la raza, el género o la orientación sexual de un solicitante.