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  • Edición impresa de Mayo 5, 2009.

De costa a costa, los indocumentados estrujados por medidas antiinmigrantes

Ante la ausencia de guías claras desde Washington, los estados siguen adoptando sus propias medidas contra la inmigración ilegal: Maryland ya no otorgará licencias de conducir a los indocumentados y, en California, una propuesta busca crear un sistema de castas para los niños nacidos en ese estado.

A espera de nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los gobiernos estatales despliegan sus propias estrategias para responder a la presencia de indocumentados.

La legislatura estatal de Maryland aprobó el pasado 13 de abril, casi a medianoche y en medio de una tormenta política, una ley que prohíbe las licencias de conducir para los inmigrantes clandestinos.

Esa ley abrió otro frente en la lucha campal contra los indocumentados. Los grupos de corte progresista argumentan que conceder licencias de conducir a los indocumentados aumentaría la seguridad pública, porque es preferible saber quiénes circulan en las carreteras del país. Los conservadores replican que no se puede premiar a quienes ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y, peor aún, criminales y posibles terroristas podrían usar documentos falsos, como hacen los indocumentados, para obtener esas licencias.

Mario Quiroz, de Casa de Maryland, cree que medidas como la de Maryland tendrán un grave impacto en la seguridad pública porque, por necesidad, “la gente va a seguir manejando, aun sin licencia”.

Y no es secreto que, por temor al arresto, los inmigrantes que manejan sin licencia huyen de la escena de un accidente, dificultando la labor de la policía.

En California, grupos antiinmigrantes buscan estrechar el cerco a los indocumentados, resucitando una medida similar a la “Proposición 187” de 1994, declarada anticonstitucional en los tribunales. En esta ocasión, la iniciativa propone crear dos tipos de certificados de nacimiento: uno que identifique a los niños nacidos de inmigrantes indocumentados, y otro para el resto de los californianos.

Para obtener el acta de nacimiento, los padres tendrán que demostrar su estatus migratorio. Quienes no puedan hacerlo, pagarían 75 dólares adicionales y se someterían a un fichaje de sus datos personales y laborales. Toda esa información iría a parar al DHS. Por si no fuera suficiente, la medida niega a esos mismos niños los servicios de salud financiados con fondos públicos.

Los partidarios de esta medida orwelliana argumentan que hay que atajar la inmigración ilegal y el ingreso de mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan aquí.

Aunque los promotores de la medida no lo admitan, la iniciativa crea, para efectos prácticos, un sistema de castas que permite un trato distinto para los niños que tuvieron la “mala suerte” de nacer de madres indocumentadas.

Los ejemplos de Maryland y California dan fe de la urgencia de reformar el maltrecho sistema migratorio del país.

 


 

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