Ahogados, congelados o por insolación: Mexicanos mueren por llegar a los E.U.

Por Glenn Holland

Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada 45 horas muere un indocumentado en la frontera de México con los Estado Unidos. Durante los últimos seis años casi 1.900 mexicanos han fallecido en busca del sueño americano.

Muchos inmigrantes ilegales se ven forzados a cruzar la frontera en los lugares menos patrullados por el Servicio de Inmigración, que son los más peligrosos de la línea de 3 200 kilómetros. Escogen rutas que pasan por altas montañas con temperaturas congelantes durante la noche o por el desierto con temperaturas que exceden los 50 grados centígrados en el día. Otros se atreven a poner a prueba las corrientes mortales del Río Grande. Varios fracasan.

En días pasados murieron 18 inmigrantes adentro del contenedor de un camión de remolque en Victoria, Texas, por insolación. Varios más todavía se encuentran en estado crítico en hospitales cercanos. Tres de los 10 mexicanos que murieron eran de Juventino Rosas, Guanajuato. En febrero reporté sobre las condiciones de muchas familias habitantes de este pueblo. Por cierto, fueron condiciones desesperantes las que llevaron a estos tres hombres a arriesgar su vida para cruzar la frontera. Lo siguiente es parte de dicho reporte.

Amadeo Hernández Barajas vino de Juventino Rosas, Guanajuato, al Distrito Federal para recibir indemnizaciones de la Secretaria de La Reforma Agraria, dinero que se les debía a él y 120 familias más del mismo municipio desde hace tres años.

Hace más de 20 años, se estableció una hacienda de calabazas en San José de las Pilas, municipio cercano a Juventino Rosas. Mientras más crecía la hacienda, más propiedades ocupaba, incluso llegó a ocupar 542 hectáreas de tierra que legalmente pertenecían a las familias del municipio de Juventino. Cuando ellos llegaron al gobierno municipal con sus títulos de propiedad para reclamar sus tierras, era demasiado tarde porque la gran influencia económica de la hacienda en la región era tal que el gobierno no quiso responder a las demandas de las familias.

Después de varios años, la hacienda quebró y se mudó. Sus trabajadores simplemente se quedaron en las propiedades con sus familias y empezaron a sembrar sus propios cultivos para mantenerse. Cuando Amadeo y las demás familias ganaron una disputa sobre las tierras, nadie, inclusive el gobierno local, podía remover a los ex trabajadores.

Para ese entonces algunos dueños legales habían muerto y sus herederos seguían la lucha. La situación dejó de ser un asunto legal y se convirtió en un pleito entre campesinos. Las familias de Juventino intentaron quitar a la fuerza a los ex trabajadores. Al principio solo hubo algunos heridos, luego sangre; pero seguían los conflictos hasta que hubo varios muertos.

Por la gravedad del conflicto, intervino la policía estatal de Guanajuato y, hace tres años, el gobierno federal. La Secretaría de la Reforma Agraria reconoció a los dueños legales y para aplacar la situación les ofreció indemnizaciones. Pero hasta hoy el gobierno no ha pagado con el pretexto de que no hay fondos en su presupuesto. Después de tantos sucesos nada ha cambiado y sigue corriendo el reloj.

La falta de dinero y decisión por parte del gobierno es sólo una parte del problema. Sin tierras, las familias de Juventino tienen que trabajar como jornaleros, ganando muy poco mientras buscan algún otro trabajo con amigos o conocidos. No pueden avanzar, pues apenas pueden proveer alimento a sus familias. Por esa razón, millones de mexicanos, la mayoría de partes rurales como los de Juventino Rosas y San José de las Pilas, inmigran a los Estados Unidos.

El gobierno ofrece programas de desarrollo con la intención de ayudar, pero son etiquetados, según Amadeo: “para pedir un préstamo de la Secretaría de Agricultura estatal, se pide un proyecto elaborado”. Entonces deben pagar un ingeniero que haga una investigación de las tierras y elaborar un proyecto detallado. “Te cobran dos o tres mil pesos, y ¿quién los tiene? Para los que quieren iniciar (los jornaleros) no hay beneficio”, dijo derrotado.

Si no hay acceso a programas de desarrollo, mucho menos habrá subsidios e infraestructura. Cuando llegan sequías o heladas, el gobierno federal tarda hasta dos años en entregar apoyos a los pequeños agricultores, si es que se entregan. En Juventino, uno de cada cuatro pozos de riego está perforado, según Amadeo. Nadie tiene los recursos para arreglarlos y cuando acuden al gobierno sólo reciben cuentas de luz. “Aún cuando no usamos los pozos, Luz y Fuerza nos manda cuentas de hasta 14 000 pesos ($1 400 dólares) al mes. Fíjate”.

Cuando los campesinos se dan cuenta que pueden ganar de 700 a mil pesos por un solo día de trabajo en los Estados Unidos, se van a sabiendas que el cruce será peligroso. Si el gobierno mexicano no actúa para ayudar a una de las regiones más pobres de Latinoamérica, estas condiciones seguirán haciendo que los campesinos se vayan.

“Lo que necesitamos es que el gobierno crea en el campo y que invierta en él”, dijo Amadeo. Mientras eso no ocurra, estará muriendo un ser humano cada 45 horas al tratar de cruzar la frontera.