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  • Edición impresa de Mayo 21, 2013

Reforma migratoria: campo minado

WASHINGTON, D.C.  -  El proyecto bipartidista de reforma migratoria S744 pasó la primera prueba de fuego al iniciarse el debate de enmiendas en el panel judicial del Senado esquivando los primeros intentos republicanos por aniquilar el corazón del plan.

Al reanudarse el debate, el Grupo de los Ocho continuará su carrera de obstáculos neutralizando enmiendas venenosas que buscan entorpecer el delicado acuerdo bipartidista que produjo el proyecto.

Hasta ahora en el G8, dos republicanos que integran el comité judicial, Jeff Flake de Arizona y Lindsey Graham de Carolina del Sur, respectivamente, han mostrado un frente unido con sus colegas demócratas del G8 que también integran el panel, Chuck Schumer y Dick Durbin, en los esfuerzos por neutralizar las enmiendas que pretenden minar la vía a la ciudadanía y matar la reforma. Pero lo que se avecina pondrá a prueba la cohesión del Grupo y su capacidad de mantener la integridad del proyecto y sus pilares centrales.

En 2007 no se había manifestado tan claramente el papel de la inmigración en decidir elecciones presidenciales, pero los comicios generales de 2012 marcaron el antes y el después de cómo la inmigración define la percepción que los votantes latinos tengan de los candidatos e influye en su decisión de por quién votar.

La marea política cambió y lo hizo a favor de la reforma y en consecuencia, el propio Partido Republicano y las figuras que entienden la necesidad del voto latino para la viabilidad nacional de su colectividad son las que han presionado para buscar una solución migratoria que además de atender una crisis de política pública, ayude a la crisis política republicana y su incapacidad de ganar elecciones generales.

Por ejemplo, John McCain, senador republicano de Arizona, integrante del G8, y ex aspirante presidencial republicano que en 2008 rechazó, su propio pasado prorreforma para tratar de granjearse a la derecha opuesta a esa reforma.

Otra diferencia con respecto a 2007 es que la oposición conservadora a la reforma ha ido cediendo. Por ejemplo, la American Conservative Union, la más antigua coalición de organizaciones conservadoras, emitió una carta afirmando que “los conservadores están listos para apoyar la reforma migratoria siempre y cuando sea procrecimiento económico, fortalezca las familias, promueva la asimilación y evite otra ola de inmigración ilegal”.

Y la semana pasada, cuando la conservadora Fundación Heritage, presidida por el ex senador antirreforma migratoria, Jim DeMint, presentó su desacreditado estudio sobre los costos de la reforma, los grupos proinmigrantes no tuvieron que hacer gran esfuerzo en responder al reporte porque fueron los propios conservadores quienes lo echaron por tierra. 

Las secuelas del reporte de Heritage son aún más reveladoras, dado que reportó que el coautor del proyecto, Jason Richwine, había escrito una tesis doctoral en 2009 en la Universidad de Harvard en la que concluyó que “nadie sabe si alguna vez los hispanos alcanzarán el coeficiente intelectual de los anglosajones”. Poco después de esta revelación, Richwine renunció a su cargo.

A pesar de los hechos, no es posible determinar el resultado final de un debate sólo por lo ocurrido en el primer día, pero en el Comité Judicial se perciben aires de cambio a favor de la reforma, aunque el proceso legislativo que queda por delante sea un campo minado.

 


 

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