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  • Edición impresa de Junio 7, 2011

Demanda contra ley de inmigración de Indiana

Dos grupos pro derechos humanos interpusieron una demanda contra una nueva ley de inmigración en Indiana, que autoriza arrestos policiales sin órdenes de aprehensión de extranjeros sospechosos de violar normas migratorias. La ley de Indiana también estipula que el uso de matrículas consulares emitidas por gobiernos extranjeros constituye un delito.

La demanda fue interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) y el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC) en una Corte Federal de Indianápolis en representación de dos ciudadanas mexicanas y una nigeriana. Las tres mujeres podrían sufrir la violación de sus derechos por la aplicación de la ley, por lo que piden se anule o suspenda.

Conocida como SB 590, la ley de inmigración impugnada fue promulgada por el gobernador de Indiana, Mitch Daniels. Los demandantes sostienen que la ley otorga a los agentes de policía un poder sin precedentes para aplicar leyes federales de inmigración al autorizar arrestos si determinan que una persona tiene una orden de deportación o se ha solicitado su retención por temas migratorios.

De igual forma, la ley autoriza a los policías el arresto de cualquier extranjero si creen que ha sido acusado de un delito. Pero la demanda sostiene que el nuevo estatuto es anticonstitucional. Esto porque interfiere “ilegalmente con el poder federal y la autoridad sobre asuntos de inmigración”.

La SB 590 también elimina la validez ante las agencias estatales y otros organismos de Indiana, de las tarjetas de identificación emitidas por un gobierno extranjero a sus connacionales y tipifica incluso como delito el hacer uso de las mismas. La entrada en vigor del estatuto eliminará como identificación válida ante el estado la Matrícula Consular que México y otros gobiernos extranjeros emiten a sus nacionales en Estados Unidos para ser usadas como formas de identificación.

El consulado de México en Indianápolis advirtió en un reciente comunicado que la aplicación de la SB 590 podría afectar los derechos civiles de los mexicanos que residen en Indiana, “ya que penaliza la migración y abre espacios para la aplicación selectiva de la ley”.

La ley convierte a Indiana en la segunda entidad que decreta la invalidez de la Matrícula Consular, luego de que Georgia hiciera lo mismo al incorporar esta medida en su también nueva ley de inmigración HB 87. México argumenta que “la Matrícula Consular de Alta Seguridad no tiene ninguna relación con la situación migratoria de las personas que la portan” al sostener que el documento es expedido “bajo un proceso riguroso y en apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”.

La demanda interpuesta a nombre de las mexicanas Ingrid Buquer y Berlín Urtiz además de la nigeriana Louisa Adair, establece que aun cuando estas extranjeras tienen derecho legal para trabajar y vivir en Estados Unidos, la nueva ley las expone a un arresto. “Indiana ha elegido imprudentemente el seguir el camino de inconstitucionalidad de Arizona”, dijo Andre Segura, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. Añadió que la ley también “socava nuestras garantías constitucionales más preciados por los residentes de Indiana poniendo en riesgo de ilegales las detenciones sin orden judicial y sin ningún tipo de sospecha de irregularidades, mucho menos de actividad criminal”.

 


 

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