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  • Edición impresa de Junio 7, 2011

Arizona: la Corte falló a favor de ley que castiga contratación de inmigrantes ilegales

El máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos falló -por cinco votos a favor y tres en contra- a favor de una ley promulgada en 2008 que faculta al estado de Arizona sancionar a empresas que, a sabiendas, contraten a inmigrantes indocumentados. La decisión judicial reavivó el debate migratorio y podría promover que otros estados o ciudades adopten sus propias medidas migratorias, entre ellos el propio Arizona con la promulgación de la polémica SB 1070, y recientes medidas similares adoptadas en Georgia, Indiana y Texas.

La Corte rechazó el argumento de que los estados no pueden interferir en asuntos de inmigración. Y decidió que la ley federal de inmigración permite a los estados sancionar a patrones que contraten a indocumentados.

En junio del año pasado la Corte Suprema había anunciado que revisaría el caso “Cámara de Comercio versus Criss Candelaria” para examinar la ley de trabajadores de Arizona denominada Legal Arizona Workers Act (LAWA), promulgada en 2008. La legislación castiga a los negocios que contraten a sabiendas inmigrantes sin papeles y les exige a las empresas verificar la situación de empleo de sus trabajadores. En septiembre de 2008 la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo respaldando la legislación.

La opinión de la mayoría del máximo tribunal de justicia de Estados Unidos fue escrita por el presidente de la Corte, el juez John Roberts. En ella se lee que los magistrados rechazaron los argumentos presentados por grupos empresariales, defensores de los derechos de los inmigrantes y el gobierno federal, quienes sostenían que la entrada en vigor de la ley entraba en conflicto con la ley federal de inmigración. Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, todos ellos nombrados bajo administraciones demócratas, no estuvieron de acuerdo con la decisión del máximo tribunal. Los cinco jueces nombrados bajo administraciones republicanas votaron a favor de la ley. La jueza Elena Kagan no participó en la votación porque durante la revisión se desempeñaba como procuradora general bajo la administración del Presidente Barack Obama,

En el documento presentado a la Corte Suprema por los demandantes de la Ley Lawa el año pasado, entre los que figuraba la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la ACLU, MALDEF y el Centro Legal de Inmigración Nacional, entre otros, se cuestionaba la ley y las sanciones a empleadores entre las que figura la suspensión o revocación de sus licencias comerciales. La oficina de la Procuraduría General presentó documentos en apoyo a la demanda, luego que la Corte Suprema enviara una carta en 2009 en que se le pidió a esta oficina que delineara las perspectivas de la Administración en relación a las leyes de inmigración creadas por los estados. La revisión de la ley generó expectativas en las organizaciones involucradas en la demanda. ACLU ha sostenido que la Ley Lawa “aplica sanciones generales, lo que significa que todos los empleadores públicos y privados deben usar E-Verify”.

Pero el fallo de la Corte Suprema desestimó esos argumentos. Bajo la legislación de Arizona, los empleadores deben comprobar la elegibilidad laboral de los solicitantes de empleos a través del programa federal “E-Verify”, a pesar de que expertos sostienen que contiene cientos de miles de errores en sus bancos de datos.

 


 

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