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  • Edición impresa de Mayo 7, 2013

México del Norte • El regreso de un deportado

Estos días Chicago vive una curiosa historia: el regreso a la ciudad de un ex inmigrante sin papeles. De joven Carlos Martín Jiménez Macías, de origen potosino, trabajó como jardinero y en una fábrica, pero regresa a la ciudad investido con un cargo importante.

“Chicago me marcó”, dice Jiménez, quien sabe de primera mano cómo viven y qué necesitan los mexicanos en el exterior.

Si fuera un mexicano cualquiera, el regreso de Jiménez no tendría importancia, excepto que hay una interesante mención de su caso por parte de Adrián Trejo García en su columna “La divisa del poder” del periódico El Financiero, que dice que el caso parece “cómo de película de esas lacrimógenas”: “Jiménez Macías regresa a la ciudad en la que, durante su juventud, trabajó como inmigrante ilegal hasta que fue deportado; pero regresa nada menos que como cónsul general”.

Efectivamente, Carlos Jiménez Macías fue ratificado por el Senado mexicano para ejercer como cónsul general en Chicago, después de haber sido senador y diputado (dos veces), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Jiménez tiene un plan simple: tramitar más recursos para la sede consular porque, ante la posible aprobación de la reforma migratoria, no quiere que por falta de un documento mexicano sus paisanos tengan problemas para regularizar su estatus en Estados Unidos: “Voy a iniciar trámites para más presupuesto, de lo contrario, será muy difícil que demos la atención que la gente requiere. Tengo que hacerles ver a las autoridades la importancia de esto. Voy a dar una gran pelea para que en México se entienda”, dijo.

Interesante el tema, porque otras dos cosas podrían obligar a la emisión de muchos más documentos de los que Jiménez se imagina. Por un lado, el proyecto de ley migratoria del Senado dice que, como parte del proceso, los deportados sin justificación que tengan parientes ciudadanos estadounidenses van a poder regresar a Estados Unidos y solicitar su permiso temporal de diez años.

Es decir, todos aquellos atrapados en el programa terrorista de Barack Obama de deportar a los “criminales extranjeros”, que en realidad no son criminales, podrían volver. Se trata sobre todo de personas sin antecedentes penales (ni aquí ni en otro país, dice la propuesta), que fueron deportadas solamente para aumentar los números de “efectividad” de la migra.

La otra razón es una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia, que autoriza también el regreso de algunos que sí tienen antecedentes penales, pero no demasiado graves.

Es el caso de Adrián Moncrieffe, inmigrante jamaiquino arrestado en Georgia en 2007, deportado por declararse culpable de traer tres cigarros de mariguana –“con intento de distribuirlos”, decía la fiscalía–. Al respecto la juez Sotomayor determinó que “eso no puede calificarse de tráfico de drogas”. En casos similares, la nueva decisión autoriza el regreso de Moncrieffe (y de todos los que estén en su situación), para pelear su caso.

De hecho, los detalles de la decisión abren la puerta para calificar como “menores” crímenes que algunos estados consideran “mayores”. En Illinois, por ejemplo, manejar borracho con licencia de manejo es delito “menor”, pero manejar borracho sin licencia es delito “mayor”.

En fin, bienvenido, cónsul Jiménez, y bienvenidos de vuelta todos los deportados por “error” y por delitos “menores”.

 


 

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