Tratado perjudica trabajo

Adital

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hizo público el informe de una misión de encuesta internacional sobre las repercusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) en los derechos humanos. La conclusión es que el TLCAN ha causado un negativo impacto en las condiciones laborales y en la industria nacional de México. “La capacidad de producción de manufactura nacional se ha desmantelado y la industria agrícola se ha destruido”, afirma el documento, que puede verse en la dirección http://www.fidh.org/IMG/pdf/Mx448e.pdf FIDH. 

Según la agencia Servindi la misión de encuesta realizada en México entre el 22 y el 31 de agosto del 2005 fijó una atención particular a los efectos del TLCAN sobre el empleo y las condiciones de trabajo en el norte del país, en particular en las maquilas y en la economía informal, después de una década de entrada en vigor. Presentado como el impulsor del crecimiento económico y del desarrollo el TLCAN ha causado un considerable impacto en los niveles económicos de integración de México en América del Norte, haciendo posible que el país se convierta en el segundo socio comercial de Estados Unidos.

Sin embargo, a consecuencia de la aperturta de las fronteras la capacidad de producción de manufactura nacional se ha desmantelado y la industria agrícola se ha destruido. Por estos cambios estructurales la economía nacional se está transformando en una economía de consumo.

Los principales beneficiarios del Tratado son las grandes empresas transnacionales mientras que los efectos sobre el empleo y los salarios fueron muy desfavorables a los trabajadores mexicanos. La principal ventaja competitiva de México en el marco del TLCAN está en el mantenimiento de salarios bajos y las condiciones precarias de trabajo, así como en el control de los sindicatos.

El informe evidencia que la destrucción de la actividad agrícola alentó las familias a instalarse en las zonas urbanas, en condiciones de pobreza extrema.

La FIDH recomienda a las autoridades mexicanas que reformen el derecho laboral pero con el fin de asegurar la protección de los trabajadores y, sobre todo, aumentar el monto de los sueldos hasta un nivel que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades, promover un mecanismo eficaz e independiente para la protección y la aplicación del derecho laboral, y asegurar la independencia, la representatividad y la transparencia de los sindicatos.