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  • Edición impresa de Junio 21, 2011

México encabeza un grupo de países que objeta ley antiinmigrante de Georgia

México y otros 10 países se sumaron a la batalla legal contra la nueva ley de inmigración de Georgia, advirtiendo que la medida podría poner en peligro los lazos entre Estados Unidos y sus vecinos latinoamericanos. El grupo de países, integrado además por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, presentó su respaldo a grupos por las libertades civiles que pidieron a un juez federal que declare inconstitucional la nueva ley de Georgia e impida su entrada en vigor. Los grupos activistas piden al juez federal Thomas Thrash que impida la entrada en vigencia de la nueva ley hasta que haya sido resuelta la demanda.

La decisión de México repite además la estrategia legal empleada por el país cuando desafió en las cortes nuevas leyes de inmigración implementadas por otros estados norteamericanos. Abogados en representación de México presentaron opiniones similares en Arizona y Utah.

La ley, conocida como HB 87, autorizaría a los organismos policiales a verificar el estatus de inmigración de todo sospechoso que no pueda mostrar medios aceptables de identificación, a detenerlos y entregar a las autoridades federales a todo aquel que resida ilegalmente en el país. Además, añade nuevas penalizaciones para aquellos que sean declarados culpables de albergar a inmigrantes ilegales o de presentar documentos falsos cuando solicitan empleo.

La oficina del gobernador Nathan Deal no hizo comentarios al respecto, pero Dewal ha elogiado la ley, diciendo que es “un responsable paso adelante” en ausencia de una reforma federal de inmigración. Previamente, Deal había exhortado a los granjeros, que decían que la nueva medida migratoria ha ahuyentado a los trabajadores, a que en lugar de ellos contraten a personas en libertad condicional.

México dijo que la ley creará tensiones en los vínculos entre Estados Unidos y México, “interfiriendo con los intereses diplomáticos de los dos países y alentando una inminente amenaza de discriminación aprobada por el estado”.

La Liga Anti Difamación presentó una opinión interesada en la que advirtió que la ley podría impedir que los hispanos reportasen delitos y crearía una subclase vulnerable a la creciente violencia y crimen. Y la Asociación de Abogados de Inmigración dice que la ley obliga a la policía “a hacer juicios personales muy discrecionales” acerca de a quién deben detener por violaciones de inmigración.

 

 


 

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