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  • Edición impresa de Junio 7, 2011

El gobierno publicó las regulaciones finales que requieren que los programas de las escuelas de oficio preparen mejor a los estudiantes para el “trabajo remunerado”, de lo contrario quedarán en riesgo de perder acceso a la ayuda federal. Aunque muchas escuelas de oficio ayudan a preparar la fuerza laboral de Estados Unidos en los empleos del futuro, demasiados estudiantes en estas escuelas están asumiendo una deuda insostenible a cambio de títulos y certificados que no los ayudarán a conseguir los empleos que necesitan o que se les prometió.

Como requisito de participación en los programas de ayuda federal, la ley exige que la mayoría de los programas con fines de lucro y programas de certificación en las instituciones sin fines de lucro y públicas preparen a los estudiantes para el empleo remunerado en una ocupación reconocida. Con las regulaciones presentadas, un programa se considera conducente a un empleo remunerado si reúne al menos uno de los siguientes tres requisitos: al menos el 35% de los antiguos alumnos están pagando sus préstamos; el pago anual estimado del préstamo de un graduado típico no excede el 30% de sus ingresos discrecionales, o el pago anual estimado del préstamo de un graduado típico no excede del 12% de sus ingresos totales.

Los estudiantes de las instituciones con fines de lucro representan el 12% de todos los estudiantes de educación superior, el 26% de todos los préstamos estudiantiles y el 46% de todos los dólares de préstamos estudiantiles en incumplimiento. La deuda promedio en préstamos federales de los estudiantes que obtienen título de asociado (dos años de estudio) en las instituciones con fines de lucro (comerciales) fue de 14,000 dólares, mientras que la mayoría de los estudiantes en las universidades comunitarias (instituciones públicas de dos años de estudio) no piden préstamos. Más de una cuarta parte de las instituciones con fines de lucro recibe el 80% de sus ingresos de la ayuda estudiantil federal financiada por los contribuyentes.

Los esfuerzos por regular el abuso por parte de las instituciones con fines de lucro se remontan a la administración Reagan, con el liderazgo del entonces secretario de Educación William Bennett. Sin embargo, las regulaciones se debilitaron durante la administración anterior, lo que condujo en los últimos años a un rápido crecimiento en las matrículas y las tasas de incumplimiento en las instituciones con fines de lucro.

Las nuevas normas han tomado en consideración las observaciones e inquietudes del público. Las normas publicadas proporcionan a los estudiantes y a los consumidores la información que necesitan para tomar buenas decisiones educativas y dar a los programas fallidos amplia oportunidad para que hagan las reformas necesarias. Desde ahora, las instituciones estarán obligadas a revelar el costo  total de sus programas, el índice de reembolso de los préstamos, el índice deuda-ingresos de los graduados y otra información crítica al consumidor para ayudar a los estudiantes a elegir el programa de empleo remunerado más adecuado.

Se anticipa que con el reglamento final la tasa de fracaso en los programas con fines de lucro será un poco más alta que en  otras instituciones. El Departamento estima que el 18% de los programas con fines de lucro fallarán en algún momento, que un 5% no mejorará y que al final perderán el derecho a participar.

 


 

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